Diciembre 25, 2005

¿Sabía usted que en Cuba el salario medio de los trabajadores es de 10 euros y que el gobierno retiene hasta el 98% de sus salarios?

Luz Modroño, representante en España del GIRSCC

Cuba es hoy un país con una economía maltrecha y desestabilizada donde los derechos laborales de los trabajadores son sistemáticamente ignorados así como son incumplidos los acuerdos internacionales refrendados con organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo. A modo de ejemplo baste citar las consecuencias que para los trabajadores cubanos tiene la existencia de una doble moneda: el peso cubano desvalorizado hasta niveles que suponen cuatro veces menos que el peso convertible o "divisa" cuyo valor tiene equivalencia con el euro y que es la única moneda que circula fuera de las tiendas específicamente cubanas. Es necesario señalar que éstas son establecimientos desabastecidos, alarmantemente escasos y con una absoluta falta de higiene, como cualquier turista o viajero, con un mínimo interés por ello puede comprobar. Los sueldos medios no sobrepasan los 225 pesos cubanos, que a cambio suponen 10 euros, esto es por debajo del nivel de la pobreza. En un país donde los precios son equiparables a los europeos, esta situación engendra un tan alto nivel de corrupción que no hay cubano que no se dedique a la extorsión o el pillaje. El gobierno, obviamente, es conocedor de esta situación pero hace la "vista gorda" y aunque existen regulaciones contra ello, sólo son ejercidas como medida de presión o, aleatoriamente, recaen sobre los trabajadores menos afectos al régimen. Los cubanos aseguran que, ante las penas de cuatro años que pueden recaer sobre ellos, es prefireble ésto a vivir en las condiciones a las que su gobierno les condena.

En el sector turístico, uno de los sectores con mayor peso en la economía cubana y que absorve el mayor porcentaje de trabajadores, éstos son contratados no directamente por las empresas inversoras sino por otras mediadoras dependientes del gobierno y que, a su vez, son las que pagan a dichos trabajadores reteniéndoles hasta un 98% de los salarios. Lo que suponen nuevas violaciones internacionales que Castro impone y que las empresas inversoras acatan. Todo esto sin citar la prohibición de derechos elementales como el de asociación, reunión o sindicación libre o el derecho a la negociación colectiva o la huelga o, las altas penas de prisión a que son condenados los sindicalistas independientes.

Dicha situación, muy previsiblemente, cambiará en un futuro próximo haciéndose necesario tanto el reconocimiento de los derechos inalienables de los trabajadores como una clara apuesta por la modernización industrial y económica del país. Modernización que deberá asumir los altos costes sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los derechos humanos que a lo largo de estos años han ido produciéndose y que exigirá el trabajo coordinado entre las administraciones públicas, las empresas y las organizaciones que, como el Grupo por la Responsabilidad Corporativa en Cuba, sean mediadoras en los procesos de desarrollo.

El Grupo Internacional por la Responsabilidad Social Corporativa (GIRSCC) nacido en abril del pasado año, es una organización integrada por treinta y cinco organizaciones no gubernamentales y sindicatos independientes de Europa, América Latina y EEUU y que representa fuera de Cuba los intereses de los trabajadores cubanos. Igualmente, es hoy la única organización de estas características cuyos objetivos se centran en la implantación de la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba partiendo del convencimiento de la necesidad de articular estrategias de diálogo y responsabilidad social con las empresas inversoras actuales y las que en un futuro puedan implantarse. Dicha organización ha venido trabajando desde su constitución en una doble vertiente, por un lado, la denuncia sistemática de las violaciones de Acuerdos Internacionales en materia laboral refrendados por el gobierno cubano y, por otra, la defensa de los trabajadores cubanos, cuyos derechos son ignorados, y la mediación con las empresas inversoras en Cuba.

España es uno de los países con mayor inversión extranjera en la isla. Sin embargo, la actual legislación cubana ampara el ejercicio de prácticas poco éticas y contrarias a los principios de responsabilidad social que dañan sobremanera tanto los intereses de los trabajadores como la propia reputación empresarial y que, sin duda, se traducirá en elevados costes para la imagen y el prestigio de dichas empresas, claves, en un próximo futuro, para la obtención de ventajas competitivas.

