Mayo 10, 2012
Ileana Fuentes. El Nuevo Herald, 9 de mayo de 2012.
En mala hora compré los primeros libreros ensamblables en el recién inaugurado IKEA de New Jersey justo en 1989, año en que la empresa sueca firmaba acuerdos con el gobierno de Cuba para la producción de muebles en la isla usando mano de obra penal. ¿Inocentes los empresarios de IKEA? ¡Qué va! Para 1989 ya en Europa se consideraba inmoral el empleo de presos –judíos indefensos– en la Alemania nazi. [Que le pregunten a la Mercedes Benz]. En plena luna de miel con el castrismo de la Suecia de Olof Palme, IKEA fue a buscar mano de obra barata al séptimo círculo del planeta.
El Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, prohíbe el uso de presos en la fuerza laboral. Cuba y Suecia son signatarias del documento, lo que no impidió el negocio lucrativo anclado en la ilegalidad. Según la empresa, los muebles no sirvieron y cancelaron el acuerdo. No me da pena ninguna la mala idea de IKEA.
La noticia se destapa recién celebrado el Día Internacional del Trabajo, que en Cuba se observó con desfiles de trabajadores que dijeron “¡Presente!” para no quedar como desafectos. ¿Qué puede celebrarse en un país donde el salario mínimo es de 400 pesos –17 dólares– mensuales, y aun el máximo –700 pesos, 29 dólares– está por debajo del nivel de la pobreza: $1.25 diarios, $37 al mes?
¡Qué burla, cuando no se tiene derecho a la sindicación según garantiza el Convenio 98 de la OIT, que también garantiza el derecho a la negociación colectiva! ¡Qué atraco, cuando los cubanos no gozan del derecho a huelga que protege el Convenio 87, ni de la protección del Convenio 111 contra la discriminación y el despido por razones políticas!
En el caso IKEA, ambos países violaron los Convenios 29 y 95. El primero estipula que el individuo tiene derecho a seleccionar libremente su trabajo, y aclara que “el trabajo obligatorio de prisioneros para empresas privadas no es compatible con el Convenio”. Añade: “los contratos de cesión de mano de obra penitenciaria a empresas privadas corresponden en todos los aspectos a lo que se prohíbe en el artículo 2, 2), c), es decir, que una persona sea ‘cedida’ a una compañía privada”.
Documentos complementarios indican que “…el contexto de mano de obra cautiva, que no tiene la opción de acceder al mercado de trabajo o a consentir libremente a una forma de empleo, ni a protecciones de seguridad social, contraviene el Convenio”. La población penal cubana constituye en este caso “mano de obra cautiva”, porque claramente, la entidad gubernamental cubana que le “contrató” el trabajo obligatorio de los presos a la corporación extranjera IKEA fue el Ministerio del Interior.
Con respecto al Convenio 95, que obliga a la contratación directa del obrero y al pago directo de su salario, sin intermediarios ni descuentos, no sólo IKEA sino todas las empresas extranjeras en contratos bilaterales con Cuba –las llamadas empresas mixtas– lo violan. Las empresas mixtas contratan al trabajador cubano a través de la empresa empleadora oficial CUBALSE, y pagan los sueldos de cada empleado a dicha empresa, en divisa. Los obreros cubanos reciben de CUBALSE entre el 5 y el 10 por ciento de ese salario, en la devaluada moneda nacional; Cuba retiene entre el 90 y el 95 por ciento del salario de cada trabajador en empresa mixta. Estas violaciones de lo que la OIT denomina “protección salarial” se han denunciado ante la OIT durante años, y permanecen impunes.
He comprado muchos muebles en IKEA. Pero no compro ni uno más –y necesito urgentemente un escritorio– hasta que IKEA no compense de alguna manera su abuso y ofensa para con los cubanos. Que la Asociación de Ex-Presos Políticos Cubanos, o la organización Plantados hasta la libertad y la democracia, o el GIRSCC (Grupo Internacional por la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba) exijan a IKEA una indemnización que sustente la ayuda por unos cuantos años a las familias de los presos políticos cubanos, y de presos que injustamente cumplen condena por sacrificar una vaca o robarse un saco de cemento, o cualquier otro crimen de supervivencia por lo que un cubano o cubana de a pie va a la cárcel en el paraíso socialista. Digamos $250,000 al año durante 5 años. Si es necesario, yo los ayudo a presentar la “propuesta” ante IKEA-USA.
Autora feminista cubana que reside en Miami y aboga por la equidad de género y los derechos civiles de todos los cubanos.
cubanas@aol.com
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