Sin licencias activas ni renovaciones, el oficio sobrevive entre multas, decomisos e informalidad, mientras crece demanda social por transporte alternativo.
La Habana (Sindical Press) – Miguel García Rubio, natural de Bayate, en la provincia de Guantánamo, reside en el barrio habanero de Santa Fe desde 2005. Como miles de migrantes internos, llegó a La Habana en busca de oportunidades que no encontró en su lugar de origen. Hoy, el bicitaxi es su principal fuente de ingresos.
“La vida aquí también es muy dura. Primero hay que encontrar dónde vivir, después lograr el cambio de dirección, que para muchos es casi imposible, y luego conseguir un trabajo. Los orientales hacemos los peores oficios, esos que muchos habaneros no quieren”, afirma García Rubio, quien pedalea jornadas de hasta doce horas para cubrir gastos básicos en un contexto de inflación sostenida.
El bicitaxi forma parte del transporte alternativo urbano que suple las carencias crónicas del sistema estatal. Sin embargo, los trabajadores del sector denuncian un vacío legal prolongado. “Desde 2017 no se otorgan nuevas licencias ni se renuevan las existentes. Eso nos deja automáticamente fuera de la legalidad y expuestos a multas y decomisos”, sostiene García Rubio.
Ángel Mendoza Cajigal, oriundo de Granma y residente en Centro Habana desde 2010, describe una situación similar. “Compré este bicitaxi por 40.000 pesos. Trabajo sin licencia porque no hay manera de obtenerla. En este 2026 las inspecciones han aumentado y vivimos con miedo constante a que nos quiten el equipo”, explica.
La incertidumbre se inscribe en una contracción más amplia del trabajo por cuenta propia. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, el número de cuentapropistas alcanzó su punto máximo en 2019, con alrededor de 617.000 personas registradas. Desde entonces, la cifra ha disminuido de forma sostenida, coincidiendo con la suspensión de licencias en múltiples actividades y con un endurecimiento de los controles administrativos.
Aunque durante la década pasada el Gobierno proyectó alcanzar hasta un millón de trabajadores por cuenta propia afiliados a la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, ese objetivo nunca se materializó. A partir de 2021, con la introducción de las mipymes, la política económica priorizó formas empresariales más reguladas, mientras miles de trabajadores individuales quedaron en una zona gris, tolerados pero sin instrumentos legales para operar.
Normativamente, el transporte de pasajeros por medios no motorizados quedó sujeto a autorizaciones administrativas que, en la práctica, dejaron de emitirse. Resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establecieron listados cerrados de actividades y facultaron a los gobiernos locales para suspender o limitar licencias, sin plazos claros ni mecanismos efectivos de reclamación.
La precariedad legal no se limita al bicitaxi. Lídice Ramos, esposa de Ángel y costurera particular, también trabaja sin licencia. “Mi trabajo es dentro de la casa y no se ve, pero Ángel está todo el día en la calle. Si le decomisan el bicitaxi, nos quedamos sin nada”, explica.
A finales de 2025 y comienzos de 2026, se registraron reportes coincidentes, tanto en la prensa oficial como en medios independientes, sobre un aumento de las inspecciones, multas y decomisos contra trabajadores por cuenta propia en varios municipios de La Habana. Este endurecimiento coincide con el deterioro del transporte público estatal y con una mayor demanda de servicios alternativos, lo que hace aún más visible la contradicción entre la necesidad social de estos oficios y su falta de reconocimiento legal.
En un escenario de inflación persistente, caída del poder adquisitivo y reducción del empleo estatal, el cierre de facto de actividades como el bicitaxi empuja a miles de personas a la informalidad. Lejos de ordenar el sector, la ausencia de licencias y la aplicación discrecional de la normativa profundizan la inseguridad jurídica y reducen las opciones de subsistencia de los sectores más vulnerables.
La pregunta que se repite entre los bicitaxistas permanece sin respuesta: para qué autorizar el trabajo por cuenta propia si, en la práctica, se le niegan los mecanismos legales mínimos para existir.