Mayo, 2008
Los participantes en la IV Conferencia para la Responsabilidad Social Corporativa se dirigen a la Comunidad Internacional para denunciar las sistemáticas violaciones de los derechos humanos, económicos, sociales y laborales que tienen lugar en Cuba y recabar la solidaridad de los países democráticos para con el pueblo cubano, sometido a condiciones de explotación y persecución en el ejercicio de sus derechos de libre expresión, asociación y reunión.
De igual manera, muestran su preocupación por los procesos de ataque y regresión de la democracia que se registra en América Latina y cuyo eje Habana-Caracas amenaza la estabilidad y la democracia de la región, reafirmando el compromiso de los participantes a combatir las dictaduras de todos signos.
Particular énfasis pondremos sobre aquellos organismos intergubernamentales del sistema de las Naciones Unidas como lo son la OIT y el Consejo Económico y Social, así como el Pacto Global y el sistema interamericano de derechos humanos.
Cuba continúa siendo un país totalitario donde no existe la libertad sindical, y donde se hostiga y se condena sistemáticamente a sindicalistas a largos años de prisión por simplemente defender sus derechos de libre asociación.
Las autoridades cubanas continúan reconociendo un sindicato único: La Central de Trabajadores de Cuba (CTC), controlada por el Estado y dirigida por el Partido Comunista, a cuyos líderes nombra. La más reciente designación fue la de Salvador Valdés Mesa, ex Primer Secretario del Partido Comunista en la provincia de Camagüey, nombrado Secretario General de la CTC, y posteriormente promovido al Buró Político –compuesto por 22 miembros, quienes dirigen absolutamente todos los aspectos de la vida de más de 11 millones de cubanos.
A su vez, la CTC declara en sus Estatutos que sólo reconoce al Partido Comunista como órgano rector de la sociedad, reiterado así en su último congreso.
Por su parte, el gobierno impone una política de empleo y salario altamente discriminatoria, que atenta contra los derechos de los trabajadores, según dictamen de la Organización Internacional del Trabajo.
Todo indica que las supuestas reformas salariales -de las cuales se ha especulado tanto recientemente- tendrán que esperar, según el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, donde se mencionó que sólo habrá incrementos salariales selectivos en sectores que se consideren prioridad.
Las diferentes estructuras de la OIT han denunciado las violaciones que comete el gobierno cubano respecto a los convenios de este organismo ya ratificados por Cuba. El caso 2258 ha sido el instrumento básico a través del cual se le ha formulado al gobierno dichas violaciones presentes en la legislación laboral cubana y en la aplicación de la misma.
El citado documento exige la liberación inmediata e incondicional de los sindicalistas en prisión y la reformulación del Código de Trabajo para adecuarlo al contemplado en los convenios fundamentales y el reconocimiento de la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. Igualmente, ha solicitado de manera oficial el envío de una misión de contacto directo, a lo que reiteradamente el Ministro de Trabajo de la República de Cuba se ha negado. Como también se ha negado a proporcionar los expedientes por los cuales han sido juzgados los sindicalistas condenados a larga penas de prisión que reiteradamente le ha solicitado el Comité de Libertad Sindical de la OIT.
La Ley 77 de Inversión Extranjera de 1995 estipula que los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en empresas extranjeras sólo pueden ser contratados a través de agencias empleadoras creadas por el Estado. Los inversionistas pagan a las agencias en dólares o euros, pero éstas pagan a los trabajadores en desvalorizados pesos cubanos, llegando a retener hasta el 98% de los salarios. Antes de ser contratados, los trabajadores son investigados sobre sus antecedentes políticos y tendrán que demostrar su afinidad con el régimen, bajo el principio de “idoneidad política”. La aceptación de estas premisas por parte de las empresas inversoras las convierte en cómplices del abuso y la discriminación, impuestos desde las estructuras de poder.
Ante esta realidad, en el convencimiento de que la solidaridad internacional y el apoyo y reconocimiento de los sindicatos democráticos son esenciales para la consecución de una sociedad libre, justa y democrática, el GIRSCC y las organizaciones, fundaciones, sindicatos y personalidades participantes en la IV Conferencia para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, celebrada en San José los días 14 y 15 de mayo,
DECLARAMOS QUE:
1. Tras medio siglo de dictadura el gobierno cubano sigue encarcelando, hostigando y organizando actos de agresión y repudio contra sindicalistas independientes y opositores al régimen,
2. Los derechos inalienables y reconocidos internacionalmente de libre expresión, asociación y manifestaciones públicas son sistemáticamente negados al pueblo cubano.
3. No existen elecciones libres y democráticas que aseguren la representación independiente de los trabajadores.
4. Las organizaciones independientes están prohibidas, siendo sus afiliados y representantes perseguidos, encarcelados y condenados arbitrariamente a largas penas de prisión y en condiciones infrahumanas por el mero hecho de defender un sindicalismo independiente, democrático y sin injerencias.
5. La actual legislación cubana impide la práctica de un sindicalismo libre, independiente y democrático.
6. No existen condiciones mínimas que permitan el cumplimiento de los 89 convenios de la OIT rubricados y ratificados por la República de Cuba y de los cuales el gobierno de la Isla es el máximo responsable de su implementación ejecución y vigilancia.
