Sitio oficial del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba

Septiembre, 2007

Informe anual sobre las violaciones de los derechos sindicales

Cuba

Confederación Sindical Internacional.

Población: 11 400 000
Capital: La Habana
Convenios fundamentales de la OIT ratificados: 29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138

No se han registrado cambios en Cuba, donde persiste el sistema de sindicato único, sigue sin haber libertad sindical, y la negociación colectiva y el derecho de huelga no están reconocidos en la ley. Los sindicalistas independientes continúan siendo perseguidos y siete líderes sindicales independientes condenados a largas penas de prisión en 2003 permanecían todavía entre rejas. La ayuda humanitaria destinada a ellos y a sus familias fue confiscada por las autoridades. Otro sindicalista detenido en 2004 también seguía en prisión.

Derechos sindicales según la ley

Un sindicato único: Las autoridades cubanas sólo reconocen una central sindical, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). El Código de Trabajo promulgado en julio de 1985 no contempla la posibilidad real y objetiva de la libertad sindical. El gobierno prohíbe explícitamente los sindicatos independientes, pero niega que exista una obligación legal para los trabajadores/as de afiliarse a la CTC.

El gobierno indicó a la OIT que está efectuando una revisión completa de su Código de Trabajo. El nuevo código probablemente tampoco garantizará una auténtica libertad sindical, no obstante, puesto que el gobierno mantiene que las leyes existentes ya lo hacen. Según las autoridades cubanas “La libertad sindical, protegida en el Convenio No. 87, no se expresa en los términos del falso concepto de ‘pluralismo de organizaciones sindicales’ impuesto por los principales centros de poder imperialista del capital.”

Negociación colectiva: El Código de Trabajo impone que, para su validez y eficacia jurídica, los convenios colectivos tienen que ser discutidos y aprobados en asambleas de trabajadores/as, formalizados por escrito y suscritos por las partes, es decir, por la entidad laboral empleadora y por la organización sindical. Cualquier modificación o adición deberá ser aprobada en asambleas de trabajadores/as y suscrita por las partes.

El Estado controla el mercado del empleo y decide salarios y condiciones de trabajo en el sector estatal. En el sector privado, la Ley de Inversión Extranjera de 1995 estipula que los inversores extranjeros deben contratar a los trabajadores/as a través de agencias estatales de colocación. Los inversores pagan a las agencias en dólares, pero las agencias les pagan a los trabajadores/as la cifra equivalente en pesos, quedándose hasta con el 95% de sus salarios.

La legislación no reglamenta el derecho de huelga. De acuerdo con el gobierno, no existe la necesidad de convocar huelgas puesto que las reivindicaciones de las organizaciones sindicales oficiales tienen la garantía de ser escuchadas por las autoridades.

Derechos sindicales en la práctica

La actividad sindical independiente resulta imposible: El gobierno obstaculiza cualquier intento de formar sindicatos independientes, sobre todo mediante las restricciones de la Ley de Asociaciones. Cualquiera que emprenda actividades sindicales independientes corre el riesgo de ser perseguido y de perder su puesto de trabajo. Se exige a los trabajadores/as que vigilen a sus compañeros e informen sobre cualquier actividad “disidente”. Los activistas laborales independientes se exponen periódicamente a detenciones, hostigamientos, amenazas de procesamiento y presiones para que se vayan al exilio.

Las organizaciones existentes no consiguen representar efectivamente a los trabajadores/as. Al no estar reconocidas, no tienen derecho a la negociación colectiva, ni a convocar a huelgas. Los trabajadores/as no pueden ejercer sus derechos, marchar pacíficamente ni participar en manifestaciones públicas y pacíficas para anunciar sus aspiraciones laborales. Las organizaciones independientes son establecidas por disidentes que se oponen al régimen de Castro y, aunque defienden los derechos sindicales, inevitablemente están vinculadas a la lucha contra el régimen y a favor del respeto de los derechos humanos en general. Sus oficinas han sido registradas, se han confiscado sus equipos y se han interceptado sus comunicaciones. En algunos de estos sindicatos se han infiltrado agentes de la seguridad del Estado.

Violaciones en 2006

Contexto general: Hubo muchas especulaciones respecto a la salud del Presidente Fidel Castro durante este año. En julio de 2006 abandonó temporalmente el poder tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica, dejando el control del gobierno en manos de su hermano y sucesor designado, Raúl.

Sindicalistas presos: Nueve miembros de la CUTC fueron condenados en 2004 a largas penas de prisión, que van de 13 a 26 años. Entre ellos figuraba su Secretario General, Pedro Pablo Álvarez Ramos. Dos de ellos serían liberados poco después por motivos de salud, mientras que los otros siete continuaban entre rejas en 2006. Las autoridades recordaron constantemente a Carmelo Díaz Fernández, Secretario de la Unión Sindical Cristiana, uno de los dos liberados debido a su delicada salud, que todavía lo consideraban preso. En marzo de 2006 le impidieron abandonar su domicilio en todo el día para asistir a una ceremonia conmemorativa de las detenciones de marzo de 2003. Fue nuevamente arrestado en septiembre y detenido durante 10 horas, y durante ese tiempo le denegaron la medicación que necesita a causa de su delicado estado de salud.

Lázaro González Adán, de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba (CONIC) permaneció en prisión todo el año, sin haberse presentado cargos en su contra y sin ir a juicio. Había sido detenido en octubre de 2004 por la Policía Nacional Revolucionaria. Se piensa que lo mantuvieron en prisión para amedrentar a otros sindicalistas independientes.

Sindicalistas independientes perseguidos: Alejandro Antonio Cervantes Martínez, miembro de CONIC, fue interrogado el 12 de abril por miembros del Departamento de Seguridad del Estado. Durante el interrogatorio, fue continuamente amenazado, y un oficial le dijo: "Si metimos preso a Lázaro González Adán, metemos preso a cualquiera".

María Dolores Prado Suárez, delegada del Sindicato de Trabajadores de la Industria Ligera (SITIL) y coordinadora de educación en el Centro Nacional de Capacitación Sindical y Laboral (CNCSL) fue víctima de constantes amenazas y acoso durante el año, según informó la CONIC, incluyendo advertencias del jefe de la policía local y amenazas de que sería encarcelada por sus actividades.

En noviembre, un agente del Departamento de Seguridad del Estado confiscó dos paquetes a María Elena Mir Marrero, miembro de la ejecutiva de la CONIC. El agente llegó justo después de que un empleado de la Sección de Intereses de EE.UU. lo entregase en su domicilio. El paquete contenía libros, copias de la revista Newsweek y libros infantiles para colorear. El agente le dijo que debía presentarse a la estación de policía de Guanabo el 30 de noviembre, la amenazó y se llevó los paquetes.

El Estado confisca la ayuda remitida a un sindicato independiente: El sindicato independiente, Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos (CUTC) informó que durante este año el gobierno confiscó la ayuda humanitaria enviada por sindicatos extranjeros para asistir a los miembros del CUTC que permanecen detenidos y a sus familias. El gobierno realiza incursiones regulares en las oficinas de la CUTC, confiscando libros, documentos y material informático.

Informe completo

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