Canal vía Cuba: cuando en Cuba se podía opinar

Reinaldo Cosano Alen, Lux Info Press

LA HABANA, Cuba - Diciembre (www.cubanet.org) - Cada proceso histórico tiene sus zonas de luz y de oscuridad. El toque distintivo lo da el predominio de claridad o sombras. Así fue también en la joven república de Cuba anterior a 1959, de la que el actual régimen se ocupa en destacar sólo la noche, lo tenebroso, sin ningún ornamento.

Ignora muchos momentos de gloria, como que en tan pocos años, habiendo estado deshecha por una devastadora guerra de treinta años contra el coloniaje español, alcanza demostrado desarrollo económico y social y pudo darse a sí misma la Constitución de 1940, considerada en su momento la más avanzada no sólo de Cuba, sino en todo el planeta, cuyo indeleble sello democrático y progresista aparece en la Declaración Universal de Derechos Humanos, presentada por la delegación cubana y aprobada por Naciones Unidas en 1948, de la que fue madre nutricia la Carta Magna de Cuba.

El derecho constitucional de habeas corpus -presentación del reo al tribunal- puede tomarse por otro ejemplo de derecho constitucional del pasado reciente conculcado por el actual régimen de La Habana, como lo demuestra no conceder este derecho al conocido abogado disidente René Gómez Manzano, lo que de paso, pone de relieve la supeditación del poder judicial al gobierno por razones políticas. También hace recordar que en aquella república echada abajo en 1959, el recurso jurídico de habeas corpus -enraizado en el antiquísimo legado jurídico de la Roma milenaria- hoy campantemente ignorado, fue eficazmente empleado por incontable número de opositores a la dictadura de Fulgencio Batista, mejorando sus condiciones carcelarias y aun salvando vidas de prisioneros.

La prisión de Gómez Manzano por sus ideas contrarias al régimen, y la negativa de habeas corpus imprimen al régimen sello de la peor intolerancia política y parece demostrar que no está dispuesto a permitir de ninguna manera la controversia ciudadana.

Apabullante realidad política del país que necesariamente hace retrotraer la memoria a épocas del pasado más reciente, cuando en Cuba se podía opinar incluso bajo el régimen golpista, antidemocrático de Batista.

Singular ejemplo de debate público amplio, abarcador de toda la sociedad entonces, y democrático, fue la controversia en torno al grandísimo proyecto ideado en 1912 de construcción del Canal Vía Cuba, en el que estuvo muy empeñado el gobierno de Batista, pero que no pudo concretarse.

La promulgación de la Ley-Decreto 1618 por Batista en 1954 y la creación de la empresa concesionaria "Compañía del Atlántico al Mar Caribe de Cuba, SA", conmocionó la sociedad cubana y dio comienzo a la viva discusión entre adeptos y oponentes a la ley que dividiría a la isla en dos mitades: 34 mil kilómetros cuadrados al este y 80 mil al oeste.

Parte de las razones del proyecto aparecen consignadas en esa ley: "Acortaría la distancia de navegación entre Cayo Hueso, La Florida, donde existe un enorme complejo aeronaval norteamericano y el canal de Panamá".

Estaba implícita la importante función estratégica del canal, impuesta por la época de guerra fría y la defensa de los valores democráticos y el inusitado auge del comercio marítimo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, además como importante fuente de negocios y empleos que el canal traería a Cuba.

El canal sería atravesado por unos doce buques diariamente y dispondría de una extensión de 95 kilómetros con 40 metros de ancho y 15 de profundidad, desde la Bahía de Cochinos hasta la Bahía de Cárdenas, al norte, donde se acondicionarían unas 6 millas de atraque, todo muy próximo a la famosa playa Varadero.

Ejemplo de que Cuba podía acometer tan colosal obra parece demostrarlo la ejecución del Túnel de la Bahía de La Habana, en esa misma época, entre otros ejemplos modernos y grandiosos constructivos, cuyo ritmo quedó detenido en 1959.

Tan pronto se anunció la construcción de la vía marítima, la sociedad cubana quedó polarizada. Los medios e instituciones cívicas y religiosas entraron en la lid política pacífica, destacándose la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), que convocó a un foro nacional sin banderas políticas, que como prueba de imparcialidad en los debates estuvo presidido por dos relevantes figuras de la vida nacional como presidentes de honor: el rector de la Universidad de La Habana, Clemente Inclán y el abogado Cosme de la Torriente.

Predominó la idea de que el canal marítimo pondría en juego la soberanía e integridad territorial, a pesar que se explicó, entre otras razones, que los canales de Suez y Panamá eran demostrativos de lo inexacto del concepto nacionalista esgrimido.

Las más variadas instituciones, desde sindicatos, profesionales, industriales, campesinos, de abogados, médicos, veteranos, eclesiásticos, inversionistas y partidos políticos, incluyendo afines al gobierno, participaron en el amplio debate de varios días, que comenzó el 17 de enero de 1955 en el Aula magna de la Universidad de La Habana.

Incluso, un grupo de ciudadanos presentó contra el proyecto de canal, propiamente llamado Vía Cuba, un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales. Tribunal hecho desaparecer -sin sustitución-, lo mismo que la Constitución de 1940, por el actual gobierno.

Aunque el proyecto de canal no prosperó y la Ley-Decreto 1618 no pudo ejecutarse, dejó un buen ejemplo de uso de democracia participativa y nadie fue reprimido por aquel gobierno golpista por oponerse a los designios gubernamentales. Todo lo contrario a cuantos intentos ha hecho la sociedad independiente actual por cambiar la ley desde la ley misma recibiendo tenaz represión incluido encarcelamiento.

Que a los reos no se le conceda el recurso legal de habeas corpus forma parte del mismo contexto político oficialista.