Agosto 30, 2007
Santiago. DPA. El Comercio, Chile, 30 de agosto de 2007.
La multitudinaria protesta sindical contra la política económica de la presidenta socialista Michelle Bachelet desnudó las fisuras políticas que genera el modelo económico chileno en la propia coalición de Gobierno.
La movilización fue apoyada en las calles por senadores y diputados oficialistas, que exigieron la remoción del ministro de Hacienda, el independiente Andrés Velasco. Incluso el secretario general de la Presidencia, José Viera Gallo, dijo que iría a las marchas si supiera que no habría desmanes.
En tanto, desde el Ministerio de Interior se bajó el perfil a las protestas y se emitió comunicados internos hablando de normalidad, pese a los detenidos y el corte de calles aledañas al Palacio de Gobierno. Bachelet pidió “diálogo y no presiones”, para encarar las reformas al sistema económico que a juicio de las federaciones laborales concentra la riqueza en pocos.
De hecho, Chile elevó a USD 10 000 su ingreso per cápita desde el retorno a la democracia en 1990 y redujo de cinco a dos millones el número de pobres.
No obstante, aún hoy el cuatro por ciento más rico acapara un quinto de la riqueza nacional, según cifras oficiales. Dicha situación y la proyectada acumulación de excedentes fiscales por sobre los USD 40 000 millones para 2010 impulsaron fuertes demandas sociales en el último año y medio, justamente el período que lleva Bachelet en el poder.
En las últimas semanas miles de trabajadores forestales, mineros y agroindustriales impulsaron protestas contra sus condiciones laborales, lo que derivó en la huelga de ayer, liderada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
El presidente de la CUT, el socialista Arturo Martínez, dijo que los trabajadores salieron a la calle, para “manifestar su disconformidad con el capitalismo salvaje que se instaló en Chile”.
La crítica apunta especialmente a la ley laboral y a las dificultades que encuentra la sindicalización en Chile, que no supera el 10%.
En el empresariado, las continuas críticas desde el oficialismo hacia el modelo de desarrollo generan preocupación. El presidente de la patronal Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfredo Ovalle, calificó la jornada como un “día perdido para la producción”.
Bachelet deberá ahora definir adónde avanzan sus futuras medidas económicas, en un ambiente tensionado entre quienes creen que no es sostenible mantener las actuales desigualdades y otros que vinculan el éxito del modelo chileno a su continuidad.
Ayer, ella afirmó que en su Gobierno los trabajadores siempre podrán expresar sus demandas y sus derechos pero pacíficamente. “Eso sí, hay un límite y quiero que todos lo entiendan muy bien”, afirmó Bachelet en alusión a los actos de violencia.
A la protesta adhirieron unos 20 gremios, entre ellos los profesores, médicos y trabajadores de la Salud, estudiantes y los empleados públicos, entre otros.
Un senador golpeado
En la jornada de ayer fueron detenidas 350 personas, según la televisión estatal, y un senador oficialista fue golpeado y herido en la cabeza por un Policía.
El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, en un balance dijo a la prensa al mediodía que “todo está funcionando normalmente” en el país, a pesar de la protesta.
La protesta fue convocada por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, que había anticipado que sería la mayor manifestación de descontento hacia el Gobierno.