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Septiembre 26, 2005 Carta abierta a Francisco Frutos, Secretario General del Partido Comunista de Espaņa Madrid, 26 de septiembre de 2005
El Grupo Internacional por la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, en adelante GIRSCC, integrado por diversos sindicatos y organizaciones no gubernamentales de Europa y América, se dirige a usted con la intención de presentarle nuestras quejas por los maltratos y el atropello a la libertad de expresión de que fue víctima uno de nuestros miembros, Luz Madroño el pasado fin de semana. Los hechos ocurrieron durante el desarrollo de uno de los actos organizados por el Partido del que usted es Secretario General, "Cuba: Orígenes, consecuencias y fines del terrorismo contra Cuba, una cuestión de doble moral", y en el que intervenían José Luis Centella, Secretario de Relaciones Internacionales del PCE, Julio Alfonso Fonseca, Representante del Partido Comunista Cubano, y Julio Velazco, Embajador de Cuba en España, como ponentes, y Pedro Marset, Director de Utopías-Nuestra Bandera, como moderador. Cuando le correspondió hablar a los asistentes, nuestra compañera, profundamente preocupada, al igual que nuestra organización, por el hecho de que Cuba no sea signataria de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos aprobados en la ONU, hizo uso de su derecho a la libertad de expresión para realizar una serie de preguntas a los asistentes, entre otras por qué Amnistía Internacional, organización que como usted bien sabe se distingue por su independencia, su veracidad y el rigor de sus informes, tiene prohibida la entrada en Cuba desde 1988. El gobierno de Cuba no ha firmado, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Segundo Protocolo Facultativo de este Pacto, destinado a abolir la pena de muerte y porque el uso y tenencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos adquiera rango de delito - Igualmente, nuestra compañera inquirió al auditorio acerca de las penas de prisión que, en aplicación de la Ley 88, conocida internacionalmente como "Ley Mordaza", recaen sobre activistas de derechos humanos, sindicalistas y periodistas independientes, y que pueden alcanzar hasta la escalofriante cifra de 30 años, por el simple hecho de difundir una imagen de la sociedad, la economía y las políticas cubanas no grata para sus autoridades o de mantener contacto con personas u organizaciones preocupados por la defensa de los derechos humanos. La encolerizada reacción de gran parte de los asistentes, aderezada de insultos, abucheos, amenazas, agresiones físicas e injurias, acompañó a nuestra compañera hasta el abandono de la sala de actos y fue recogida por diversos medios informativos. Nuestra indignación ante tal comportamiento, que no es sino el reflejo del actuar de personas poco civilizadas y que aún no han comprendido el significado del derecho al ejercicio pacífico de su libertad de expresión y la convivencia pacífica y democrática, va pareja a la de la absoluta falta de reacción de los señores ponentes y del señor moderador, testigos indiferentes a lo que estaba allí ocurriendo. Con estas líneas que nuestra organización le dirige, solicitamos que, en lo sucesivo, IMPIDA que hechos como éste, inadmisibles en una sociedad democrática y tolerante, vuelvan a repetirse en actos organizados por su Partido y condene explícitamente el uso de la fuerza y la intimidación para silenciar al que disiente El derecho a la libre expresión ha sido, estamos convencidos de que usted lo sabe bien y comparte su reconocimiento, internacionalmente reconocido como un derecho humano universal e inalienable. Igualmente, reclamamos de la Organización de la que es usted Secretario General un claro pronunciamiento sobre el estado de los derechos humanos en Cuba, donde, como usted sabe, no existe la libertad de expresión, de información, de asociación y de reunión reconocidos como derechos universales e inviolables y cuyo ejercicio implican largas penas de prisión a personas que en el uso pacífico de las mismas se atreven a ejercerlo. Por último y, dentro de las amistosas relaciones que ustedes
mantienen con el gobierno cubano, le PEDIMOS insten a éste
a ordenar la puesta en libertad inmediata y sin condiciones de todos
los presos de conciencia; a suspender la Ley 88 y otras similares;
a aplicar plenamente el Conjunto de Principios de la ONU y ratificar
los acuerdos internacionales sobre derechos civiles y políticos
y sobre derechos económicos, sociales y culturales Y PERMITA
LA REALIZACION DE ELECCIONES LIBRES Y DEMOCRATICAS BAJO LA SUPERVISION
DE ORGANISMOS INTERNACIONALES. Atentamente, Joel Brito |
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