La Habana se someterá a la evaluación en una sesión en Ginebra durante la mañana del miércoles 15 de noviembre.
(Ángeles Rosas / DDC) – Activistas cubanos contra la discriminación racial esperan que durante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH), el Gobierno cubano reciba un llamado de atención en torno al asunto. Norberto Mesa Carbonell, líder de la Cofradía de la Negritud, considera que el régimen está muy lejos de reducir las desigualdades por el color de la piel y que este es otro momento para reclamar avances al respecto.
La Habana se someterá a la evaluación en una sesión en Ginebra durante la mañana del miércoles 15 de noviembre. La delegación del Gobierno estará encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parilla, y los tres países miembros del CDH que actuarán como relatores, la denominada «troika» para la revisión, son Argentina, Benin y Nepal.
«Nuestra organización espera que este EPU sirva para que la comunidad internacional le señale a Cuba sus importantes deficiencias en materia de derechos humanos, particularmente en lo referido a los derechos civiles y políticos», dice Mesa Carbonell en declaraciones a DIARIO DE CUBA.
«En lo que respecta a la problemática racial, esperamos que haya un claro cuestionamiento al desempeño cubano en cuanto al enfrentamiento del racismo y la discriminación racial, flagelos que se ven más en nuestra sociedad, a pesar de la existencia del muy propagandizado Programa Nacional de Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, y de la comisión gubernamental encargada de implementarlo», señala.
Carbonell y los integrantes de su organización, blanco de las limitaciones que impone el régimen a la libre asociación, esperan que al Gobierno «le señalen la necesidad de actuar prontamente, mediante políticas adecuadas, para atajar la ampliación de la brecha de desigualdad por color de la piel».
También esperan que «sea señalada la hipócrita conducta cubana mantenida ante el Decenio Internacional de los Afrodescendientes».
En 2017 el Gobierno prohibió el acto de celebración del Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial, organizado por la Cofradía de la Negritud, sin que se diera razón de su decisión.
En agosto de 2018, a pocos días de someterse a examen ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, el régimen desplegó operativos contra varios activistas antirracistas, entre ellos Mesa Carbonell. Este activista, ingeniero de profesión, pero limitado a trabajar hoy en un parqueo de La Habana, fue detenido por agentes de la Seguridad el Estado para intentar impedir una reunión por los 20 años de la Cofradía y los 110 años de la fundación de los Independientes de Color en Cuba.
El cófrade lamentó que La Habana no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; por consiguiente, desconoce sus dos protocolos facultativos, y esto impide que se reconozca la libertad de pensamiento político, la libertad de partidos y el ejercicio seguro de derechos de esta naturaleza como los de expresión, reunión y manifestación/protesta, legitimándose la criminalización de estos.
En mayo de 2018 la Cofradía de la Negritud fue una de las organizaciones de la sociedad civil que presentó un informe de cara a la revisión del régimen en el entonces trigésimo período de sesiones en el tercer ciclo del EPU.
La organización solicitó entonces al Grupo de Trabajo del EPU que recomendara al Estado cubano varias cuestiones, entre ellas «permitir el registro y funcionamientos legales de las organizaciones de la sociedad civil enfocadas en la lucha contra la discriminación y la desigualdad raciales» y «adoptar las medidas apropiadas que contribuyan efectivamente a la eliminación del uso del perfil racial en las labores de la Policía».
También recomendó «incorporar en los planes de estudio de los distintos tipos de enseñanza, la educación en materia de derechos humanos, la cual tiene que incluir el tratamiento de las discriminaciones que constituyen violaciones del derecho de igualdad recogido en la Constitución» y «adoptar las medidas pertinentes que aseguren, en el corto plazo, una presencia más equitativa de la población negra entre los graduados universitarios».
Igualmente, la Cofradía sugirió «una estrategia nacional que esté enfocada en la reducción efectiva de la brecha de desigualdad que afecta a la población negra» y «establecer una instancia estatal que se encargue del seguimiento, la supervisión y la evaluación de los progresos que se alcancen en la lucha contra el racismo y sus expresiones, la detección y atención de los hechos discriminatorios, así como de la formulación de propuestas de mejoras».
Entre otras observaciones, la organización también abogó por «cumplir de manera cabal las obligaciones y responsabilidades derivadas de la adhesión cubana a los instrumentos de derechos humanos de la Naciones Unidas, en particular las referidas a la cuestión racial».
Aunque en la práctica el régimen evade muchas de las sugerencias emanadas del EPU, el líder de la Cofradía de la Negritud cree que este año «sucederá un ejercicio positivo, favorable para que resulten señaladas las violaciones cubanas de derechos humanos claramente establecidas en instrumentos legales internacionales».
«Cuba será conminada nuevamente a que ratifique los pactos internacionales de los derechos civiles y políticos, y de los derechos sociales, económicos y culturales», señaló Mesa Carbonell, quien en general le concede gran relevancia a este proceso.
Para el activista, el EPU «conduce a que el Estado cubano establezca pautas de comportamiento derivadas de las recomendaciones recibidas, lo cual, en alguna medida, representa avances en la sociedad, aunque ello no esté acompañado siempre del cumplimiento efectivo de esas pautas por las autoridades».
«Considero que si no hubiera sido por los cuestionamientos recibidos por Cuba en los EPU anteriores no se hubieran introducido en el cuerpo legal cubano normas que han dado una mayor posibilidad a la protección y defensa de los derechos humanos; si no existiera el proceso del EPU, las autoridades cubanas tuvieran más libertades para reprimir», dice.
En cuanto a los instrumentos legales, Mesa Carbonell pone como ejemplo «la eliminación de la aberrante figura de la ‘peligrosidad predelictiva'», con la que el Gobierno llevó a las cárceles a miles de personas y a decenas de activistas y opositores que no habían cometido delito alguno.
«A esas autoridades les importa en alguna medida el cuestionamiento internacional de su conducta frente al ejercicio ciudadano de los derechos humanos, y esto se hace evidente mediante el mecanismo del EPU, de ahí su importancia», expresa.