Sin derechos

Nueva Gerona (Carlos Serpa Maceira, Lux Info Press) - Odalis Suárez Moreno, una joven residente en el Municipio especial cubano Isla de la Juventud (conocida antiguamente por Isla de Pinos), fue notificada con 400 pesos de multa por una inspectora de la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) por construir en el patio de su propiedad una cisterna para agua potable.

Además de la multa impuesta al amparo del Decreto Ley 272 del Comité Ejecutivo del consejo de Ministros de Cuba, la inspectora estatal ocupó a la señora Suárez Moreno, los documentos legales de la vivienda y facturas que justifican que los materiales utilizados en la ejecución de la cisterna fueron adquiridos en las tiendas que comercializan en pesos convertibles.

Odalis tuvo que construir la cisterna ante la falta de agua que padece la comunidad rural, Escuela de Cabo, La Demajagua, a 22 Km de Nueva Gerona, la capital municipal pinera. Otras 49 familias del lugar han tenido que construir cisternas, con el riesgo de enfrentar la represión gubernamental.

Los habitantes en el archipiélago cubano no quieren, por puro gusto, incurrir en transgresiones de la ley, máximo conociendo la falta de un estado de derecho y la nefasta historia que en materia de derechos humanos ha caracterizado al régimen de Fidel Castro.

Las personas que desafían las leyes dictadas en la nación en la rama de la vivienda se enfrentan a severas sanciones, multas tan altas, que sobrepasan el salario anual, desalojos, confiscación de inmuebles, demoliciones de lo construido y hasta el encarcelamiento.

El Decreto Ley 217, también aprobado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, impide a los cubanos la libertad de inmigrar dentro de la Isla hacia la ciudad de La Habana. Alcides Pérez Hernández, residente de Camagüey y casado, hace 3 años en la capital cubana, es un caso a destacar.

Su esposa Delfina Ramos Sánchez realizó un dictamen técnico para legalizar la estancia de su cónyuge, pero la Dirección Municipal de Vivienda de La Habana Vieja, radicó el expediente 65 del 2003, le denegó la residencia al Sr. Pérez Hernández, alegando que la casa no tiene condiciones de habitabilidad.

Sin embargo el dictamen técnico del Arquitecto no mencionó nada de eso. La promovente estableció un recurso de alzada, pero una resolución de Juan Contino, Presidente de la Asamblea provincial del Poder Popular, en la capital de La República ratificó no acceder a la convivencia de Alcides Pérez Hernández en la Ciudad de La Habana.

Muchos entendidos del tema opinaron que detrás de dicha acción existe el matiz político, ya que Pérez Hernández es ex preso político y pertenece al grupo de Apoyo al Colegio de Pedagogos Independiente de Cuba (CPIC).

El gobierno ha sido incapaz de solucionar el agudo problema habitacional del país pero tampoco permite que el cubano garantice su techo por sus propio medios. En la otrora Isla de Pinos la construcción de viviendas por medios propios está atravesando una profunda crisis.

En la región pinera actualmente están paralizadas más de 2 mil 274 licencias de construcción. Los habitantes del lugar han coincidido en afirmar que el estado prioriza la disponibilidad de recursos para las obras de la Batalla de Ideas convocada por el gobernante Fidel Castro.

En Cuba está vedado vender casas, realizar permutas por otra mayor, aunque medio lógica compensación monetaria, y también construir viviendas. En todas las ciudades y poblados cubanos son sistemáticas las escenas de desalojo, y las autoridades han tenido que enfrentar actos de desobediencia civil, protagonizados por la población en solidaridad con las familias desplazadas.

Traigo a la memoria un intento de desalojo frustrado por defensores de los derechos humanos y la población en la ciudad de Nueva Gerona, la capital municipal pinera. Ese día como periodista independiente me personé en el lugar donde la víctima de desalojo era una joven con 7 meses en estado de gestación.

La enérgica protesta de los presentes impidió que un funcionario de la Dirección Municipal de la Vivienda derribara la puerta de la casa con una mandarria de 25 libras, y la acción gubernamental no pudo ser materializada.

El gobierno castrista, dueño de todas las cosas y personas, ha impedido lo que ha llamado la guerra contra las supuestas ilegalidades en la vivienda. Muchos cubanos le han llamado a la cruzada estatal La Batalla sin Derechos, al decir del apóstol José Martí:

"Los sistemas políticos en que domina la fuerza crean derechos que carecen totalmente de justicia, y el ser vivo humano que tiende fatal y constantemente a la independencia y al concepto de lo justo, forma en sus evoluciones rebeldes hacia su libertad oprimida y esencial, un conjunto de derechos de reconquista."