Noviembre 26, 2009
Asunción, 26 nov (EFE).- Varios miles de campesinos paraguayos y grupos afines al Gobierno protestaron hoy ante la sede del Congreso en Asunción contra los recortes sociales del Proyecto de Presupuesto para 2010, que en parte fueron restituidos hoy por el Senado.
Los campesinos, que fueron convocados por el denominado Espacio Unitario Congreso Popular (EUCP), pernoctaron en la víspera en varias plazas asuncenas antes de marchar este jueves hasta la sede del Congreso.
El jefe del departamento de Orden y Seguridad de la Policía, el comisario Blas Arias, dijo a periodistas que la movilización se desarrolló sin incidentes.
La manifestación, que congregó a unas 5.000 personas según la Policía, o el doble de acuerdo con los organizadores, se llevó a cabo en momentos en que la cámara alta analizaba el Proyecto de Presupuesto General de Gastos de la Nación para el año 2010, que ha sido objeto de una serie de recortes en el área social por la Comisión Bicameral que previamente lo estudió.
Los campesinos aseveraron que esas reprogramaciones presupuestarias perjudicarán los planes de la Secretaría de Acción Social (SAS), el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), organismo encargado de la reforma agraria, y la Secretaría de Emergencia Nacional.
No obstante, los senadores aprobaron hoy la restitución de unos 20.000 millones de guaraníes (4,2 millones de dólares) para la Secretaría de Acción Social, cuyos programas de asistencia habían sufrido un recorte de 130.000 millones de guaraníes (unos 27 millones de dólares) en el Legislativo.
También el Indert fue beneficiado con la restitución de 40.000 millones de guaraníes (unos 8,4 millones de dólares).
Las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto volverán a la Cámara de Diputados para su eventual ratificación o modificación.
El senador Alfredo Jaeggli, detractor del jefe de Estado, Fernando Lugo, en el oficialista Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), justificó esos recortes al acusar de que la SAS emplea sus recursos para fines políticos.
El legislador, que presidió la Comisión Bicameral de Presupuesto, dijo que ese organismo favorece grupos oficialistas y minoritarios de izquierda en un proyecto de entrega condicionada de recursos a familias del centro y noreste del país, donde tienen sus bases el grueso de las agrupaciones sociales que apoyan a Lugo.
Por su parte, el mandatario opinó en una entrevista concedida a Efe en la víspera que los gastos sociales del Gobierno "están siendo mutilados" en el Legislativo, de mayoría opositora.
Aseveró, además, que esas disposiciones afectarán a los "más pobres" del país, aunque reconoció que el análisis del proyecto de Presupuesto continuará y que "todavía se puede conversar" al respecto.
Estos recortes contaron con el apoyo de algunos parlamentarios del PLRA, que secunda tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados al opositor Partido Colorado.
El dirigente campesino, Elvio Benítez, allegado del presidente del país, expresó, a su vez, durante su alocución ante el Congreso que se debe "eliminar a los enemigos" del cambio proyectado por Lugo, cuya elección en los comicios generales del 20 de abril del 2008 puso fin a 61 años de Gobierno del Partido Colorado.
Indicó también que a esos enemigos se los debe derrotar "con reforma agraria" y con políticas sociales.
Los campesinos, además de exigir la reposición de los recursos, exigen ser tenidos en cuenta en el proceso de elaboración del presupuesto público para el año 2011.
Al respecto, el gobernador del departamento de San Pedro (centro), el liberal José Ledesma, también allegado a Lugo, afirmó ante la sede del Congreso, donde ofreció su apoyo a los manifestantes, que "el pueblo quiere ser participe y protagonista del cambio y por eso hoy están reclamando algo que los afecta directamente".
Por otra parte, el Senado rechazó hoy el aumento salarial del 10% para los jueces y funcionarios del Poder Judicial, compromiso que había hecho Jaeggli en el marco de las negociaciones que concluyeron el día 17 pasado con el levantamiento de la huelga que ese sector llevó a cabo durante más de veinte días.
Al respecto, Porfiria Ocholasky, dirigente del Sindicato de Funcionarios Judiciales, que agrupa a unos 4.500 empleados, anunció que analizarán este viernes una eventual medida de fuerza para exigir el cumplimiento de la promesa.
La cámara alta también aprobó el plan de gastos para el año próximo de la Presidencia, el Congreso, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Vicepresidencia. EFE
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