Octubre 27, 2009
Reinaldo Cosano Alén, Sindical Press
LA HABANA, Cuba – Octubre (www.cubasindical.org) - En el año 2004, el Estado tuvo deudas con productores privados y estatales cercana a los 192 millones de pesos. En 2008 hubo una ligera reducción de esa deuda.
La deuda ha aumentado el presente año, el débito rebasando los dos millones.El productor agropecuario se siente engañado y razones tiene.
¿Quién entiende que un Estado que hace uso de todos sus poderes y control compre y no pague? O no pague a tiempo por falta de gestión institucionalizada y contumaz burocratismo.
El grave problema salpica a unos cuantos ministros que tratan de limpiarse de salpicaduras.
El veterano presidente de la Asociación Nacional de Agricultores pequeños (ANAP), Orlando Lugo Fonte, afirma que existen todas las condiciones para comprar y pagar a los productores agropecuarios en todo el país.
Entonces ¿por qué la astronómica deuda? ¿Estará equivocado el presidente de la ANAP?
Por otro lado, el ministro de la Agricultura General Ulises Rosales del Toro dijo: “Debemos admitir la falta de responsabilidad, a la que no escapan la delegaciones provinciales de la Agricultura, el gobierno local y el propio Ministerio (de la Agricultura) que debe seguir con rigor y cuidado el proceso (de impagos) y supervisarlo''.
Buena catilinaria.
El otro renglón agrícola importante del sector, el Ministerio del Azúcar, tiene también sus pecados de comprar y no pagar como Dios manda.
Declaraciones oficiales admiten que se miente deliberadamente en los informes y se falsean documentos para ocultar la permanente cadena de impagos.
Hay denuncias periódicas y anuncios de medidas de control para evitar el descontrol financiero, pero todo queda en la cresta de la ola. Al parecer la cadena tiene bien soldados sus eslabones y ministros y otros altos funcionarios de la Agricultura están bien pegados a sus asientos ejecutivos.
Se aprecia mejor lo dicho en este colmo de desinterés por el dinero ajeno bien ganado en las reuniones para evitar los impagos, lindamente llamadas de conciliación.
Tienen fecha fija, están dirigidas por los Consejos de las Administraciones (gobierno) municipales y provinciales, y si estos tuvieran que faltar los sustituyen los vicepresidentes; tienen que estar presentes todos los representantes de ministerios u organismos involucrados.
Pero, a pesar del carácter obligatorio, muchos se justifican y faltan. Peor aún, convocan a otra reunión ese mismo día y hora y para colmo de colmos hasta en lejano territorio, y relegan el grave problema del pago puntual.
No es sólo no pagar.
Otros calvarios espinosos tienen que recorrer los productores agrícolas, que lastran la tan necesaria producción de alimentos, como pérdidas de cosechas sin compensación por problemas no achacables al agricultor sino al Estado centralizador, quien, por falta de transporte o envases, y por la obligación lastrada con penas judiciales e institucionales de vender sólo al Estado, causa que la mercancía quede abandonada en los campos.
A pesar de los riesgos –incluidos cárcel y confiscación- los productores prefieren vender a intermediarios privados: les compran toda la mercancía a mejor precio, no tienen que esperar por el transporte ya que dispone de vehículos y envases propios, y compran cualquier cantidad, a diferencia del Estado que no admite mercancías de sobreproducción, sólo la convenida un año antes.
La compraventa entre agricultor e intermediario salta el engorroso y perjudicial burocratismo. El intermediario compra y paga al momento en transacción limpia y fácil.
Ese embrión neoliberal en la agricultura y el comercio estremece los fundamentos del régimen y está declarado ilegal. El agricultor al actuar independiente enfrenta batidas policiales con detención, prisión, elevadas multas y confiscación de tierras y equipos de labor y de transporte.
