Condiciones de trabajo y el derecho laboral en Cuba

Por Jerry Haar

Dentro del variado cuadro que presentan las condiciones de trabajo y los derechos laborales en las Américas, no hay país en el hemisferio en el que sean peores que en Cuba. Una rápida revision de los indicadores laborales, el cumplimiento con acuerdos internacionales, y la situación de incluso los trabajadores más afortunados -los que trabajan para empresas extranjeras- presentan un panorama sombrío.

Aunque el gobierno cubano afirma que ha reducido el desempleo de un 7.9% en 1995, a un 3.3% en 2002, el examen detallado de las estadísticas sociales y laborales sugiere fuertemente que la razón para este declive es el "desempleo escondido": los que están desempleados, más los trabajadores que han sido despedidos y que reciben compensación. De hecho, la tasa de desempleo de 3.3% fue calculada tomando como empleados al 94% de los 100,000 trabajadores azucareros despedidos en 2002 que estaban estudiando, así como a los 320,000 trabajadores agrícolas urbanos (por ejemplo, aquellos que cultivan verduras a tiempo parcial). Excluyendo estos dos grupos, el desempleo se aproxima al 12%. Para aquéllos que están empleados, los salarios reales han disminuido en un 50% desde 1989, y el salario promedio equivale a US$10 al mes. Los trabajos mejores son los de la industria del turismo, hacia el que se orientan muchos profesionales y estudiantes que han abandonado la Universidad.

Las medidas que se tomaron en 1990 para liberar parcialmente la economía (por ejemplo, permitiendo a los granjeros vender parte de su cosecha en el mercado abierto) han sido reversadas desde 1996. Es más, a pesar del problema de desempleo en Cuba, el gobierno ha tomado acción contra el empleo por cuenta propia y las actividades privadas relacionadas con él. Entre las medidas tomadas se incluye elevar al triple el costo de las licencias, y subir las tarifas a los empleados por cuenta propia en el equivalente a seis veces la tarifa anterior; impuestos mensuales altos ($850) por los comedores que operan en casas particulares (paladares) y por las habitaciones alquiladas a turistas (con multas considerables por violaciones); no emisión de nuevas licencias para los paladares; el cierre de galerías de arte privadas; y prohibiciones contra los servicios de taxi privados para turistas. No es sorprendente que el número de trabajadores por cuenta propia ha decaído en más de un 50% desde 1995.

En la economía cubana, controlada por el Estado, el gobierno es prácticamente la única fuente de empleos, y ejercita un estricto control sobre los derechos laborales. Las opiniones políticas de los trabajadores inciden sobre las decisiones de contratación y despido. Están prohibidas las agrupaciones independientes de trabajadores, y quienes intentan constituirlas son acosados, detenidos, amenazados con ser sometidos a juicio, o presionados para abandonar el país. El control del gobierno cubano sobre los derechos laborales se extiende también al creciente sector de la inversión extranjera, donde las compañías provenientes del exterior solo pueden contratar o despedir empleados cubanos a través de agencias de empleo controladas por el gobierno.

Cuba solo permite una confederación de sindicatos controlados por el estado, la Central de Trabajadores de Cuba -CTC-, cuyo mandato se orienta a abrazar "la lucha por la defensa del socialismo y sus principios". Sin embargo, las obligaciones de Cuba bajo la Declaración Universal de Derechos Humanos requieren que garantice el derecho a constituir sindicatos y a adherirse a ellos. En esencia, las leyes cubanas y los modos de actuar no cumplen, en numerosos aspectos, con los estándares laborales internacionales que Cuba se ha comprometido a sostener, a pesar de que el gobierno cubano ha ratificado multitud de tratados internacionales de protección al trabajador.

Un repaso de la situación de los trabajadores empleados por empresas extranjeras en Cuba ilustra la situación de los trabajadores en Cuba, incluso en un ambiente de trabajo altamente cotizado. Durante la década pasada, Cuba ha ampliado sus esfuerzos para atraer a inversionistas extranjeros. El gobierno señala que ha atraído $5,400 millones en inversión extranjera desde 1990. (La inversión real equivale a $2,650 millones, y una parte de esta cantidad corresponde a créditos financiados por el gobierno de Cuba). Los sectores principales son los de turismo, energía, minería y telecomunicaciones, con España, Canadá, Italia, Francia y México como principales fuentes de capital de inversión.

