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"La vieja Europa, obligada a taparse la nariz para seguir siendo solidaria" Luz Modroño El pasado 26 de mayo se publicaron en el boletín oficial del gobierno cubano nuevas amenazas y condiciones contra las ayudas humanitarias y cooperación económica en la isla. En forma de disposición reguladora promulgada por el Ministerio de Inversión Extranjera y Colaboración (MINVEC) supone, en el fondo y en la forma, condiciones que deberían ser inaceptables para cualquiera de los organismos afectados ya sean instituciones privadas, organismos internacionales o Gobiernos extranjeros, pues a todos ellos afecta la pretensión de no aceptar colaboración o donativo alguno que impliquen "condicionamientos políticos, económicos o sociales" que puedan ser interpretados por las autoridades como de "injerencia" en sus asuntos internos o vayan contra "los principios de la Revolución". Revolución basada en la intolerancia, en la violación de los derechos fundamentales de todo ser humano y en el control más absoluto de cada acto o decisión no sólo de sus ciudadanos sino también de todo aquel que ose poner sus pies en una isla controlada por un solo hombre. Revolución que ha asistido al paulatino empobrecimiento de un país antaño próspero y con futuro, al que acudían emigrantes españoles en busca de una mejor calidad de vida que en su país no encontraban. Castro, irónicamente habla de "injerencia" a la par que establece como debe ser la cooperación procedente de países solidarios y prohíbe, en la práctica, que ésta se vincule a la reclamación de la dignidad y el respeto a los derechos internacionalmente reconocidos. Dura ironía que pone en juego la pervivencia de la cooperación y que implica la negativa a su recepción. Porque, repetimos una vez más, son condiciones inaceptables para los países democráticos de los que proceden. No es la primera vez que se niega la cooperación internacional. Ya el año pasado y tras el paso del huracán Dennis, Cuba rechazó la ayuda europea y americana destinada a paliar los sufrimientos y desastres que el huracán había provocado. Pero hasta ahora, no se había promulgado una ley que estableciera las condiciones en que la cooperación puede ser recibida. No hay país alguno en que a la cooperación se le pongan trabas y condiciones. Y entre tanto, el sufrimiento de un pueblo aumenta exponencialmente. El pueblo cubano necesita de la cooperación internacional y de la ayuda proveniente de Europa. Sus condiciones de pobreza y supervivencia, con misérrimos sueldos que apenas llegan a cubrir sus necesidades básicas y con amplios sectores de población en situación de riesgo viviendo en poblados chavolísticos denominados "llega y pon", con derecho a recibir leche sólo hasta los siete años de edad, con racionamiento de los alimentos que apenas llegan a cubrir las necesidades básicas de la población, la ayuda en cooperación proveniente de la UE suponían un respiro, un cierto alivio para un país cuyos salarios medios están en torno a los 14 euros mensuales. Con la nueva ley, es el propio gobierno cubano quien impondrá las condiciones que rigen la cooperación económica recibida del extranjero. Condiciones que no pasan por una valoración de su efectividad o su necesidad, sino que pasan por desligar la exigencia al respeto de los derechos humanos violados sistemáticamente por Cuba de la cooperación y que chocan frontalmente con los principios que rigen el modelo social y de respeto a los derechos humanos que caracterizan las democracias europeas. Principios que son establecidas en un marco kafkiano y surrealista, de manera unilateral y exclusiva por el propio gobierno, en una dialéctica de aceptar intolerables imposiciones o de cometer, en caso contrario, "un delito grave" contra el Estado cubano, tal como fue afirmado por los ministros Pérez Roque y Marta Lomas. Un régimen cerrado al diálogo, impositivo, que muestra, una vez más, su verdadera cara de prepotencia y desprecio de las necesidades de un pueblo arruinado, exhausto, que lucha a diario con la miseria, obligado a elegir entre el acatamiento o la exclusión, entre la aceptación de las iniquidades que los mandatarios imponen o entre la amenaza permanente de prisión si osan reivindicar sus derechos fundamentales, su reivindicación de la dignidad arrebatada. Un Estado que ignora las perentorias necesidades de su pueblo en aras a seguir controlando de manera exclusiva cada movimiento, cada acción que se realice en la isla. La nueva disposición obliga expresamente y por ley a las empresas inversoras y a los gobiernos de países solidarios, ONG o instituciones a desligar la ayuda o la cooperación del obligado respeto a los derechos humanos de la población. Lo que no supone sino una reafirmación de las prácticas ya establecidas. Hasta ahora los organismos de cooperación internacional tenían un margen de presión ante el gobierno cubano condicionando su recepción al respeto de los derechos fundamentales. Con la nueva disposición, el gobierno cubano ya no sólo obliga a desligar la cooperación externa de los principios básicos que animan las relaciones sociales o económicas de los países democráticos de los que proceden sino que impone el que éstas estén en sintonía con las "prioridades" establecidas por el gobierno. Prioridades que en el plano social pasan por la prohibición del derecho a la libre expresión y a la libre asociación y reunión y, en el plano laboral a la prohibición de sindicatos libres, a la negociación colectiva en el marco de las empresas inversoras o al uso pacífico de cualesquiera de las armas pacíficas tradicionales de los trabajadores, a la asunción de que el Estado controla salarios, contrataciones y despidos, y, en definitiva a la violación de los Acuerdos Internacionales refrendados años atrás por el gobierno cubano y que ahora, en una nueva vuelta de tuerca más, obliga a los demás a violar. Y aún hay más: la nueva disposición niega la creación de servicios sociales o de distribución de recursos "paralelos a los establecidos por el Estado cubano" La nueva ley, de 15 artículos, establece rígidos controles a instituciones, fundaciones, ONG, y otros organismos cubanos receptores de cooperación extranjera que deberán someterse a rigurosos mecanismos de control. Todo atado y bien atado. El gobierno es el único que decidirá qué recibe, cómo lo recibe y a quien va destinada la ayuda pues la propia ley establece que, en ningún caso, la cooperación puede "favorecer" a "sectores de la población por razones étnicas, religiosas o de nacionalidad". Nuestra pregunta ahora es ¿hasta cuándo? ¿hasta cuando el pueblo cubano podrá seguir soportando tal estado de cosas? Y ¿hasta cuándo los países democráticos seguirán aceptando unas condiciones impuestas unilateralmente por un gobierno absolutista y tiránico, de todo punto inadmisibles por sus Estados de procedencia? Diplomáticos y cooperantes europeos reconocen el acrecentamiento de las nuevas dificultades para la cooperación impuestas por el régimen. Y ello en el reciente marco de la nueva decisión de la Unión Europea de seguir manteniendo la suspensión temporal de las sanciones impuestas a Castro por su violación permanente de los derechos de la población cubana. Y frente a tal decisión, en cuyo análisis ahora no entramos, la decisión firmemente expresada por Pérez Roque, ministro de Relaciones Exteriores, y Marta Lomas, ministra del Minvec, de seguir rechazando la cooperación oficial europea en castigo por las sanciones diplomáticas adoptadas en el 2003 tras el arbitrario encarcelamiento de 75 opositores. Aunque nuevamente, la UE ha decidido dejar dichas sanciones en suspenso. ¿Ironía, sarcasmo, desprecio? Pongan ustedes el adjetivo que consideren más adecuado.
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