Más de €2,3 millones fueron presupuestados para intervenciones de cooperación belga en Cuba. Entre las contrapartes: CTC, FMC y CENESEX.
La Habana (Sindical Press) – Durante años, la cooperación belga al desarrollo presupuestó casi 2,3 millones de euros para dos intervenciones en Cuba bajo programas de trabajo decente y participación democrática y sociedad civil. El dinero, según cuenta Yucabite, fue canalizado entre 2017 y 2021 mediante dos intervenciones gestionadas por el Fondo de Cooperación al Desarrollo, Solidaridad Socialista (FOS) y el Instituto de Formación Sindical Internacional (IFSI/ISVI), con la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), cinco sindicatos ramales oficiales, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) y la Unidad de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades (UPP) entre las contrapartes cubanas. En los registros de transparencia, varias de estas entidades fueron catalogadas como “ONG regionales” o “ONG nacionales”. La realidad es otra: se trata de pilares institucionales del Estado cubano.
La CTC ocupa de hecho una posición monopólica en el sistema sindical cubano. La Organización Internacional del Trabajo lleva décadas reclamando que los trabajadores puedan constituir organizaciones sindicales al margen de la estructura establecida y, todavía en 2026, volvió a instar al Gobierno cubano a reconocer a la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) y permitirle desarrollar libremente sus actividades. La CTC no negocia de forma autónoma con el principal empleador, el Estado, no organiza huelgas efectivas y no representa intereses conflictivos. Sus dirigentes son, en la práctica, funcionarios del partido comunista. La FMC es una organización de masas. El CENESEX y la UPP forman parte de la estructura del Ministerio de Salud Pública. Financiarlas con fondos públicos europeos destinados a fortalecer la sociedad civil no es un error técnico. Es una distorsión conceptual con consecuencias políticas concretas.
El programa se justificó con objetivos loables: mejorar la capacidad de los sindicatos para defender derechos laborales en el contexto de la “actualización del modelo económico”, aumentar las cláusulas de seguridad y salud en los convenios colectivos, reducir reclamaciones laborales y promover derechos sexuales y reproductivos. La evaluación final externa, encargada a ACE Europe, registró avances en capacitación: más inspectores sindicales formados en seguridad laboral, talleres y alguna mejora organizativa interna. Sin embargo, los propios evaluadores reconocieron limitaciones para verificar de manera independiente todos los cambios reportados y medir con precisión la contribución real de cada socio. La evaluación advirtió además que los siete casos seleccionados para el análisis eran casos exitosos y que sus resultados no podían generalizarse al conjunto del programa. Las metas cuantitativas de reducción de conflictos laborales y de mejora en los convenios no aparecen documentadas de forma verificable en la información pública disponible.
En un sistema donde el monopolio sindical está protegido por ley y la represión de cualquier intento de organización independiente es sistemática, formar cuadros de la CTC no altera la correlación de fuerzas. Refuerza la capacidad del aparato oficial para gestionar el descontento, absorber demandas y proyectar hacia el exterior una imagen de “diálogo social”. Los recursos llegan a instituciones que ya controlan el espacio laboral y social. No llegan a quienes intentan abrir ese espacio.
El debilitamiento de la sociedad civil autónoma es el reverso de esta moneda. En Cuba, el derecho a asociarse de forma independiente está severamente restringido. La legislación cubana establece un régimen de autorización y registro para las asociaciones, mientras las organizaciones de masas y sociales reconocidas por el Estado quedan fuera del régimen general de la Ley de Asociaciones. En materia sindical, la OIT ha reclamado reiteradamente que los trabajadores puedan constituir organizaciones al margen de la estructura sindical establecida. Los intentos de crear sindicatos fuera de la CTC han sido reprimidos durante décadas. Mientras tanto, los fondos europeos fluyen hacia las estructuras que el propio régimen presenta como “representativas”, reforzando su monopolio y privando de recursos a los actores que realmente operan al margen del control estatal.
