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Octubre 2, 2007

Crisis habitacional en Cuba: Una tragedia inconclusa

Jorge Olivera Castillo, Sindical Press.

LA HABANA, Cuba – Sep. (www.cubasindical.org) - Que el socialismo en Cuba se mantenga en pie no es motivo para el asombro.

Miles de edificaciones aún mantienen su verticalidad a pesar de su pésimo estado. Tienen barreras de contención. Talanqueras que evitan el derrumbe, hasta un día.

El sistema creado por los bolcheviques y aderezado con recetas autóctonas durante su largo peregrinar por medio mundo se sostiene, en el Caribe, a golpe de estadísticas y muchas promesas regularmente incumplidas.

Con casi medio siglo de existencia, el socialismo real en la isla refleja más dudas y penas que glorias. Basta con iniciar un bosquejo por la problemática de la vivienda para sumergirse en un mundo kafkiano y lejos de cualquier solución a corto plazo.

Según datos dados a conocer por el Instituto Nacional de la Vivienda, el 43 % del fondo habitacional del país se encuentra en condiciones que van de regulares a malas.

Otra referencia que sirve para darle claridad al desastre es el creciente número de cuarterías y ciudadelas.

De acuerdo a la entidad gubernamental, el estimado de los referidos asentamientos es de un 8 %. Ambas cifras no ofrecen garantías de credibilidad. La tergiversación de datos ha sido y es una práctica muy extendida dentro de la “revolución”. El desastre podría ser mucho mayor.

La imagen más común en el entorno capitalino parece extraída de un conflicto bélico. Paredes carcomidas, dotaciones de escombros y basura por doquier, ríos de aguas albañales, inmuebles semiderruidos con familias dentro más cerca de la muerte que de una solución razonable.

En el cuatrienio 1993- 1996 colapsaron en el país 5 381 edificios. Hoy, a pesar de las dificultades para una actualización de la debacle, se puede asegurar que el panorama es el mismo o quizás peor. En aquel período se calcularon en unas 72 000 las personas reubicadas en casas de parientes o en albergues colectivos del gobierno a causa del derrumbe de sus inmuebles.

Después de 11 años, el número de afectados podría sobrepasar los 100 000. En esta etapa no ha habido planes constructivos de envergadura, ni acciones de restauración de loables índices cualitativos. En la mayoría de los casos los arreglos se han circunscrito a las fachadas.

El predominio del estado en esta esfera ha favorecido la ineficacia y el crecimiento de una crisis que lejos de atenuarse mantiene niveles preocupantes. Aunque existen licencias para que las personas construyan sus propias casas, esto no tiene un gran impacto entre las decenas de miles de necesitados. Además, la incidencia de las regulaciones burocráticas y el desabastecimiento de materiales, obligan finalmente a desentenderse del proyecto. Los desvíos de recursos hacia el mercado negro con el natural aumento de los precios determina que la efectividad de los planes sea ínfima.

Muy pocos llegan a convertir en realidad sus aspiraciones a no ser que paguen a funcionarios corruptos y vendedores ilegales.

Las medidas populistas tomadas en los comienzos del proceso revolucionario, entre las que se cuentan la entrega de viviendas a los sectores más pobres y el pago de rentas simbólicas, fue una táctica para ganar apoyo popular. A casi 50 años de aquellas regalías, la felicidad se diluyó en una tragedia nacional.

El derecho de propiedad de los inmuebles, prácticamente no existe. En su mayoría son arriendos que dejan al estado en la posesión real. Las permutas son posibles a través de extenuantes laberintos burocráticos. Y si el arrendatario muere o decide abandonar el país lo más probable es que tenga que entregar la vivienda a las autoridades municipales que atienden el sector. Solo pueden heredar el patrimonio inmobiliario los familiares cercanos, previa demostración de haber vivido 10 años consecutivos en la casa.

Por otro lado, con tal de detener las tensiones provocadas por el déficit habitacional, actualmente calculado en más de 600 000 unidades, el régimen ha adoptado medidas como la ley de Migración Interna promulgada en 1997. A través de esta disposición la policía puede deportar a las personas que vivan fuera de su territorio.

Ningún cubano está autorizado a vivir permanentemente en un inmueble cuya dirección no sea la que tiene en su carné de identidad. Miles de ciudadanos han sufrido el traslado forzoso a sus lugares de origen en condiciones humillantes. Multas, maltratos de palabra y hasta golpes se añaden a los castigos por transgredir las normas establecidas. Existen casos, delación mediante, que un esposo ha tenido que abonar altas sumas de dinero, acusado de pernoctar en el domicilio de su pareja. Insólito, pero terriblemente cierto.

Al margen de deportaciones, aplicadas con sumo rigor en la Ciudad de la Habana donde el problema habitacional adquiere signos de catástrofe, nada va cambiar a corto y mediano plazo.

Cuba es hoy una suma de desastres. Una isla al borde del colapso total. Un país empotrado en las redes de la marginalidad sin una estrategia de salvación creíble y eficaz. Los edificios que caen, sus inquilinos en el desamparo, las ilusiones perdidas.

Bajo estas circunstancias y muchas otras yace el socialismo. No hacen falta cristales de aumento para ver el cadáver bajo el polvo de la historia.

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