Revista Foro Cubano de Divulgación entrevista al director ejecutivo del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba (GIRSCC)
(Revista Foro Cubano de Divulgación) – Joel Brito es un reconocido activista cubano, director ejecutivo del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba (GIRSCC) y representante internacional de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC). Desde el exilio, ha liderado esfuerzos para denunciar las violaciones a los derechos laborales en la isla y promover el sindicalismo libre y democrático. Su labor ha sido fundamental para visibilizar la situación de los trabajadores cubanos y exigir el respeto a los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En esta entrevista, Brito comparte su perspectiva sobre el deterioro de los derechos económicos y sociales en Cuba, el papel de las organizaciones independientes y la importancia de la solidaridad internacional en la lucha por la justicia laboral.
Sergio Andrés Camacho (S.A.C): Como fundador del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa, usted ha trabajado desde hace décadas en educar a los inversionistas extranjeros sobre la necesidad de respetar los estándares laborales internacionales al operar en Cuba. ¿Cómo surgió esta iniciativa y de qué manera ha contribuido al fortalecimiento del sindicalismo independiente y a la defensa de los derechos laborales de los trabajadores cubanos, tanto dentro como fuera del país?
Joel Brito (J.B): El Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba (GIRSCC) es una organización no gubernamental, no partidista y sin fines de lucro, fundada en 2005, por un grupo de sindicalistas y activistas de derechos humanos de diferentes países.
El Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba (GIRSCC) tiene como objetivo principal apoyar el desarrollo de un sindicalismo libre y democrático en Cuba. Para ello, se enfoca en la formación y capacitación de dirigentes sindicales independientes, así como de trabajadores por cuenta propia, manteniendo estrechas relaciones de trabajo dentro de Cuba con ASIC y ACTAE.
Nuestro enfoque prioritario son los derechos laborales y sindicales, el GIRSCC también trabaja en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa. Este concepto implica que las empresas deben actuar de manera ética, respetando los derechos humanos y considerando el impacto social y ambiental de sus operaciones. En el contexto cubano, el GIRSCC insta a las empresas —particularmente a las extranjeras— a adoptar prácticas responsables que incluyan el respeto a los derechos laborales y sindicales, contribuyendo así al bienestar de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto.
Desde su fundación, el GIRSCC ha mantenido una campaña de denuncia de las condiciones en las que el régimen cubano envía trabajadores a misiones internacionales (personal médico, educadores, artistas y deportistas, etc.), exigiendo que dichas contrataciones se realicen conforme a estándares laborales internacionales, estas misiones violan los derechos fundamentales de los trabajadores, al no garantizarles condiciones dignas ni contratos justos, violando numerosos convenios de la OIT, entre ellos los Convenios 291, 872, 953, 984, 1055, 1116, 1557, entre otros. Los cuales Cuba ratificó en 1952 y, por lo tanto, está jurídicamente obligada a cumplirlos.
Sergio Andrés Camacho (S.A.C): Es bien sabido que el discurso oficial suele atribuir el deterioro económico al embargo estadounidense; sin embargo, sectores clave como la agricultura, la industria azucarera y la manufactura enfrentan un estancamiento estructural desde hace décadas. Desde su perspectiva, ¿de qué manera considera que la centralización económica y las limitaciones estructurales de la capacidad productiva interna han incidido en la acción de los gremios laborales y en el agravamiento de la crisis económica?
Joel Brito (J.B): Desde 1960, el Estado controla de manera absoluta la planificación, la inversión, los precios, las pensiones y los salarios, sin permitir retroalimentación de los trabajadores o del sector productivo. Este modelo ha alimentado una ineficiencia crónica —con baja productividad, escasa innovación y el progresivo deterioro de infraestructuras clave como la generación eléctrica, la agricultura y la industria azucarera— y ha hecho que Cuba dependa de subsidios externos (primero soviéticos, luego venezolanos y, más recientemente, de remesas), ayudas que ya no alcanzan para sostener el estancamiento interno.
Esa misma centralización ha vaciado de contenido al sindicalismo: los sindicatos nacionales funcionan como meras extensiones del Partido Comunista, sin autonomía real para negociar convenios, convocar huelgas o exigir mejores condiciones (en abierta violación del Convenio 87 de la OIT). La negociación colectiva es una farsa (Convenio 98), y los trabajadores carecen de movilidad, incentivos o canales para incidir en la transformación productiva.