Esta dinámica no se limita al caso belga. La documentación pública de la propia Unión Europea muestra otros proyectos financiados mediante instrumentos destinados a organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales en los que participan como contrapartes o beneficiarias instituciones estatales cubanas, gobiernos territoriales y organizaciones integradas en el sistema institucional de la isla. También existen ejemplos en la cooperación bilateral de países europeos, como España e Italia. Esto no significa que toda la cooperación europea con Cuba siga ese modelo, pero sí demuestra que el financiamiento belga a la CTC, la FMC y otras entidades oficiales no constituye un caso aislado.
El argumento de que “hay que trabajar con lo que hay” o de que la formación técnica es neutral no resiste el análisis. En un entorno autoritario, el fortalecimiento institucional de las organizaciones controladas por el poder no es neutral. Aumenta su capacidad de control, de cooptación y de proyección internacional. Permite al régimen presentar ante donantes y organismos multilaterales una narrativa de “modernización” y “diálogo”, mientras mantiene intactas las estructuras de monopolio político y laboral.
El presupuesto involucrado, más de 2,3 millones de euros para las dos intervenciones entre 2017 y 2021, puede parecer modesto en la escala de la cooperación internacional. Pero su valor simbólico y político es mayor. Cada recurso público destinado a fortalecer esas estructuras es un recurso que deja de destinarse a organizaciones independientes. Cada informe de transparencia que registra a estas entidades como “ONG” contribuye a normalizar una ficción: la de que en Cuba existe una sociedad civil autónoma con la que se puede colaborar en igualdad de condiciones.
La crisis cubana de los últimos años, apagones prolongados, escasez, emigración masiva, deterioro de los servicios públicos, ha puesto en evidencia los límites del modelo. En ese contexto, las ayudas externas a las instituciones oficiales funcionan como un colchón parcial para el aparato, no como un motor de transformación. Los trabajadores cubanos siguen careciendo de herramientas reales para defender sus intereses frente al Estado empleador. Las mujeres y los grupos vulnerables siguen dependiendo de estructuras que priorizan la lealtad política sobre la autonomía. Y los activistas independientes siguen enfrentando un entorno hostil en el que los recursos y la visibilidad internacional se concentran en las contrapartes aprobadas por el poder.
Bélgica no es el único. Pero el caso es especialmente claro porque la documentación pública —OpenAid, los registros IATI y el propio documento técnico del programa— permite reconstruir con bastante precisión a quién se destinaron los fondos y bajo qué categorías se reportaron. La discrepancia entre la etiqueta (“participación democrática y sociedad civil”) y el destino real (instituciones del régimen) no es un detalle burocrático. Es el núcleo del problema.
La cooperación internacional tiene sentido cuando contribuye a ampliar espacios de autonomía, a fortalecer actores que pueden demandar rendición de cuentas y a apoyar procesos que no están completamente controlados por el poder. Cuando se convierte en un mecanismo de refuerzo de las estructuras existentes, pierde su justificación democrática y se transforma en un subsidio indirecto al status quo. En Cuba, ese status quo es el de un sistema de partido único, monopolio sindical y restricciones severas a la asociación independiente.
El “saco sin fondo” no es solo una metáfora de la ineficacia. Es la descripción de un circuito en el que los recursos externos entran en el sistema oficial, se administran según sus prioridades y salen, en el mejor de los casos, como actividades de formación o mejoras organizativas internas, sin alterar las reglas del juego. Mientras tanto, la sociedad civil que realmente necesita apoyo, la que opera con riesgo, sin reconocimiento legal y sin acceso a los canales oficiales, permanece al margen.
Revisar estas prácticas no implica abandonar la cooperación con los cubanos. Implica distinguir con rigor entre fortalecer instituciones del Estado totalitario y apoyar a la sociedad civil. Implica dejar de catalogar como “ONG” a entidades que son poleas de trasmisión de la tiranía. E implica reconocer que, en un entorno autoritario, la neutralidad técnica no existe: cada decisión de financiación tiene consecuencias políticas. Las ayudas belgas al saco sin fondo de las instituciones oficiales cubanas son un ejemplo claro de cómo, con las mejores intenciones declaradas, terminan reforzando de forma directamente proporcional aquello que se pretendía transformar.