Febrero 18 , 2010
Dos años después de que Cuba firmara unos importantes tratados sobre derechos humanos, 26 escritores siguen encarcelados, 22 de ellos desde marzo 2003. Los que están en libertad, siguen teniendo que soportar el acoso
Su excelentísima doña María Esther Reus González
Ministra de Justicia
Ministerio de Justicia
Calle O No. 216, 8vo piso e/23 y Humboldt, Vedado, La Habana 4, Cuba
Fax: +44 207 836 2602 (vía la Embajada de Cuba en Londres, Reino Unido)
Su excelentísimo don Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla
Ministro de Asuntos Exteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores, Calzada No. 360, Vedado, La Habana, Cuba
Fax: +53 7 833 3085
Correo electrónico: cubaminrex@minrex.gov.cu
18 de febrero de 2010
Estimados señores ministros:
Me permito ponerme en contacto con ustedes en calidad de Presidenta del Comité de Escritores en Prisión de PEN Internacional, la asociación internacional de escritores, con 145 centros en 104 países, para expresar la profunda preocupación de PEN sobre los retos actuales para la libertad de expresión en Cuba, a pesar de los importantes compromisos sobre los derechos humanos que ha contraído este país en los últimos años.
En febrero de 2008, Felipe Pérez Roque, el entonces ministro cubano de Asuntos Exteriores firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). La aceptación por parte de Cuba de estos tratados que juntos cubren un amplio espectro de derechos, entre los que se incluye el derecho a la libertad de expresión y asociación, el derecho a ganarse la vida con la profesión que elija cada uno, el derecho a la salud y a no ser sometidos a la tortura y a un trato o castigo cruel, inhumano y degradante tuvo una excelente acogida por parte de PEN y la comunidad internacional. Un año después, en febrero de 2009, Cuba colaboró plenamente en la primera revisión del historial de derechos humanos del país, realizada por la ONU en el marco de su Examen Periódica Universal (EPU) en Ginebra.
PEN aplaude este compromiso con el cumplimiento de los derechos humanos internacionales y reconoce los grandes avances que ha realizado el estado cubano para garantizar los derechos de sus ciudadanos, particularmente en las áreas de educación y salud, ante los considerables retos que plantean las dificultades financieras, los desastres naturales y el embargo económico permanente de los Estados Unidos, que PEN condena, al igual que la ONU y otras organizaciones internacionales. PEN suma su voz a la de numerosos estados miembros y organizaciones no gubernamentales que, dentro del proceso de la EPU han solicitado al estado cubano que ratifique e implemente el PIDCP y el PIDESC lo antes posible y que haga extensiva su invitación a todos los relatores especiales de la ONU que deseen visitar la isla, como hiciera en 2009 con el relator especial sobre torturas.
Sin embargo, PEN desea manifestar su preocupación por las aparentes contradicciones en la posición de Cuba ante la libertad de expresión y el trato que se profesa a ciertos escritores que han optado por ejercer ese derecho. Durante la sesión del EPU de febrero de 2009, la ministra de Justicia María Esther Reus González afirmó que la libertad de opinión, expresión, información y prensa son derechos reconocidos para todos los ciudadanos cubanos. También afirmó que en Cuba no hay presos de conciencia, que no se atemoriza, detiene ni castiga a nadie por ejercer, disfrutar o defender los derechos humanos.
Sin embargo, según se desprende de los informes de PEN, hay al menos 26 escritores y periodistas y bibliotecarios independientes que permanecen encarcelados en la isla, en aparente violación de su derecho a la libertad de expresión y asociación y su derecho a ejercer la profesión que elijan, todos ellos garantizados en virtud del PIDCP y del PIDESC. De estos escritores, 22 llevan casi siete años en la cárcel, desde que las autoridades decidieran aplicar unas fuertes medidas represivas sobre los presuntos disidentes en marzo de 2003. Los 26 están cumpliendo largas penas de cárcel (hasta 27 años en algunos casos) o cargos por prácticas antiestatales y «peligrosidad social». Uno de ellos está encarcelado desde las declaraciones del ministro, en abril de 2009. PEN también recibe frecuentemente informes sobre escritores y periodistas independientes en libertad, que son detenidos, amenazados e incluso asaltados por agentes gubernamentales por cuestiones relacionadas con su trabajo. Por ejemplo, el 6 de noviembre de 2009, tres blogueros fueron supuestamente secuestrados y asaltados cuando se dirigían a una manifestación pacífica en La Habana, un incidente sobre el que, según tenemos entendido, el gobierno cubano ha rechazado hacer declaraciones.
El Ministro Reus también afirmó durante la sesión de la EPU que el sistema de prisiones cubano cumple con las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de la ONU y que todos los internos de las cárceles tienen asegurado su tratamiento médico. Sin embargo, creemos que la mayoría de los 26 escritores citados padece algún tipo de problema de salud, ocasionado o exacerbado por las duras condiciones y el tratamiento al que se ven expuestos en la cárcel. A pesar de que su estado de salud no deja de empeorar, cuentan con un acceso limitado a los tratamientos médicos, según la información que ha recibido PEN. Además, PEN recibe frecuentemente informes sobre la violación de otras reglas mínimas en relación con los 26 autores encarcelados, como que viven en condiciones de sobre ocupación, están alojados con prisioneros peligrosos, sus condiciones en la cárcel son insalubres, la comida es inadecuada y tienen un acceso restringido al material de lectura y a las formas de práctica religiosa.
PEN solicita a las autoridades cubanas que cumplan los compromisos que han adquirido con la firma del PIDCP y del PIDESC, liberando de forma inmediata e incondicional a los 26 escritores, periodistas y bibliotecarios encarcelados en una clara violación de sus derechos, y poniendo fin al acoso de los que aún siguen en libertad. PEN desearía obtener algún tipo de garantía de que los escritores encarcelados recibirán un trato humano mientras permanecen detenidos, y de que recibirán atenciones médicas adecuadas con rapidez. También pide al gobierno cubano que ratifique el PIDCP y el PIDESC sin reservas y que introduzca todas las reformas judiciales y legislativas necesarias para su implementación, con carácter urgente.
Agradeciéndoles de antemano su atención y su ayuda en estas cuestiones, les envío un cordial saludo.
Atentamente,
Marian Botsford Fraser
Presidenta del Comité de Escritores en Prisión, PEN Internacional
Cc:
* Raúl Castro Ruz, Presidente, La Habana, Cuba (Fax: +53 7 8333085, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores; +1 2127791697, a través de la Misión de Cuba en la ONU, correo electrónico: cuba@un.int (c/o Misión permanente de Cuba en la ONU)
* Don Frank La Rue, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Naciones Unidas (Fax: +41 22 917 9006; correo electrónico: freedex@ohchr.org)
* Doña Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión, Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos (Fax: + 1 202 458 6215; correo electrónico: cidh-expresion@oas.org)
* Don Felipe González, relator especial para Cuba, Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos (Fax: + 1 202 458 992)
