Septiembre 7, 2007
Miriam Leiva
LA HABANA, Cuba - Septiembre (www.cubanet.org) - Los prisioneros de conciencia de la Primavera Negra de 2003 han sido objeto de caprichos numéricos. 5 hombres apresados en Miami y juzgados como espías del gobierno de La Habana podrían ser multiplicados por 15 e igualar 75. Entre el 18, 19 y 20 de marzo, algo más de 80 pacíficos opositores resultaron detenidos, pero no todos fueron incluidos en los juicios sumarísimos; incluso Oscar Elías Biscet, encarcelado en diciembre de 2002 después de haber permanecido 3 años en la cárcel, sólo 36 días en libertad, recibió una sanción de 25 años al añadirlo arbitrariamente a los 75. La muestra de lo que podría afrontar cualquier ciudadano si se expresaba venciendo el miedo, se unió indudablemente al ensañamiento individualizado, con particular énfasis en ciertos casos.
El destino de los 75 ha sido determinado personalmente. En Cuba, los prisioneros políticos siempre fueron tratados según conveniencia. Posiblemente en torno a los 75 se tejió la estrategia de procurar cambiarlos por los 5, exorcizar los pecados cometidos con opiniones, y en última instancia negociar internacionalmente de forma lenta y coyuntural, mientras se destruían física y mentalmente. Quizás alguno pudo ser fusilado, según sugiere la mención al Artículo 91 del Código Penal incluida en muchas peticiones de la Fiscalía. Sin embargo, quienes sufrieron tan grande represalia fueron los tres jóvenes negros que secuestraron una lancha y tomaron rehenes, aunque no se produjeron hechos de sangre.
Las condenas de los 75 a comienzos de abril llegaron hasta 28 años de cárcel. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas dictaminó en junio de 2003 que se había incurrido en detenciones arbitrarias, y Amnistía Internacional los declaró prisioneros de conciencia.
Mientras los 5 reciben visitas de amigos extranjeros, utilizan Internet, estudian, pintan, se mofan hasta del presidente Bush en caricaturas, publican poemas, se comunican por cartas y teléfonos con todo el mundo, incluido el presidente cubano públicamente, 59 de los 75 permanecen hacinados en prisión entre prisioneros comunes, muchos de alta peligrosidad; continúan con visitas muy espaciadas y no pueden comunicarse con sus amistades.
El proceso judicial de los 5, en la "capital de la mafia cubano-americana, en el imperio", como dice el gobierno cubano, ha seguido los cauces legales habituales en un sistema democrático con separación de poderes; con abogados defensores de oficio, o sea pagados por el gobierno de Estados Unidos, e incluso la participación de un hermano jurista y una letrada residentes en Cuba. Ciertamente, ha sido dilatado, como las diversas apelaciones y presentación de evidencias.
En agosto de 2007 asistieron a una nueva audiencia más de 70 abogados y simpatizantes de los 5, incluidos los doctores Ramsey Clark y Gutiérrez. Indudablemente tienen todo el derecho a procurar un debido proceso y que la justicia sea impoluta. Muchos de los presentes habían sostenido conversaciones por diversas vías y visitas a los detenidos, y la televisión cubana ha mostrado fotografías juntos. En los medios de prensa de Estados Unidos, comprendidos también los más importantes periódicos, se ha hablado del caso de los 5. Gerardo Hernández, uno de ellos, concedió una entrevista telefónica a la BBC días antes.
Los 75 contaron con juicios sumarios, de los que supieron cuando llegaban a los tribunales o poco antes; conocieron a los abogados defensores minutos antes del juicio, y no pudieron presentar testigos de la defensa; sólo asistieron tres familiares y ningún amigo o jurista nacional, ni pensar en extranjero; las sentencias fueron ratificadas en pocas horas; los dispersaron a cientos de kilómetros de distancia de sus hogares, en celdas aisladas, de castigo, durante casi año y medio; las visitas eran cada tres meses o más y aún algunos, como Víctor Rolando Arroyo permanece en tal régimen. Cada día están más enfermos y con deficiente asistencia médica. Según las decisiones hacia cada uno, comenzaron a llamar por teléfono a sus familiares, pero algunos todavía no lo pueden hacer, como los enclaustrados en la Prisión Kilo 8 de Pinar del Río, y son amenazados con la suspensión de llamadas por voluntad de los funcionarios de la cárcel. No pueden fotografiarse ni grabar conversaciones. Quienes osaron escribir sus vivencias han sufrido castigos, y represalias sus seres queridos.
Sería oportuno que los distinguidos juristas y otros participantes en las audiencias de los 5, se interesaran por las injusticias afrontadas diariamente por los 59 prisioneros de conciencia que permanecen en prisión; que los visitaran, procuraran una revisión de sus casos, y conversaran con los 12 que recibieron licencia extrapenal debido a las serias enfermedades, que padecen. Ellos permanecen en Cuba y pueden ser retornados a prisión.
Quizás esas personalidades desconozcan que Miguel Valdés Tamayo falleció en un hospital de La Habana, y que los permisos para viajar al extranjero se conceden de acuerdo con las conveniencias coyunturales del gobierno, básicamente para impresionar positivamente a la opinión pública internacional o procurar que se modifiquen las políticas hacia La Habana.
Después de un año de gobierno provisional no ha habido cambios en Cuba. Mucho menos hacia los prisioneros de conciencia y políticos. La disminución en la cifra de reos políticos es resultado de excarcelaciones por término de las condenas, pero no por rectificación de las injusticias cometidas en su contra. Resulta evidente que los gobernantes desean dar la impresión de mejoramiento de la situación de los derechos humanos cuidando de no incrementar las cifras, pero en realidad mantienen la represión personalizada tanto en las cárceles como hacia los opositores.
Es impresionante escuchar las voces de los presos, firmes desde las prisiones durante las breves y muy espaciadas conversaciones telefónicas. Aunque esperan se haga justicia con una liberación incondicional y agradecen la solidaridad internacional, recalcan que nunca sacrificarían su dignidad.
