17 de enero de 2005
 

 

Avalancha de protestas contra la dolorosa reforma social de Putin

Unión Radio, Venezuela, 15 de Enero de 2005.

EFE - Una avalancha de protestas de jubilados en defensa de sus beneficios sociales suprimidos sacudió toda Rusia esta semana en la primera muestra del descontento popular con la política del presidente Vladímir Putin.

"Putin: !Los pensionistas no somos perros!", rezaba una pancarta esgrimida por centenares de ancianos reunidos ayer ante el Palacio Smolny, sede del ayuntamiento de San Petersburgo, en espera del jefe del Kremlin, quien recibía al presidente alemán, Horst Koehler.

Al igual que miles de otros jubilados y veteranos de guerra por todo el país, esos ancianos protestaban contra una nueva ley que acaba de sustituir los beneficios sociales para los más pobres heredados de la época soviética por exiguos subsidios en metálico.

Hoy, unos 2.000 jubilados se congregaron ante la administración de Jimki, ciudad satélite de Moscú, para reclamar la devolución a los más desprotegidos de los privilegios suprimidos, como transporte gratuito, descuentos en los servicios comunales y atención médica.

Mítines similares, autorizados o espontáneos, se sucedieron por decenas de pequeñas y grandes ciudades del país, en algunos casos con cortes de carreteras para atraer la atención de las autoridades.

En todos esos lugares las autoridades movilizaron a la policía, pero en ningún caso se reportaron incidentes, tal vez porque muchos agentes comparten los sentimientos de los manifestantes, pues a ellos mismos esa ley los privó del derecho al transporte gratuito.

Los pensionistas desesperados denuncian que en vez del derecho al transporte gratuito ahora reciben "compensaciones" en metálico de 50 a 250 rublos (entre 2 y 10 dólares) mensuales, que apenas alcanzan para contados viajes y en muchas ocasiones ni siquiera se pagan, por la grave escasez de fondos en los raquíticos presupuestos locales.

La nueva norma también afecta a minusválidos, madres solteras, familias numerosas, veteranos de guerra, víctimas de catástrofes y otras categorías de los 30 millones de habitantes, la quinta parte del total, que viven por debajo del nivel oficial de pobreza.

Un grupo de jubilados envió por correo 90 rublos (3 dólares), el equivalente de sus "compensaciones" de transporte, a Borís Grizlov, el presidente de la Duma y líder del partido del Kremlin, Rusia Unida, que con mano firme aprobó la polémica ley en agosto pasado.

Muchos expertos coincidían en la necesidad de una reforma del viejo y poco eficaz sistema de beneficios sociales, pero el Kremlin optó por la variante más radical de los recortes y sin crear los mecanismos para la denominada "monetización de los privilegios".

Las protestas tomaron desprevenidos a los autores de la ley, el Gobierno y la Duma, que responsabilizaron del descontento popular a gobernadores regionales y a la prensa, que "instiga las pasiones" en vez de "explicar a la población la esencia de la nueva norma".

La ley que compensa en metálico las garantías sociales "es justa y correcta", pues concede "ventajas adicionales", insistió Grizlov, para quien lo que falló son los mecanismos de su aplicación en las regiones.

Aún así, la Duma se negó en dos ocasiones a celebrar antes del próximo viernes una sesión especial dedicada a la reforma, lo que ayer llevó a la minoritaria oposición comunista a amenazar con planear un voto de censura al Gobierno.

El diputado comunista Vladímir Kashin recordó que la normativa fue aprobada a instancias y con los votos de Rusia Unida y señaló que el PC previsiblemente exigirá "la dimisión del Gobierno, como autor de la nueva ley que ha saqueado a tantos habitantes".

Para paliar la situación, una delegación de Rusia Unida se reunió con varios ministros y gobernadores para acordar que en las regiones donde no hay dinero para las compensaciones se restablezca provisionalmente el transporte gratuito.

También se acordó que la pensión mínima, que el Gobierno planeaba subir en un 5 por ciento a partir de abril próximo, se elevará ya en febrero y en un 15 por ciento, es decir de 660 a 760 rublos (de 23,6 a 27,2 dólares).

El Gobierno -que gracias a los altos precios del crudo obtuvo en 2004 miles de millones de "petrodólares" que no esperaba-, accedió asimismo a compensar desde agosto, y no desde el año que viene, la desvalorización de los subsidios mensuales a causa de la inflación.

Hasta el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Alexis II, elevó su voz para exigir "una política social justa y eficaz", y la oficialista Federación de Sindicatos Independientes amenazó con "protestas masivas" si el Gobierno no revisa la nueva ley.

Altos cargos del Interior y el jefe de la Fuerza Aérea, Vladímir Mijáilov, advirtieron sobre el descontento que provoca la supresión del transporte gratuito entre los agentes y oficiales.

Mientras, un catedrático de la Universidad de San Petersburgo presentó la primera demanda contra el Gobierno y la nueva ley según una norma legal que prohíbe empeorar las condiciones de vida de los beneficiarios de los privilegios sociales.

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