7. Tanto la Confederación Sindical Internacional (CSI) como la OIT han expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por la situación laboral de Cuba y condenado la violación de los derechos sindicales de los trabajadores cubanos, pero observamos una falta de continuidad de estas instituciones ante el caso omiso que hacen las autoridades cubanas a dichas solicitudes. De este modo, demandamos a la Confederación Sindical de las Américas (CSA), nacida de la fusión de la ORIT y la CLAT el 29 de marzo de 2008 en la Ciudad de Panamá, que, como la organización sindical más representativa de la región, ejerza solidaridad y presión efectiva en pro de los derechos humanos y sindicales en Cuba.
Al felicitar a esa Organización por la adopción en su Congreso Fundacional de la “Campaña por la Promoción y Defensa de los Derechos Sindicales y la Negociación Colectiva”, con apoyo de los Sindicatos Globales y la OIT, nos colocamos a su disposición, junto al movimiento sindical independiente de Cuba, a brindar el más decidido apoyo para que esa campaña se ejerza en la Isla de manera eficaz y sirva para la evaluación de las violaciones y la restitución plena de los derechos básicos de los trabajadores.
8. El gobierno cubano no ha aceptado los contactos directos solicitados por la OIT desde hace cinco años para verificar in situ las condiciones en las que los integrantes del Movimiento Sindical Independiente deben desarrollar su acción sindical.
9. El gobierno cubano ratificó el pasado 28 de febrero del presente año el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de que a pesar de lo expresado por los voceros oficiales y de la histórica y reiterada conducta de desconocimiento de los compromisos internacionales del régimen castrista, lucharemos por su implementación y cumplimiento.
10. La Ley 77 sobre inversiones extranjeras y demás reglamentos disciplinarios especiales son violatorios de los derechos básicos y mundialmente reconocidos de los trabajadores y que las operaciones de las empresas extranjeras con intereses económicos en Cuba no observan los códigos de conductas establecidos en los instrumentos anteriormente citados y otros de particular vigencia como son: el Libro Verde de la Unión Europea, el Código de la OCDE, la Declaración Tripartita sobre Empresas Multinacionales de la OIT y el Pacto Global de las Naciones Unidas y por supuesto, la Declaración Universal de Derechos del Hombre.
11. La solidaridad internacional, el apoyo y reconocimiento de los sindicatos democráticos son esenciales para la consecución de una sociedad libre, justa y democrática.
POR TODO ELLO, LA IV CONFERENCIA DEL GIRSCC ACUERDA:
1. Continuar los esfuerzos del GIRSCC con el objetivo de lograr que las empresas inversoras extranjeras en Cuba reconozcan la universalidad de los principios de Responsabilidad Social Corporativa en sus relaciones económicas y en el trato que reciben los trabajadores que en ellas prestan sus servicios. Igualmente hacemos un llamado a las empresas con inversiones en Cuba, y las que inviertan en un futuro, a que adscriban y se adhieran a los nuevos Principios Arcos.
2. Solicitar a la Unión Europea el mantenimiento de la Posición Común, la cual condiciona su modificación hasta tanto no se registren cambios significativos en materia de derechos humanos y laborales en Cuba.
3. Emprender una campaña pública internacional para advertir a las corporaciones que invierten en Cuba, y a sus respectivos gobiernos, de que acciones que contribuyan a la perpetración de la esclavitud y explotación de los trabajadores cubanos dentro y fuera del país no pasarán desapercibidas, y de que serán responsables por sus actos cuando finalmente se establezca en el país un sistema de derechos.
4. Continuar la campaña activa en el seno de la estructura de la OIT encaminada a que se aumente el nivel de presión institucional sobre el gobierno de la República de Cuba y, a tal efecto, solicitar a las organizaciones sindicales internacionales la necesidad de retomar y someter nuevamente ante el Comité de Libertad Sindical las reiteradas violaciones que se cometen y que han sido objeto de análisis en el Caso No. 2258, Informe No.337 sometido al Consejo de Administración de la OIT, en años anteriores.
5. Instar a las organizaciones sindicales internacionales y las centrales regionales y nacionales a que se dirijan al Gobierno de Cuba exigiendo la inmediata liberación de los cinco dirigentes sindicales en prisión y el acatamiento de la Resolución de la OIT que exige la libertad de asociación y la obligatoriedad del Estado Cubano de no perseguir y reprimir a los trabajadores y dirigentes que deseen formar organizaciones sindicales independientes. Así como también solicitarle la excarcelación de todos los prisioneros políticos y de conciencia.
6. Reafirmar la disposición del GIRSCC a seguir investigando y enfrentando el fenómeno de exportación de mano de obra cubana en condición de absoluta precariedad a terceros países con la finalidad de cumplir compromisos políticos o financieros del Gobierno de Cuba, y con la evidente complicidad de los gobiernos receptores.
7. Solicitar a la OIT que dentro de su programa para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil haga una evaluación exhaustiva de la situación de la República de Cuba.
8. Crear un Comité Sindical Internacional de Solidaridad con los trabajadores cubanos.
9. Aceptar la propuesta de los participantes y convocar para el próximo año la V Conferencia de nuestra organización en la ciudad de Buenos Aires, en mayo de 2009.
