'Debe haber acciones para responder a las continuas violaciones de los derechos humanos y laborales por parte del régimen castrista', dijo un representante de la APSC y Todos Unidos.
Encuentro en La Red, 9 de junio de 2005.
La Asamblea para Promover la Sociedad Civil (APSC) y otros sectores de la disidencia interna cubana reclamaron a la Unión Europea (UE) el jueves, en Bruselas, una "nueva política" contra el régimen de Fidel Castro, que enfatice el respeto de los derecho humanos, informó la AFP.
"Las sanciones no funcionaron, pero el levantamiento de las sanciones tampoco. Pedimos a la Unión Europea una nueva política que tenga en cuenta sus valores en cuestiones como los derechos humanos y que sea socialmente responsable", afirmó Eduardo Pérez, representante de la APSC y de la coalición Todos Unidos.
"Reconocemos las buenas intenciones de la Unión Europea en su deseo de lograr prácticas democráticas en Cuba. Pero debe haber acciones para responder a las continuas violaciones de los derechos humanos y laborales por parte del régimen castrista", agregó Pérez en una conferencia de prensa.
Pérez se encuentra en Bruselas para una serie de reuniones con la Comisión Europea y diplomáticos de los países miembros de la UE antes del encuentro de cancilleres europeos el lunes próximo en Luxemburgo, donde se decidirá si se mantiene o no la suspensión temporal, decidida en enero pasado, de las sanciones diplomáticas adoptadas en 2003 para protestar por el encarcelamiento de 75 opositores.
El pasado lunes, el Comité Político y de Seguridad (COPS) de la UE alcanzó un principio de acuerdo para mantener la suspensión de las sanciones hasta la próxima revisión de la Posición Común sobre Cuba, prevista para junio de 2006.
Se espera que, en su reunión de la próxima semana, el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores (CAGRE), ratifique esa decisión y adopten una "fuerte declaración de apoyo a la disidencia".
"La declaración va a ser muy fuerte, con un mensaje claro, pero no tendrá acciones contra (Fidel) Castro", explicó Pérez, y pidió una política europea "pro-activa" y no de "reacción" a las acciones del gobierno cubano.
Pérez dijo que desde el levantamiento de las sanciones la situación de los derechos humanos "empeoró dramáticamente" en la Isla.
"Si el régimen castrista liberó a 13 conocidos disidentes, encarceló a 400 jóvenes. La política de pedir la liberación de prominentes detenidos políticos no es buena porque favorece el chantaje. Castro está jugando con la Unión Europea", afirmó.
El gobierno cubano concedió durante 2004 licencias extrapenales por motivos de salud a 14 de los 75 opositores condenados en 2003. Ese tipo de permiso no implica el perdón del resto de la condena.
En mayo pasado la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), una organización de la disidencia interna, denunció el arresto de unos 400 jóvenes por supuesta "peligrosidad predelictiva".
Pérez pidió a la UE una política "socialmente responsable", por la cual se exija a La Habana el respeto de los derechos humanos y las libertades civiles, según la concepción europea.
"Cuando Castro expulsa a legisladores o periodistas europeos sin razón también está violando los derechos humanos y las libertades cívicas de Europa", afirmó en referencia a los incidentes ocurridos a mediados de mayo, antes del Congreso realizado por la APSC.
En esa ocasión, dos eurodiputados polacos, un senador checo, un diputado alemán y dos ex senadoras españolas, así como tres periodistas polacos y un italiano que iban a asistir en esa reunión fueron expulsados o se les impidió la entrada a Cuba.
Para Eduardo Pérez, una nueva política de la UE debería obligar además a los gobiernos europeos a dejar de garantizar las inversiones de las empresas de sus países en la Isla, ya que lo tratos hechos con el gobierno cubano no respetan las convenciones la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que contribuye a la violación de los derechos de los trabajadores.
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