Julio 20, 2010
LA HABANA, Cuba, 20 de julio (Daniela Navarro, Ceiba Press / www.cubanet.org) - Aduana Postal y Envíos, entidad perteneciente a la Aduana General de la República (AGR), impuso a la abogada y periodista independiente, Laritza Diversent, una sanción administrativa sobre un envío precedente de los Estados Unidos, apelando a la Resolución de Decomiso No. 978, emitida el 8 de junio de 2010.
En la resolución, Raimundo Pérez, inspector de control de aduana, incautó artículos, en su mayoría de aseo, sanitarios y de oficina, alegando que, al realizar la inspección física detectó que éstos atentaban contra los intereses generales de la nación.
La Resolución No. 5 de la AGR, vigente desde 1996, permite la aplicación, dentro del territorio nacional, del convenio internacional sobre la represión de la circulación y trafico de publicaciones obscenas, y la importación de ?cualquier objeto cuyo contenido sea considerado contrario a la moral y las buenas costumbres, o que vayan contra los intereses generales de la Nación?. Dispone, además, que los productos decomisados se entreguen al organismo correspondiente del Ministerio del Interior.
La disposición gubernamental fue aplicada en meses anteriores, cuando se decomisaron envíos procedentes desde el extranjero, a varios disidentes, entre los que se encuentran la periodista independiente Aini Martín, la opositora Yusnaimy Jorge Socar, y la creadora del blog Generación Y, Yoani Sánchez.
El pasado 13 de julio, Diversent recibió un sobre remitido por la entidad aduanera, que contenía la referida Resolución y 4 actas de retención y notificación, a través del servicio de Correos de Cuba. Los documentos contenían una relación de los artículos incautados.
Entre los productos se menciona un MP3, una cámara fotográfica, purificadores de agua, un sacapuntas, globos, bolígrafos, lápices, plumones, varias libretas de notas, crayolas, jabones, máquinas de afectar desechables, un cepillo y pasta de dientes, desodorante, servilletas, vendas elásticas y esparadrapo.
Diversent calificó de improcedente la imposición de la sanción administrativa de decomiso, y dijo a esta reportera: “Los productos son de uso doméstico y cotidiano y se encuentran a la venta en los establecimientos comerciales estatales y en tiendas recaudadoras de divisas. El funcionario no explicó qué criterios tuvo en cuenta para determinar que los artículos confiscados atentan contra los intereses de la nación”.