miércoles , 22 mayo 2024

El nuevo Código Penal cubano es en realidad un código criminal

La larga sombra del poste al que son amarrados los condenados a muerte se proyecta hoy con intenciones de escarmiento.

La dictadura cubana ya no se toma el trabajo de disfrazar sus medidas dictatoriales. Buscando disuadir, después de la clarinada de libertad del 11 de julio (11J), a todo el que se les opone o los critica, tienen en proyecto un nuevo Código Penal más abiertamente draconiano que el que está en vigor y que seguramente será aprobado en abril por la siempre unánime Asamblea Nacional.

Baste decir que, a pesar de una moratoria vigente sobre la pena de muerte, el borrador la ratifica como sanción “especialmente en delitos que afecten el orden exterior e interior del Estado y el régimen constitucional”. Como siempre, la vaguedad de los términos busca dejar borroso el alcance de la legislación, los actos por los que uno puede ser llevado al paredón de fusilamiento, lo cual se hizo por última vez en Cuba en abril de 2003 contra tres jóvenes que trataron de desviar una lancha de pasajeros hacia Estados Unidos pero que no derramaron la sangre de nadie.

Como entonces, la larga sombra del poste al que son amarrados los condenados a muerte se proyecta hoy con intenciones de escarmiento y disuasión.

En el mismo sentido se mantienen vigentes delitos que fueron utilizados para restringir el ejercicio del derecho a la libre expresión, entre ellos «Propaganda contra el orden constitucional» y «Desacato», al tiempo que se introduce por primera vez la criminalización jurídica del apoyo financiero interno o externo a actores de la sociedad civil.

En otros casos, violaciones de derechos que antes se cometían de manera relativamente solapada, se justifican y radicalizan ahora abiertamente, poniéndolas en blanco y negro en un instrumento “legal”.

Tomemos por ejemplo las sanciones previstas para médicos cubanos enviados a recaudar divisas para el régimen en el exterior. Como señala en Cubanet la Doctora en Ciencias Sociales y colaboradora de FHRC Marlene Azor, “el artículo 176.1 de este proyecto de Código Penal explica el ‘delito’ de ‘abandono de funciones’ y dice: ‘El funcionario o empleado público encargado de cumplir alguna misión en otro país que la abandone o, cumplida esta, o requerido en cualquier momento para que regrese, se niegue expresa o tácitamente a hacerlo, incurre en sanción de privación de libertad de tres a ocho años”.

“En igual sanción incurre el funcionario o empleado público que, en ocasión del cumplimiento de una misión en el extranjero y contra la orden expresa del Gobierno, se traslade a otro país”.

O sea, si hasta ahora los profesionales de la salud cubanos han sufrido en el exterior violaciones de sus derechos humanos y laborales como el despojo de hasta el 90 por ciento de sus salarios, confiscación de sus pasaportes, vigilancia, aislamiento, amenazas, alejamiento de sus familiares y otros que son considerados indicadores de trabajos forzosos por la Organización Internacional del Trabajo, tendrán que considerar que si abandonan la misión ya no solo tendrán que esperar ocho años para volver a pisar suelo cubano y ver a sus seres queridos, sino que si lo intentan serán enviados a prisión hasta por esa misma cantidad de años.

Y en esta fase descarada de la dictadura no hay que descartar que, para respaldar con acciones las amenazas del nuevo Código Penal, cumplan con las amenazas de secuestrar a algunos conforme a la práctica iniciada por el dictador bielorruso y hoy agresor de Ucrania Alexander Lukashenko. Ya en mayo pasado amenazaron con una “represión sin fronteras”, con convertir en extraterritorial el Código Penal de Cuba.

Tal como aprovechó el enfoque de los medios en la invasión de Irak para lanzar en 2003 la ola represiva de la Primavera Negra, el régimen está ahora sacando ventaja de la atención a la invasión rusa de Ucrania para poner un cerrojo represivo y jurídico a la insumisión de los cubanos. La buena noticia es que, si están actuando descaradamente, es porque el 11J les demostró que ya no pueden engañar a nadie. Por ahora, las protestas públicas, las denuncias en redes sociales y los grafiti continúan.