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Mesa amenazado por nueva crisis
social tras paro del transporte en Bolivia
Yahoo! News.
LA PAZ, 4 enero (AFP) - El presidente de Bolivia, Carlos Mesa,
afrontaba la explosión de una nueva crisis social, con amenazas
de huelgas y corte de rutas, tras un paro del transporte público
este martes contra un impopular alza de precios de los combustibles.
La unitaria Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores cívicos
y empresariales anunciaban reuniones por separado para definir medidas
contra el incremento de precios de la gasolina decidido por el Gobierno
a fines de 2004.
El sindicato campesino del jerarca aymara Felipe Quispe, cuya fuerza
radica en el Altiplano de La Paz, amenazó, por ejemplo, con
un corte de rutas, mientras los maestros de la educación
pública con un boicot al inicio de clases en febrero próximo.
El gremio del transporte, que cumple un paro de 24 horas este martes,
podría decretar en tanto una huelga nacional indefinida si
no alcanza acuerdos con el Gobierno respecto a los nuevos precios
de la gasolina, advirtió el dirigente del sector, Angel Villacorta.
La Confederación de Chóferes, que aglutina a asalariados
y propietarios, pretende que se anule la suba de precios de los
combustibles o definir, como "una de las últimas posibilidades",
el aumento de las tarifas del transporte público.
El Gobierno se apresta a iniciar negociaciones, "en términos
de ajustes tarifarios", con la Confederación de Chóferes,
según el viceministro de Transporte, Mauricio Navarro.
La Superintendencia de Transportes anunció de su lado que
fijará esta semana nuevas tarifas con un método, vigente
desde 1999, que pondera factores que inciden en el costo global
de operaciones.
No obstante, en la mayoría de las ciudades bolivianas los
reajustes unilaterales entraron en vigor el lunes.
El paro del transporte público tuvo en general escasa acogida
en el país, según imágenes de la televisión
y autoridades.
Las protestas sociales se intensificaron luego de que el gobierno
decretara el 30 de diciembre un aumento de 10% del precio de las
gasolinas y del 23% en el del diesel (gasóleo).
Una inmediata repercusión de la medida fue el alza de precios
de artículos de primera necesidad y el anuncio de ajustes
en los del pan y la carne, a pesar de que en Bolivia rige desde
1985 un sistema de libre mercado.
Con el propósito de frenar el contrabando a países
vecinos por los precios bajos, el Gobierno decidió poner
fin a la subvención del precio de la gasolina y el diesel.
El Estado boliviano subvencionó durante los últimos
ocho años los dos combustibles y el gas licuado, cuyo precio
permanece congelado. Sólo en 2004 destinó más
de 90 millones de dólares a ese rubro y tenía previsto
gastar unos 60 millones el presente año.
La impopular medida generó además pedidos de renuncia
del presidente Carlos Mesa por parte de sectores sindicales de La
Paz y Santa Cruz, a los que se sumaron algunos representantes cívico-regionales
y empresariales.
Ante esas demandas públicas, el ministro de Gobierno (Interior),
Saúl Lara, afirmó que "podemos entender que se
trata de una conspiración que se está encarnando,
toda vez que hay sectores políticos que se están expresando
con nombre y apellido en una situación que no puede entenderse
sino de esa forma".
Lara responsabilizó de esos pedidos a "gente ligada
al MNR", el partido del ex presidente Gonzalo Sánchez
de Lozada, derrocado por la presión popular en octubre de
2003.
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