El resultado es devastador. La frustración salarial y la falta de representación han disparado la emigración: desde 2022 más de 850 000 cubanos han llegado a Estados Unidos según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza la CBP, y en 2023 otros 335 000 han solicitado asilo en el resto del mundo, sumando más de 1,1 millones de personas en pocos años. Al mismo tiempo, Cuba afronta un envejecimiento acelerado —más del 22 % de su población tiene 60 años o más, y para 2050 podría rozar el 35 %—, mientras la desconexión entre trabajo y retribución fomenta el robo en los centros laborales y un mercado negro cada vez más amplio.
Con un salario medio de apenas 5 839 CUP al mes (unos 16 USD al cambio informal), muchas familias sobreviven gracias a la economía informal y a las remesas, y el aparato productivo formal se queda sin mano de obra calificada. En ese contexto, la corrupción —presente en todos los niveles del Estado y denunciada incluso en los casos del exministro de Economía Alejandro Gil y del viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Di-Lella— se normaliza como mecanismo de supervivencia.
Sergio Andrés Camacho (S.A.C): El informe “Del discurso a la realidad: desafíos del emprendimiento cubano” realizada por la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) en el año 2024 evidencia una profunda contradicción entre el discurso oficial y la realidad práctica. Por un lado, Raúl Castro afirmó en 2010 que el cuentapropismo “constituye una alternativa más de empleo”, pero seguidamente el propio discurso condicionó su fomento al alineamiento con el modelo socialista y advirtió que toda acumulación de capital no estatal “sería perseguida”. Ante este doble discurso y la cooptación sindical del sector privado, ¿cómo cree usted que debe posicionarse el sindicalismo alternativo para disputar la representatividad de los emprendedores cubanos y defender su autonomía frente a la CTC institucional?
Joel Brito (J.B): Al cierre de mayo de 2024, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) registró 598 270 trabajadores por cuenta propia en Cuba. La mayoría se dedica a la elaboración y venta de alimentos, el transporte de carga y pasajeros, el arrendamiento de viviendas y el servicio de agentes de telecomunicaciones. De ese total, el 15 % combina su emprendimiento con un empleo en el sector estatal y el 11 % está ya jubilado; apenas un tercio son mujeres y otro tercio corresponde a personas de entre 18 y 50 años.
Las estadísticas han sido cuestionadas por los dirigentes de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), quienes, basándose en su experiencia sobre el terreno, han identificado varias inconsistencias. Entre otros hallazgos, han observado que, bajo una misma licencia, operan múltiples personas, lo que sugiere que la cifra total de trabajadores por cuenta propia podría ser significativamente mayor a la reportada oficialmente.
En este complejo contexto, hace cuatro años un grupo de trabajadores por cuenta propia fundó la Asociación Cubana de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (ACTAE), una organización independiente que agrupa a trabajadores por cuenta propia, microempresarios y emprendedores en Cuba. Su misión principal es defender los derechos laborales y económicos de este sector, promover la autonomía empresarial y abogar por una mayor libertad económica frente al control estatal.
ACTAE ha venido trabajando en:
- Defender los derechos laborales de los trabajadores autónomos y emprendedores cubanos no vinculados a la cúpula dirigente del régimen.
- Promover la autonomía empresarial y la libertad económica.
- Prestar asesoría legal y contable a sus afiliados.
- Capacitar a los trabajadores por cuenta propia en la elaboración de planes de negocios y en el manejo de controles contables.
- Abogar por una mayor flexibilidad en las políticas gubernamentales que afectan al sector privado.
- Representar al sector privado independiente en foros nacionales e internacionales.
En colaboración con la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), ACTAE ha realizado diversas encuestas para evaluar la situación del sector privado en Cuba. Por ejemplo, una encuesta realizada entre octubre y diciembre de 2024 reveló que el 90 % de los emprendedores cubanos no reciben apoyo para sus actividades y enfrentan presiones estatales, incluidas trabas para asociarse y un trato desfavorable si no son afines al gobierno.
ACTAE opera en un entorno en el que el sector privado enfrenta restricciones significativas, como altos impuestos, acoso de los inspectores estatales, corrupción por parte de las fuerzas policiales, falta de acceso a financiamiento y una limitada capacidad de expansión. A pesar de estos desafíos, la organización sigue abogando por una mayor apertura y apoyo al emprendimiento, desempeñando un papel crucial en la representación y defensa de los derechos de los trabajadores autónomos y emprendedores en Cuba. Su labor busca promover un entorno más favorable para el desarrollo del sector privado independiente.
