Octubre 10, 2005

Comunicado del Grupo Internacional por la Responsabilidad Social Corporativa a la XV Cumbre Iberoamericana

El Grupo Internacional por la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, organización internacional integrada por diversas organizaciones no gubernamentales y sindicatos de Europa y América, se dirige a todos los países participantes en la XV Cumbre Iberoamericana para denunciar las sistemáticas violaciones de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales reconocidos a los ciudadanos de países libres y democráticos, y recabar la solidaridad de los países hermanos para con el pueblo cubano, sometido a condiciones de explotación económica y persecución en el ejercicio de sus derechos de expresión, asociación y reunión, pudiendo ser condenados, en aplicación de la ley 88 o Ley Mordaza, a largos años de prisión. Y hace un llamamiento a los países participantes en la Cumbre para que sean abordadas las graves cuestiones relativas a este importante tema. Entendemos que es responsabilidad de todos los gobiernos la solidaridad hacia los pueblos que sufren y padecen la restricción de los más elementales derechos reconocidos internacionalmente.

El gobierno de Cuba viola reiteradamente los principales convenios firmados con la Organización Internacional del Trabajo, según se puede constatar en los informes emitidos por la propia OIT mientras prohíbe la creación y el desarrollo de los sindicatos independientes. El derecho a la huelga no está reconocido. La Ley 77 de Inversión Extranjera de 1995 estipula que los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en empresas extranjeras sólo pueden ser contratados a través de agencias empleadoras creadas por el Estado. Los inversionistas pagan a las agencias en dólares o euros, pero éstas pagan a los trabajadores una cifra inferior en desvalorizados pesos cubanos, reteniéndoles hasta un 98% de sus salarios. Los trabajadores son sometidos a una investigación sobre sus antecedentes políticos antes de poder ser contratados. En sus relaciones con los extranjeros el trabajador "debe ser discreto y racional en la transmisión de información a su alcance" y, durante un proceso de negociación o colaboración con extranjeros, debe adquirir "la información requerida sobre las personas interesadas en realizar negocios o colaboración en Cuba", según establece la Resolución nº 10-2005 del Ministerio de Turismo.

En Cuba la libertad de asociación y la libertad sindical, adoptadas en 1998 por la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo está sujeta a fuertes restricciones tanto en la práctica como en la Ley. Se incumplen los acuerdos de la OIT refrendados por el propio gobierno cubano, negando el derecho a la negociación colectiva e imponiendo una política de empleo y pago salarial, como demuestra el dictamen emitido por la propia OIT, profundamente discriminatoria y atentatoria a los derechos de los trabajadores. Amparadas en la legislación y normativas cubanas, las empresas extranjeras inversoras incumplen las legislaciones de sus respectivos países. Quienes osan denunciar tales hechos y luchan por la defensa de los derechos de los trabajadores son objeto de medidas tales como pérdida del propio empleo, hostigamiento, intimidación o encarcelamiento, sin que les asista el derecho a tener un juicio justo, independiente o imparcial.

Animados por el Principio Rector que inspira esta Cumbre y que no es otro que el de la consolidación de las democracias y el fortalecimiento de los mecanismos para garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, SOLICITAMOS E INSTAMOS a los países participantes a apoyar al pueblo cubano en la instauración de un sistema democrático y libre y a exigir:

- La liberación inmediata de todos los presos de conciencia.

- La condena explícita de todos los actos de represión, persecución y hostigamiento a que son sometidos los ciudadanos en el libre ejercicio de sus derechos, adoptados por la propia OIT y otros acuerdos internacionales.

- El reconocimiento público y el apoyo a todas las organizaciones democráticas y sindicatos independientes cubanos.

- La ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Segundo Protocolo Facultativo de este pacto, destinado a abolir la pena de muerte.

- La celebración de elecciones libres y democráticas bajo la supervisión de organismos internacionales.