La realidad es brutal: Cuba desmantela su transporte público de pasajeros porque no quiere que los privados asuman esa responsabilidad.
La Habana (Sindical Press) – Luego de siete años y cuatro meses como ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila habla de “reorganización” y “prioridades nacionales”. Pero la realidad es ineludible y brutal: Cuba desmantela su transporte público de pasajeros porque no quiere que los privados asuman esa responsabilidad. El Gobierno administra la ruina recortando la movilidad de la población, en un nuevo capítulo de un colapso crónico y sin sorpresas.
El anuncio es drástico y cruel. A partir del 18 de junio, los ómnibus nacionales entre La Habana y las capitales provinciales se reducirán a tres salidas semanales. Las rutas a Manzanillo y Baracoa quedarán en una salida semanal. Los trenes nacionales circularán cada dos semanas. El ferry a la Isla de Pinos navegará una vez a la semana. Todo esto, mientras se promete “proteger” los servicios de alimentos, medicamentos y salud. ¡Qué cinismo! Esto no es un ajuste temporal. Es una confesión implícita y explícita de que el Estado no puede sostener el sistema del cual presume haber construido. Y lo peor: no es la primera vez.
La Gran Crisis de los 90
En 1991, con la autodisolución soviética, Cuba entró en La Gran Crisis. El transporte público colapsó. Se importaron un millón de bicicletas chinas, reaparecieron los caballos y las carretas, y los “camellos”, aquellos autobuses remolque, fueron la humillación nacional. La gente esperaba horas por un bus, caminaba decenas de kilómetros o simplemente no viajaba. Los apagones llegaban a 20 horas diarias, y el hambre y la pandemia de neuritis óptica fueron protagonistas.
Los sobrevivientes afirman que ahora es peor. Después de 35 años, el sistema no generó ni la más mínima resiliencia energética. Se vuelven a recortar trenes y buses mientras el régimen repite el mismo discurso victimista: “la culpa es del otro”. La diferencia es que, en 1991, el mundo entendía que se trataba de un shock externo brutal. En 2026, después de seis décadas de monopolio estatal absoluto, la excusa es hueca y cínica.
El socialismo destruyó el transporte privado de la República
Antes de 1959, durante la República, Cuba tuvo uno de los sistemas de transporte más dinámicos de América Latina. Compañías privadas operaban autobuses, ferrocarriles, tranvías eléctricos y taxis con relativa eficiencia. Había competencia, inversión y, sobre todo, responsabilidad. El Estado no controlaba todo: regulaba, organizaba y, precisamente por eso, el servicio funcionaba.
La entronización comunista estatizó todo. Confiscó ferrocarriles, buses y camiones. Seis décadas después, el parque vehicular es obsoleto, hay raíles oxidados y una dependencia absoluta de importaciones que no llegan. El “transporte público” se convirtió en sinónimo de ineficiencia, corrupción y colapso periódico.
Hoy, cuando el Estado reduce drásticamente sus servicios, la única válvula de escape real vuelve a ser el sector privado: almendrones, triciclos eléctricos, mototaxis y “mulas” particulares. Exactamente lo que el régimen demonizó durante décadas. La gente sobrevive gracias a la iniciativa privada que el Gobierno nunca quiso permitir a gran escala.
Contraste humillante con Dominicana
Mientras Cuba desmantela su transporte, al otro lado del Caribe, Dominicana avanza. Santo Domingo cuenta con un metro moderno, teleférico, corredores de buses y planes de integración tarifaria. Guaguas privadas, taxis y plataformas como Uber cubren rutas urbanas e interurbanas. Empresas como Caribe Tours ofrecen servicios cómodos entre ciudades.
Dos países caribeños, similares en tamaño y población, con historias distintas. Uno, con un modelo de economía mixta y apertura, mejora su infraestructura y movilidad. El otro, aferrado al centralismo estatal, regresa cada pocos años al mismo pozo: sin combustible, sin buses, sin futuro cercano. La comparación duele: en Dominicana la gente se mueve. En Cuba, el Gobierno decide quién se mueve y cuándo.
Propaganda versus realidad
La diatriba del incompetente Rodríguez Dávila es un ejercicio clásico de cinismo burocrático. Habla de “proyectos de cara al futuro”: triciclos eléctricos, ecomóviles, estaciones solares. Mientras tanto, Cuba sufre apagones de 20 horas, no hay combustible y el patético ministro promete 200 autos eléctricos para Salud como si fuera una gran victoria.
¿Con qué electricidad cargarán esos vehículos? ¿Cómo fabricar o mantener la infraestructura eléctrica en medio del colapso? Promesas vacías para maquillar el desastre presente.
El texto oficial repite hasta el cansancio que “la culpa es del otro”, pero guarda silencio absoluto sobre la falta de inversión durante décadas, la corrupción, la desidia, la ineficiencia estructural y una política que prioriza el control político por encima de la eficiencia económica.
El recorte significa familias separadas, enfermos sin diálisis, trabajadores sin trabajo, estudiantes sin clases y un aislamiento mayor entre las provincias y los municipios.
El régimen “protege los servicios esenciales”, dice. Pero la movilidad de la población es un servicio esencial. Privarla es castigar al pueblo por la incapacidad del Gobierno.
Cuba no enfrenta una “coyuntura” ni un “complejo escenario energético”. Enfrenta el fracaso de una promesa de progreso que solo entregó escasez recurrente, represión y éxodo. Cada vez que recorta un tren o un bus, el Gobierno no resuelve nada: admite que, 67 años después, continúa sin garantizar lo básico.
Y mientras tanto, el pueblo cubano, una vez más, inventa cómo sobrevivir. Como en 1991. Como siempre.