Mayo 18, 2009
Jorge Olivera Castillo, Sindical Press.
LA HABANA, Cuba - Mayo (www.cubasindical.org) - El terror en Cuba tiene otros tres años de gracia. Ahí está el Consejo de Derechos Humanos para proporcionar los trajes de bondad, las máscaras de nobleza y unos guantes blancos para ocultar las manos de hierro con que se impone el silencio y la obediencia en todo el país.
Hace unos días Cuba fue reelecta como miembro pleno de la institución. Nuevamente el camino libre para la impunidad y el acoso, para la extorsión moral de la sociedad y el encarcelamiento de quiénes se salgan del redil.
No tienen de qué preocuparse los victimarios. Han obtenido los votos y los aplausos de cómplices y pusilánimes. Por eso la euforia en la prensa local y en los círculos de poder de donde parten las órdenes para proscribir proyectos y personas que no comulgan con la ideología comunista.
¿Dónde está la credibilidad de un organismo hipotéticamente creado a partir del descrédito de su antecesora Comisión de Derechos Humanos?
¿Cómo es posible que se reelija a un gobierno que trata a sus prisioneros políticos como bestias, que impide la libre entrada y salida del país de sus ciudadanos y que no permite el disfrute de la libertad de reunión, de asociación, ni de credos, entre otros derechos fundamentales?
Más que una rectificación de los anteriores errores sobran las evidencias para decretar el continuismo.
Lejos de adoptar posiciones sustentadas en criterios universales en cuanto a derechos y libertades ciudadanas, se repite el esquema de la politización a ultranza. Es decir que los favores se reparten a instancias del perdurable enfrentamiento entre los países pobres y los desarrollados. El trasfondo para colocar los votos, a favor o en contra, continúa basado en principios sin puntos de contacto con la imparcialidad y el espíritu crítico sin las manchas del prejuicio.
Los valores democráticos, a cumplir por cada nación miembro, quedan a merced de una relativización que malogra la efectividad de los mecanismos creados para monitorear y cuestionar las violaciones relacionadas con los preceptos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Este escenario favorece a los estados parias que logran explotar al máximo un complicado diseño de reglas e instrumentos legales por medio de los cuáles llegan a diluir los cuestionamientos, posponerlos indefinidamente y hasta hacerlos desaparecer de la agenda.
El caso cubano es un fiel ejemplo de esto último. En más de diez ocasiones el gobierno de la Isla fue sentado en el banquillo de los acusados durante el mandato de la predecesora Comisión de Derechos Humanos. Esto resultó en una repetición banal sin reflejos prácticos. El régimen de La Habana hizo caso omiso y aún persiste, bajo la relativamente nueva entidad, en conservar su estatus dictatorial.
Con la reelección que le proporciona un escaño hasta el 2012, quedan respondidas muchas preguntas en torno a la deseada efectividad de este organismo internacional.
Indudablemente es más de lo mismo.
Los violadores consuetudinarios duermen tranquilos. No tienen de qué preocuparse. Cuentan con suficientes amigos para que dinamiten una probable condena o transformen los reproches en fugaces señalamientos.
Esas realidades amparan a los malhechores y aumentan la precariedad de las víctimas. Presumo que las cosas no van a cambiar en los años venideros. El peligro de ir a la cárcel por ejercer el periodismo independiente, recibir una soberana paliza por parte de grupos parapoliciales a causa del activismo prodemocrático o enfrentar la expulsión del trabajo por manifestar alguna discrepancia de naturaleza política, todo esto aparece en la nómina de probabilidades.
Los más de 200 presos políticos y de conciencia que hay en Cuba, siguen ahí sobreviviendo sobre la delgada línea que separa la vida de la muerte. Esta reelección es, sin dudas, un veneno para sus esperanzas.