Ofensiva gubernamental contra trabajadores por cuenta propia en Palma Soriano

PALMA SORIANO, Cuba - 9 de febrero (Virgilio Delat La O, APLO / www.cubanet.org) - Desde el pasado 27 de enero se ha desatado una ofensiva gubernamental contra los trabajadores por cuenta propia en esta ciudad de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, principalmente contra los dueños de los llamados "Puntos de Venta", que son pequeños comerciantes a quienes bajo una licencia se les permite expender algunos vegetales y carne de cerdo.

El 27 de enero, en horas de la mañana comenzó a circular un rumor de que serían mandados a cerrar todos estos pequeños establecimientos públicos, que generalmente pertenecen a jóvenes que optaron por ellos como único recurso para emprender una actividad económica, lo que desencadenó toda una movilización al respecto

El lunes 30 de enero, alrededor de la 9 de la mañana unos 55 manifestantes se concentraron frente a la sede el Poder Popular municipal, sito en la calle Paquito Borrero en esta ciudad. Luego de un buen rato y al calor de la algarabía salió del interior del edificio el funcionario Terrero Matos, Jefe de Agricultura urbana del Poder Popular, con la intención de calmarlos. Alegando que la medida se debía a la necesidad de implementar nuevos mecanismos de control, ya que estos puntos de venta eran focos de ilegalidades.

La protesta subió de tono, encabezada por Ramón Mustafá, sobrino del conocido preso político palmero Alejandro Mustafá Reyes, por lo que tuvo que salir en persona Alfredo Batista González, presidente del Poder Popular municipal de Palma Soriano, quien prometió una reunión con los afectados a la 1 P.M del propio día 30.

A la hora prometida, en un salón del Poder Popular se produjo la reunión, donde Alfredo Batista ratificó la disposición de cerrar todos los puntos de venta y toda manifestación de mercado negro. Los dueños de kioscos expusieron sus razones, incluso la existencia de una mercadería ya comprada, que se iba a perder.

Ante tal situación, el funcionario en cuestión autorizó un plazo de una semana para que salieran de los productos en existencia y oficialmente, en hora de la mañana del viernes 3 de febrero quedaron clausurados todos estos pequeños negocios.

Una semana después la ciudad parece una ciudad arrasada, no se ve un vendedor ambulante, no se consigue el más mínimo vegetal, una fruta o simple turrón. La policía y los trabajadores sociales recorren sistemáticamente las calles buscando el menor indicio de actividad económica ilícita, como le llaman ellos.