Marzo 7, 2006

La responsabilidad social corporativa, lugar de encuentro entre la empresa y la sociedad civil

Luz Modroño.

El pasado 2 de marzo tuvo lugar en la Sociedad General de Autores, la presentación del estudio sobre Responsabilidad Social Corporativa efectuado por el Observatorio de RSC sobre 35 empresas que conforman el IBEX35 referidas al año 2004. En el encuentro se expusieron tantos los objetivos del estudio como la metodología empleada para el mismo.

Dicho estudio, que se presenta en un entorno económico, social, político y académico, en el que la reflexión alrededor de los conceptos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o el Desarrollo Sostenible y la empresa, interesa cada vez más al conjunto de la sociedad nos mueve a distintas reflexiones comparativas con la situación vivida por países totalitarios y antidemocráticos donde la economía está en poder del Estado y en los que la sociedad civil tiene profundamente limitadas sus posibilidades de participación.

En los países democráticos la vitalidad de la participación de la sociedad civil en todos los ámbitos de la cotidianidad social, política o económica, que además está experimentando un considerable aumento, se convierte en contrapunto al ejercicio de la propia práctica empresarial, regulando las relaciones de mercado y arbitrando que los servicios y productos ofrecidos respondan a las directrices de la OCDE hacia los consumidores. La sociedad civil juega un papel importante en las sociedades democráticas que, de esta manera anima a las empresas a incorporar los criterios y los intereses de los distintos agentes de la RSC en su gestión.

Es, pues, necesario destacar la importancia que los consumidores y la sociedad civil con espacios abiertos y participativos tienen para la mejora y el impulso de la responsabilidad de las empresas que se traduce, sin duda, tanto en una mejora cualitativa de sus productos como en un crecimiento cuantitativo de sus rendimientos. En aquellos países donde la sociedad civil es embrionaria o está ahogada por el control gubernamental y las políticas dictatoriales de sus gobernantes esta realidad es inexistente, pudiéndose dar el caso de que las empresas inversoras, libres de la presión que supone la exigencia de calidad o comportamientos socialmente responsables y, amparadas por legislaciones que permiten todo abuso de poder, pueden tender a llevar a cabo comportamientos poco éticos o ajustados a los principio de RSC.

La situación de estas empresas y sus actuaciones en países como Cuba pone bien de manifiesto esta realidad. Aceptando unas condiciones de inversión impuestas por el gobierno cubano están lesionando tanto su imagen corporativa como los intereses de los trabajadores o la calidad de los productos ofrecidos. Castro, ajeno a las nuevas realidades de desarrollo empresarial y puesta su mira en el control político de la ciudadanía impone a las empresas inversoras unas condiciones altamente lesivas tanto para los propios trabajadores como para la sociedad en su conjunto. La presión que puede ejercer la sociedad civil y los consumidores sobre la mejora del producto ofrecido por las empresas sectoriales se torna inexistente.

Pero, además, el problema se agrava si se tiene en cuenta la indefensión de los trabajadores en un país donde el sindicalismo independiente del poder gubernamental es asfixiado y perseguido.

Ni desde asociaciones de consumidores, ni desde sindicatos es posible llevar a cabo ningún ejercicio de presión ni de diálogo. La sociedad cubana está indefensa desde todas y cada una de las ópticas que conforman el entramado social. No hay agentes con los que dialogar, no existe control alguno que no sea el directamente ejercido por el gobierno o por el único sindicato legal, que no es otro sino una parte de ese poder político. Prohibición, prohibición, es la única palabra que el gobernante cubano parece haber aprendido bien.

La prohibición de cualquier espacio público de debate o reflexión, de defensa de los propios intereses de los ciudadanos, supone la ausencia de mecanismos de control de serias y muy graves consecuencias. De esta manera, el gobierno cubano muestra escaso o nulo interés por el avance o la mejora de las condiciones sociolaborales, medioambientales o de derechos humanos, mostrando en cualesquiera de los ámbitos que conforman las señas de identidad de cualquier Estado de derecho el mayor de los desintereses o el mayor de los desprecios.

La publicación de los datos obtenidos basados en la transparencia de gestión no supone un detrimento de la operatividad de la gestión empresarial sino que, por el contrario, ayudan a éstas tanto a mejorar su imagen corporativa como a emprender políticas de responsabilidad en temas como los derechos humanos, preservación del medio ambiente, contribuciones políticas, políticas de no-discriminación, condena del mobbing o acoso laboral, carácter justo y razonable de la remuneración...

La no asunción de estos índices en el comportamiento inversor de las empresas españolas en Cuba, la opacidad de la gestión y el control propiciados desde el propio gobierno cubano que prohíbe tanto la existencia de sindicatos independientes como el de asociaciones de participación de la sociedad civil como pueden serlo las asociaciones de consumidores, logran crear un clima muy semejante al existente en los primeros tiempos de la revolución industrial, identificado con los parámetros de un capitalismo salvaje cuyo despliegue propagandístico tanto es negado en declaraciones públicas efectuadas por Castro pero que la praxis bien claramente demuestra lo contrario.

Mientras asfixia el desarrollo de una economía propia o la industrialización del país fuera del control o la propiedad estatal, las empresas inversoras viven situaciones en las que las violaciones de derechos constitucionales puede suponerles en un futuro próximo altos costes de inversión.

El estudio realizado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa evidencia que las posibilidades de mejora en los aspectos reseñados son todavía muchas y que las empresas españolas todavía tienen un largo camino que recorrer. El ejercicio de transparencia en RSC de algunas empresas muestra su liderazgo en los respectivos sectores y sirve de dinamizador para el tejido empresarial. Sin embargo, los datos testifican igualmente que aún persisten empresas donde la gestión de RSC es netamente insuficiente. Y si esto es así, es necesario pensar qué ocurrirá en aquellos países en los que su legislación permite realizar prácticas abusivas contra los trabajadores o lesivas para con el medio ambiente o los consumidores.

El Grupo por la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, inspirado en lo que es su principio fundacional, anima a que las empresas inversoras en la isla asuman los principios de responsabilidad social y emprendan un serio debate sobre las consecuencias que actuaciones contrarias a los mismos puede tener para sus intereses a corto y medio plazo.

En un futuro próximo y tras los cambios que, a no dudar, han de producirse en Cuba, es necesario crear estructuras más equitativas y justas y, para ello, es necesario crear espacios de diálogo y nexos claros entre la sociedad civil, incluidos los perseguidos sindicatos independientes, y las propias empresas.

Sin embargo, nada impide crear dichos espacios aún en los momentos actuales y escuchar a los que se obliga a callar. De esa forma, las empresas en lugar de ser cómplices de una dictadura, colaborarían en el cambio democrático que ha de producirse en un no lejano futuro. En el horizonte se divisa un futuro esperanzador de modernización del país y que deberá ser desarrollado con el esfuerzo de todos sus protagonistas a partir de un diálogo pacífico y constructivo.