Para cortejar a los inversiónistas internacionales, Cuba ha adoptado varias leyes que controlan estrechamente los derechos de los trabajadores en las empresas sostenidas por inversión extranjera. El gobierno es el que tiene en sus manos la selección, reclutamiento, pago y despido de los trabajadores. Incluso en empresas extranjeras, está prohibido constituir sindicato, discutir o negociar de forma independiente derechos laborales, salarios y beneficios con los empleadores. Estas restricciones de los derechos laborales fueron creadas para atraer a los inversionistas extranjeros. Se aplican asimismo en las Zonas Libres de Impuestos y en los Parques Industriales (Ley 165). Sin embargo, como apunta Human Rights Watch, el gobierno cubano se beneficia tambien de este arreglo, no solo por el valor de la inversión internacional a largo plazo, sino también por el pago, convertible en moneda extranjera, que las agencias de empleo controladas por el Estado reciben por todos los salarios de los trabajadores.

Aunque el gobierno no ha revelado qué porcentaje de los salarios de los trabajadores llega en último término a manos de éstos, y qué porción es retenida por el gobierno, algunos analistas independientes calculan que las compañías pagan al estado cubano US$100 mensuales, de los cuales el estado remite al trabajador 100 pesos, y conserva el resto. En sustancia, el trabajador cubano recibe el 3.8% del salario ganado, al cambio actual del peso por el dólar (26 pesos cubanos = US$1). Como es de esperar, las leyes que regulan la inversión extranjera están en consonancia con las perniciosas prácticas de derechos laborales en Cuba; y cualquier esfuerzo hecho por los inversionistas extranjeros para mejorar las condiciones de trabajo son rechazadas. Los extranjeros que violen estas regulaciones, -por ejemplo, usar trabajadores que no están empleados legalmente- reciben fuertes multas en moneda dura. Al mismo tiempo, dadas las regulaciones actuales referidas a los derechos laborales, la inversión extranjera lleva consigo un alto riesgo de convertir a las compañías extranjeras en cómplices de los abusos de los derechos laborales llevados a cabo por el gobierno en Cuba. Como ocurrió en el caso de las maquiladoras en Honduras, en el que Nike tuvo que responder a citaciones, se trata de una publicidad que las compañías y sus accionistas preferirían no tener.

Incluso otra restricción relacionada con el trabajo -no codificada por la ley, pero sutilmente practicada- se refiere a la discriminación racial en la industria turística. Aunque las leyes de trabajo cubanas la prohiben, la gran mayoría de los cubanos empleados en operaciones turísticas son de piel clara. Y como son las agencias de empleo controladas por el gobierno quienes llevan a cabo la contratación para la industria turística, así como para todos los sectores de la economía, puede deducirse que el régimen practica activamente la discriminación racial. Claramente, el aumento de la inversión extranjera en el sector turismo está empeorando la situación laboral para los cubanos de piel más oscura.

De acuerdo a cualquier parámetro, los indicadores laborales y el ambiente de trabajo en Cuba están en continuo declive, como lo están las condiciones sociales en general. El gobierno ha sido citado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por Human Rights Watch y por multitud de organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales en todo el mundo, por sus graves violaciones a los derechos de los trabajadores. No hay sector de la economía cubana que esté exento de estas violaciones. Aunque quienes laboran en el sector turismo y otros trabajadores empleados por empresas extranjeras, así como los que se ubican en el sector informal de la economía tienen una mejor situación que casi todos los demás, son una pequeña minoría. El cuadro completo ofrece pocas perspectivas de mejora, y la "supervivencia" sigue siendo el objetivo diario del trabajador cubano.

Jerry Haar es Investigador Asociado y Director del Programa Interamericano de Empresas y Trabajo en el Dante B. Fascell North-South Center de la Universidad de Miami.