El calvario de los "sindicatos" en Cuba

Lorenzo Contreras. La Razón, España, 13 de junio de 2005.

Lo normal. Cuando se habla de la situación en Cuba es hacer referencia a la persecución política, entendiendo por tal, casi siempre, la que padecen determinados disidentes distinguidos por su significación o su celebridad. Pero existen otras persecuciones de las que apenas trasciende hacia la otra orilla del Atlántico, vía Caribe, alguna mención. Podría ser el caso del sindicalismo no oficial, muchos de cuyos dirigentes son sistemáticamente condenados a largos años de prisión "por el mero hecho de defender sus derechos asociativos". Eso es lo que denuncia un manifiesto "por la responsabilidad social corporativa en Cuba", que curiosamente apunta hacia diversos inversores españoles en la isla, que aprovecharían, según ese testimonio, la sofocante legislación cubana para efectuar prácticas empresariales abusivas que en España se considerarían ilícitas o faltas de ética, y en ningún caso encuadrables en una normativa democrática.

El fenómeno es cruel si se piensa que al término de 2004 existían en Cuba 364 entidades vinculadas a la inversión extranjera, procedentes de unos sesenta países. El citado manifiesto, que suscribe un llamado Grupo por la Responsabilidad Social Corporativa, habla de la complicidad de esos inversores extranjeros en los abusos, en la discriminación y las violaciones de las leyes internacionales de índole laboral, e incluso denuncia que asociaciones de empresarios españoles "han instado a los distintos gobiernos democráticos a desvincular de las inversiones económicas en la isla el debate sobre la violación de derechos humanos ejercida por el Gobierno cubano".

En la isla caribeña sometida a la dictadura de Castro sucede algo que a todo español que viviera de cerca la dictadura franquista tiene que estimularle la memoria. Allí sólo se reconoce un sindicato llamado Central de Trabajadores de Cuba (CTC), cuya dirección y control "corresponde" al Estado y, por supuesto, al Partido Comunista, declarado en los estatutos único órgano rector de la sociedad.

Sería deseable que los dirigentes hoy democráticos de Izquierda Unida y del PCE denunciaran esas situaciones o realidades, en lugar de dedicarse a ignorarlas. Pero lo que es, es lo que es. Los convenios firmados con la OIT van paralelos en sus violaciones a la prohibición de sindicatos independientes. Son agencias empleadoras estatales las que contratan servicios de trabajo para empresas extranjeras, y el pago en dólares o euros por parte de los inversionistas son naturalmente convertidos en moneda cubana y retenido un porcentaje elevadísimo de los salarios. Ni qué decir tiene que la ficha política del trabajador es palabra decisiva en las contrataciones.

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MOVIMIENTO SINDICAL INDEPENDIENTE DE CUBA