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Junio 27, 2006
La inversión extranjera en
Cuba y la responsabilidad de las empresas
Luz Modroño
Cuba es hoy, tras agónicos casi cincuenta años de
dictadura, un país empobrecido, necesitado de los recursos
y la tecnología que las empresas inversoras aportan. La política
económica y social impuesta por Castro, persiguiendo y controlando
la creación de riqueza propia e inversiones nativas, ahogando
la escasa iniciativa privada, a los "cuentapropistas"
cubanos que, a pesar de todo y con grandes dificultades para sobrevivir,
suponen la única fuente de riqueza original del país
al margen de los planes desarrollados por el gobierno traducidos
en una drástica disminución de la competencia señera
antaño de la economía cubana como eran la existencia
de una amplia cabaña vacuna -de 10 millones de cabezas de
ganado se pasó a los dos actuales derivados de los "experimentos"
realizados por el eterno gobernante- o la caña de azúcar,
de la que Cuba era el primer exportador mundial, por poner dos ejemplos,
y hostigando el desarrollo económico autóctono al
margen del Estado, único poseedor de todos los bienes y servicios
originales del país, ha sido incapaz de aportar a la Isla
los recursos necesarios para su modernización y desarrollo.
Por ello, Cuba hoy se ve necesitada de los recursos y la inversión
extranjera.
Hasta hace poco y dada la ley Helms Burton, los mayores inversionistas
procedían de Europa, ocupando España uno de los primeros
puestos fundamentalmente en el sector turístico. Las cosas
hoy están cambiando y Castro mira empicinado hacia sus hermanos
populistas Chávez y Evo Morales elegidos sin embargo, y sin
adentrarnos ahora en los métodos o el discurso utilizado
para ello, en las urnas. Por ello, todavía cabe la esperanza
de que el pueblo venezolano y boliviano reaccionen a tiempo. Reacción
que supondría dejar a Castro sin las patas en que hoy puede
sustentarse. La inversión procedente de otros países
continúa siendo, así, un elemento del que Castro no
puede desligarse fácilmente.
Sin duda, la inversión extranjera deviene en un factor de
primer orden para el desarrollo económico de los países
atrasados, pero también puede colaborar activamente en la
transformación política, social y cultural de los
pueblos en los que la democracia no ha pasado de ser una noble aspiración
de sus gentes.
El papel que juegan las empresas inversoras procedentes de países
democráticos no puede soslayar su responsabilidad histórica
en los cambios necesarios y legítimos que los pueblos reclaman.
Y si, además, como en el caso de España, salieron
de una larga y cruel dictadura, se impone la memoria histórica
y el análisis de las contribuciones que, para convertir en
realidad lo que parecía una utopía, -esto es vivir
con dignidad, en pluralidad, construir un Estado de Derecho en el
que la democracia, con todas sus imperfecciones, sea el único
guía de la convivencia y las decisiones adoptadas por la
mayoría del pueblo y respetuosa con las minorías-
realizaron todos y cada uno de los agentes sociales, protagonistas
del cambio. Empresarios y trabajadores, sociedad civil y clase política.
La inversión extranjera puede, así, colaborar activamente
en el afrontamiento de los retos, la modernización del país
y el advenimiento de la democracia que el pueblo cubano merece.
Las empresas foráneas no sólo aportan material y recursos,
no sólo contribuyen a mejorar las condiciones económicas
de los países en los que invierten. También aportan
aires nuevos, ideas nuevas, contrastes entre mundos diferentes.
Negar esta realidad y seguir manteniendo un embargo o un rechazo
a la inversión, seguir propugnando el aislamiento del país,
sólo puede conllevar el retrasar la ansiada transformación
política y social, además de seguir añadiendo
sufrimientos y penalidades a los más desprotegidos y débiles,
esto es al propio pueblo, a los trabajadores, carentes de recursos
siquiera para sobrevivir con dignidad.
Sin embargo, amparándose en la legislación cubana
e ignorantes de los principios democráticos que imperan en
sus países de origen, estas empresas realizan sus inversiones
en marcos que olvidan los principios de responsabilidad social y
ética a los que se ven abocados en sus países de origen
o en otros donde el respeto a los derechos laborales son condiciones
inexcusables para poder invertir. De esta manera, las empresas extranjeras
están perdiendo una gran oportunidad de demostrar que, más
allá de los intereses económicos que las mueven, del
enriquecimiento rápido que les supone una legislación
que viola los principales Convenios internacionales firmados por
el propio gobierno cubano y su propia legislación, son sensibles
a los padecimientos de todo un pueblo. No hay más disyuntiva
que o ser cómplice de un gobierno dictatorial o ser cómplice
de las víctimas. Sin que ello suponga en ningún caso
dejar de invertir.
