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Cuba: Informe anual sobre las violaciones de los derechos sindicales (2004) CIOSL. Junio 2004. Población: 11.300.000 / Capital: La Habana / Convenios Ratificados: 29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 Siete dirigentes sindicales fueron condenados a durísimas penas de prisión en la peor ola represiva del gobierno contra los disidentes. Durante los juicios, el gobierno admitió que agentes de seguridad del Estado se habían infiltrado en los sindicatos independientes. DERECHOS SINDICALES SEGÚN LA LEY Un sindicato único Las autoridades cubanas sólo reconocen una única central sindical, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) fuertemente controlada por el Estado y el Partido Comunista, que designa sus líderes. El gobierno prohíbe explícitamente los sindicatos independientes. Negociación colectiva El Código de Trabajo impone que para su validez y eficacia jurídica los convenios colectivos tienen que ser discutidos y aprobados en asamblea de los trabajadores, formalizados por escrito y suscritos por las partes. Sus modificaciones o adiciones tienen que ser aprobadas en asambleas de trabajadores y suscritas por las partes, es decir, por la entidad laboral empleadora y por la organización sindical. El Estado controla el mercado del empleo y decide salarios y condiciones de trabajo en el sector estatal. En el sector privado, la ley de inversión extranjera de 1995 estipula que los inversores extranjeros deben contratar a los trabajadores/as a través de agencias estatales de colocación. Los inversores pagan a las agencias en dólares, pero las agencias les pagan a los trabajadores la cifra equivalente en pesos, quedándose hasta con el 95 por ciento de sus salarios. Los trabajadores/as tienen que someterse a una investigación política del Estado antes de poder ser contratados. El derecho a la huelga no está autorizado por la ley y prácticamente no existe. El gobierno aún no ha cristalizado las promesas de reformar el código laboral. DERECHOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA La actividad sindical resulta imposible El gobierno obstaculiza cualquier intento de formar sindicatos, sobre todo mediante las restricciones de la Ley de Asociaciones. Cualquiera que emprenda actividades sindicales independientes corre el riesgo de ser perseguido y de perder su puesto de trabajo. Se exige a los trabajadores/as que vigilen a sus compañeros e informen sobre cualquier actividad de "disidencia". Los activistas laborales independientes se exponen periódicamente a detenciones, hostigamientos, amenazas de procesamiento y presiones para que se vayan al exilio. Las organizaciones existentes no consiguen representar efectivamente a los trabajadores/as. Al no estar reconocidas, no pueden mantener negociaciones colectivas ni convocar acciones de huelga. Son establecidas por disidentes que se oponen al régimen de Castro y aunque defienden los derechos sindicales, inevitablemente están vinculadas a la lucha contra el régimen y a favor del respeto de los derechos humanos en general. Sus oficinas han sido registradas, se ha confiscado su equipo y se han interceptado sus comunicaciones. En algunos de estos sindicatos se han infiltrado agentes de la seguridad del Estado. VIOLACIONES EN 2003 A principios de año se celebraron elecciones, calificadas por la oposición como una "farsa", teniendo en cuenta que las únicas alternativas eran votar por candidatos oficiales del Partido Comunista, abstenerse o votar en blanco. Según cifras oficiales, más del 95% del electorado acudió a las urnas. Dirigentes sindicales encarcelados En marzo, el régimen de Castro llevó a cabo la peor ola represiva contra los líderes de la oposición en décadas, procediendo a detener a 75 disidentes, acusados de "traición y complot". Entre los detenidos figuran varios dirigentes sindicales, a siete de los cuales les serían impuestas duras penas de prisión, que van de 12 a 26 años. Los sindicalistas en cuestión son: Carmelo Díaz Fernández, de 63 años, Presidente de la Unión Sindical Cristiana (USC) y Subdirector del Centro Nacional de Capacitación Sindical y Laboral (CNCSL), condenado a 16 años de prisión; Miguel Galbán Gutiérrez, de 38 años, miembro de la Ejecutiva del CNCSL, condenado a 26 años; Pedro Pablo Álvarez Ramos, de 53 años, Secretario General del Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos (CUTC), condenado a 25 años; Alfredo Felipe Fuentes, delegado del CUTC en la provincia de la Habana, condenado a 26 años; Nelson Molinet Espino, de 37 años, Presidente de la Confederación de Trabajadores Democráticos de Cuba (CTDC), condenado a 20 años; Héctor Raúl Valle Fernández, de 35 años, Vicepresidente de la CTDC, condenado a 12 años; Iván Carrillo Hernández, miembro de la Ejecutiva de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba (CONIC), condenado a 25 años. Campaña de represión antisindical El gobierno negó que los arrestos y las sentencias guardasen relación con sus actividades sindicales. No obstante, estos hechos tuvieron lugar teniendo como telón de fondo una situación de creciente represión contra los sindicatos independientes, incluyendo registros en las oficinas sindicales, confiscación de equipo y material, ataques físicos y psicológicos e intercepción de comunicaciones sindicales. Infiltrados Durante el juicio de los sindicalistas, el gobierno admitió que agentes de seguridad del Estado se habían infiltrado en el movimiento sindical independiente. Aleida de las Mercedes Godines, una agente del gobierno, había sido miembro de la CONIC durante 13 años, llegando a ocupar el cargo de Secretaria General. Alicia Zamora Labrada, otra agente del gobierno, era Directora de la agencia de prensa sindical Lux Info. Condiciones inhumanas y degradantes Los sindicalistas detenidos fueron encerrados en condiciones inhumanas y degradantes, en celdas infestadas de insectos y ratas. Los enviaron a una prisión situada a unos 800 Km. de sus hogares, por lo que a sus familias les resultaría extremadamente difícil visitarlos. Las visitas de familiares quedaron restringidas a dos horas cada tres meses. Carta
de protesta: Cuba (18/7/2003)
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