El GIRSCC cuenta entre sus objetivos colaborar con el desarrollo de una legislación que contemple los principios de la responsabilidad social a partir de un diálogo abierto y constructivo entre empresas, sociedad y poderes públicos. Conscientes de la necesidad de aunar esfuerzos y aprovechar sinergias en aras a la implantación de un desarrollo sostenible en Cuba en el que los intereses de los trabajadores y los empresariales no entren en conflicto, considera prioritario conocer y analizar con el máximo rigor el comportamiento social y medioambiental de las empresas estableciendo alianzas entre éstas, las organizaciones civiles y los líderes comunitarios, a partir de la sensibilización empresarial, el respeto a los derechos humanos, sociales, económicos y culturales de la población y la comunicación entre los distintos agentes.

En este contexto, el GIRSCC estima que la responsabilidad y la transparencia son claves en el diálogo entre organizaciones no gubernamentales, trabajadores, empresas y líderes comunitarios a fin de crear las condiciones propicias para el desarrollo de las actividades económicas en la isla y sentar las bases para futuras inversiones. Así, se hace necesario emprender estudios sobre como incorporar los principios de la RSC entre ellos los establecidos en el documento sobre el Impacto Global de las Naciones Unidas y su Código de Conducta, las Orientaciones sobre Empresas Multinacionales de la OCDE, la Declaración Tripartita sobre Empresas Multinacionales de la OIT, así como las diversas regulaciones de organizaciones de empleadores en la práctica empresarial tanto como en la futura legislación, que a no dudar, ha de desarrollarse en Cuba.

En los últimos diez años, las ONGs han evolucionado significativamente y hoy, en los países desarrollados y democráticos, cumplen un importante papel no sólo en la defensa de los derechos humanos, de ayuda humanitaria o medioambientales, campos de trabajo tradicionales, sino en la presión hacia las propias empresas a fin de que respondan a las exigencias que los derechos económicos, sociales y culturales implican. El incremento de su credibilidad y visibilidad han logrado un gran apoyo social lo que redunda, sin duda, en una mayor capacidad de actuación y mejores resultados en su gestión y si, hasta hace poco la empresa era considerada como potencial vía de financiación de sus proyectos, actualmente son las propias empresas las detinatarias de sus campañas para combatir la explotación laboral, la discriminación o la falta de control medioambiental, y hacer cumplir los requisitos internacionalmente reconocidos para una práctica ética de su labor. La actual legislación cubana ha colocado a las empresas inversoras en Cuba en el centro de los objetivos del GIRSCC por cuanto la actuación de dichas empresas puede ser altamente lesivas para los intereses de una población indefensa y víctima de prácticas abusivas

El peso de las propias empresas inversoras en Cuba, especialmente en el campo turístico, derivado del volumen de sus propias inversiones, es tal que no es posible ignorar la influencia que podrían tener en la propia administración cubana. No es justificable escudarse en que las leyes castristas impiden otro tipo de practicas, las empresas inversoras deben asumir su papel ético y adoptar una política seria de responsabilidad social corporativa que respete los derechos laborales fundamentales y los estándares éticos y medioambientales aceptados en el ámbito internacional aunque éstos no estén jurídicamente reconocidos en la legislación cubana. Lo contrario es hacerse cómplice de la explotación laboral o la negación de los derechos que recaen sobre los trabajadores cubanos. No se trata sólo de consideraciones éticas, se trata también de contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y de la mejora de sus propias posibilidades competitivas, redundando en una mejora de la percepción social hacia la marca de trabajadores, clientes y accionistas y, por consiguiente, en el incremento de sus potencialidades de crecimiento. Muy atrás quedó la visión de la empresa como enemiga y enfrentada al trabajador, aunque visionarios mesiánicos pretendan imponerla. La responsabilidad social corporativa y la aplicación de una buena política y práctica en esta materia puede lograr que la confrontación se transforme en colaboración.