Partiendo de la base de la universalidad de tales principios y conscientes
de que, a pesar de las imposiciones del gobierno cubano y de la
propia legislación cubana que ampara comportamientos poco
éticos y responsables hacia los trabajadores es mucho lo
que dichas empresas, en el respeto a la responsabilidad ética
y social que les incumbe y que fueron promulgados por la ONU en
su Pacto Mundial, pueden hacer, es necesario que los inversores
tomen conciencia de su papel histórico en una sociedad que,
sin duda, transitará hacia la democracia y del protagonismo
que dichas empresas, de no seguir colaborando con el gobierno cubano
y reconociendo y amparando los derechos humanos y laborales de los
trabajadores, internacionalmente reconocidos, pueden llegar a representar.
Afirmar que las empresas inversoras cumplen con la legislación
cubana como justificación a su política empresarial
además de ser una ironía supone ser cómplices
de las violaciones que el propio gobierno cubano realiza de los
Convenios refrendados con la OIT y que han sido denunciados tanto
por el Comité de Expertos como por el Comité de Libertad
Sindical de dicho organismo.
Realizar inversiones socialmente responsables implica respetar los
derechos humanos y laborales de los trabajadores. En un país
donde la sociedad civil es perseguida y amordazada y en el que no
están reconocidos los sindicatos libres, la responsabilidad
de mejorar las condiciones de los trabajadores que realizan su labor
en sus respectivas empresas debería devenir en un importante
objetivo. No porque las empresas sean entidades altruistas sino
porque, sin duda, en el momento de la segura transición a
la democracia, podrá reportarles mayores ventajas competitivas
que las que hoy obtienen con el acatamiento de la legislación
cubana. Sin duda, hoy, aprovecharse de la situación existente
en Cuba supone para las empresas inversoras la obtención
de máximos beneficios, pero los costes en un futuro próximo
pueden ser muy elevados. Las empresas no deberían olvidar
que tras el hoy, siempre viene un mañana.
Actualmente, la empresa no se legitima sólo en términos
económicos, ha de ganarse la confianza de quienes se relacionan
con ella y reclaman nuevos planteamientos sociales, medio ambientales
y de respeto a los derechos humanos. Las empresas no pueden vivir
de espaldas a la sociedad, ignorando sus demandas, aunque estas
sean abortadas sistemáticamente y sus derechos ignorados.
La sociedad civil en Cuba hoy no tiene poder de presión alguno
pero es previsible e inevitable que, a medio plazo, la situación
cambie y Cuba alcance a ser un país democrático cuya
sociedad sabrá reconocer los comportamientos de aquellos
que no antepusieron la obtención máxima de beneficios
al respeto y la defensa de los trabajadores. La historia demuestra
que la sociedad si no premia los comportamientos socialmente éticos
de las empresas, sí castiga los no éticos.
Asumiendo la legislación cubana, los empresarios están
perdiendo la oportunidad de mostrar su liderazgo en los respectivos
sectores en los que invierten tanto como la de convertirse en dinamizadores
del tejido empresarial. Reiteradamente, las empresas españolas
han instado al gobierno español a desvincular sus inversiones
del debate sobre los derechos laborales y humanos de los trabajadores.
Dicha propuesta es inadmisible en cualquier Estado de derecho y
supone una manifestación clara de justificación de
una política inversionista que, por otro lado, lesiona su
propia imagen corporativa. Por el contrario, es necesario instar
a las empresas a desvincular su práctica de la legislación
cubana haciendo realidad las prácticas empresariales de sus
países de origen.
En absoluto se trata de pedir a las empresas inversoras su salida
del país. Antes bien, como dijimos más arriba, su
permanencia puede significar para el pueblo cubano una mejora social
y económica siempre y cuando se imponga el cumplimiento de
los principios de responsabilidad social y ética y de respeto
hacia los Convenios de la OIT. Pero es necesario exigir que se adopten
las medidas adecuadas para mejorar las condiciones de los trabajadores
cubanos, que son, por otra parte, el eslabón más débil
y vulnerable de la sociedad y promuevan el bienestar y la dignidad
humana. De otra manera, difícilmente puedan lograr ningún
reconocimiento nacional o internacional.
Por todo ello, las empresas inversoras deberían alentar la
creación de espacios de diálogo que promuevan el compromiso
ético para con la sociedad cubana y que concilien los intereses
y procesos de su actividad empresarial con los valores y demandas
de la sociedad civil.
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MOVIMIENTO
SINDICAL INDEPENDIENTE DE CUBA
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