Obligan a exitoso parcelero a abandonar su siembra

LA HABANA, 16 de diciembre (Reinaldo Cosano Alén, Lux Info Press / www.cubanet.org) - A raíz del llamado Plan de Desarrollo de la Agricultura Urbana, promovido para ayudar a paliar la escasez de alimentos, a Ramón Salazar Infante, residente en Isla de la Juventud (antigua Isla de Pinos) se le permitió acondicionar una parcela de tierra improductiva, infestada de la espinosa planta conocida como marabú, frente al hotel La Gaviota.

Allí, en apenas dos años de duro trabajo, Salazar Infante ha podido cultivar frutales, hortalizas y variados vegetales con los que ha podido servir a la comunidad y beneficiarse él mismo. Incluso sembró frutales de injerto, lo que le permitió prontas cosechas.

"Mi labor llamó la atención de muchos, como ejemplo a seguir. En varias ocasiones recibí las visitas de dirigentes del Ministerio de Agricultura, del Partido Comunista y de la televisión local. Se me entregó un diploma de reconocimiento al mérito", expresó Salazar Infante.

"Pero también recibí una visita muy desagradable. Se personó en mi parcela la inspectora del Departamento de Planificación Física, Liudmila Domínguez, enviada por su directora Yamilé León, solicitando cierto documento de microlocalización de una casita muy rústica construida con costaneras de madera, residuos de un aserrío, con techo de guano que yo construí para el cuidado de algunos animales, sus crías, y para guardar aperos de labranza. Construcción que, según la inspectora, yo no tenía legalizada".

Dice también Salazar que él no poseía documentación del rústico inmueble por desconocer que era preciso legalizar lo que en Cuba nunca antes se hizo, y que parece un absurdo, no obstante mostrarle Domínguez los restantes documentos de usufructo del terreno entregado por el Ministerio de Agricultura, y la propiedad de su vivienda en Nueva Gerona, capital de Isla de la Juventud.

"Esto fue", expone Salazar, "para demostrar el fin utilitario de la casucha en función de la agricultura, y no como vivienda, la que poseo no lejos del lugar".

La cuestión es que la tan necesaria casita se ha convertido para Salazar en vórtice de la tormenta, pues lo obligan a abandonar su sembradío o tendrá que pagar la exorbitante multa de veinte mil pesos, respecto a lo cual ha apelado a la fiscalía municipal por creer que aquellos funcionarios están actuando equivocadamente.

"Yo entrego gratuitamente parte de mi cosecha en beneficio de una institución de niños abandonados protegidos por el Estado; también a otra casa de personas con trastornos mentales, y a un asilo de ancianos. La otra parte de la cosecha está destinada a la venta, a precios justos, en agromercados, para el consumo de la población. Si actúo tan correctamente, y siempre dentro de la ley, me pregunto: ¿Alguna sombra oscura está detrás del asunto debido a mi condición de activista de derechos humanos, para obligarme a abandonar mi siembra? Parece una especie de represión política."

Ramón Salazar Infante es miembro de la Fundación de Derechos Humanos y Fomento Territorial de Isla de Pinos, en la que ocupa el cargo de organizador.