Sergio Andrés Camacho (S.A.C): El informe núm. 404 del Comité de Libertad Sindical de la OIT documenta que el Estado cubano persiste en su negativa a reconocer legalmente a la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), pese a haber ratificado el Convenio 87 sobre la libertad sindical. Esta omisión, reiteradamente señalada como una violación directa a las normas internacionales del trabajo, se justifica por parte del régimen alegando presuntos vínculos de la ASIC con actores internacionales, sin aportar evidencia concluyente.
En este contexto, ¿cómo evalúa usted el impacto de esta negativa sistemática sobre el ejercicio real de la libertad sindical en Cuba, y qué consecuencias puede tener —tanto a nivel interno como internacional— que el Estado cubano desatienda de forma persistente las recomendaciones formuladas por los órganos de control de la OIT?
Joel Brito (J.B): La negativa del Estado cubano a reconocer legalmente a la ASIC, a pesar de haber ratificado el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical, tiene un impacto profundo en el ejercicio real de la libertad sindical en el país. Esta omisión no solo refleja una violación de las normas internacionales del trabajo, sino que también perpetúa un ambiente de control estatal absoluto sobre los sindicatos y limita la capacidad de los trabajadores para organizarse de manera autónoma y defender sus derechos laborales.
Según el Labor Rights Index 2024 del Center for Labour Research, Cuba registra una puntuación general de 60,5 sobre 100, lo que indica un cumplimiento moderado en términos formales de los derechos laborales. Sin embargo, en el indicador específico de libertad de asociación, obtiene 0 sobre 100, reflejando restricciones absolutas a la creación de sindicatos independientes.
En el plano interno, esto se traduce en:
- Ausencia de autonomía sindical, pues ASIC no puede registrarse ni negociar colectivamente, dejando a los sindicatos oficiales como meras extensiones del régimen.
- Crisis de derechos sociales y económicos en Cuba
- Desconfianza generalizada en las organizaciones laborales, al vincularse dirigentes al Partido y carecer de mecanismos transparentes de rendición de cuentas.
- Limitada participación democrática de los trabajadores, que no pueden influir en la elaboración de las políticas laborales que les afectan.
En el plano internacional, esto se traduce en:
- Deterioro de la imagen internacional de Cuba, al incumplir de forma reiterada las recomendaciones de la OIT y vulnerar libertades fundamentales, lo que mina su credibilidad en materia de derechos humanos.
- Aislamiento diplomático progresivo, que podría escalar a sanciones, pérdida de beneficios comerciales y exclusión de espacios multilaterales si persiste la negativa a cooperar con mecanismos internacionales.
- Incremento de la presión externa, por parte de gobiernos, organismos y actores sociales que exigen respeto a la libertad sindical y apoyan a movimientos laborales independientes como ASIC.
- Reforzamiento del respaldo internacional a la lucha sindical, al visibilizar las violaciones cometidas y legitimar a actores no estatales cómo interlocutores en materia laboral.
- Rechazo a una misión de contacto directo de la OIT, lo que impide la supervisión técnica del sistema sindical cubano, bloquea vías de diálogo y profundiza la percepción de opacidad institucional.
- Posible activación del artículo 26 de la Constitución de la OIT, que permitiría establecer una Comisión de Encuesta con funciones cuasi judiciales (recibir pruebas, realizar audiencias y presentar conclusiones públicas) para investigar las violaciones sistemáticas de la libertad sindical en Cuba.
Sergio Andrés Camacho (S.A.C): El Comité de la OIT en el mismo informe documentó múltiples alegatos de hostigamiento, detenciones arbitrarias y restricciones a la libre circulación de dirigentes y afiliados de la ASIC, como el caso del secretario general Iván Hernández Carrillo y varios líderes provinciales, vinculando estas acciones represivas a su actividad sindical. Aunque el Gobierno cubano niega tales hechos, el Comité señala que no ha aportado las sentencias ni pruebas solicitadas para justificar sus afirmaciones. A la luz de estas contradicciones entre el Estado y las denuncias de la ASIC, ¿cuál es el impacto de esta política de criminalización del sindicalismo independiente sobre la posibilidad de consolidar un movimiento laboral autónomo en Cuba, y cómo podría la presión internacional —incluida la OIT— traducirse en garantías reales de protección para los trabajadores organizados?
Joel Brito (J.B): La criminalización del sindicalismo independiente en Cuba ha tenido un efecto devastador sobre cualquier intento de construir un movimiento laboral autónomo. La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) sigue siendo la única organización sindical legalmente reconocida, lo que elimina por completo la posibilidad de crear alternativas independientes. Cualquier esfuerzo por conformar sindicatos libres, como lo ha intentado la ASIC, es respondido con represión sistemática. En la práctica, esto significa que no hay espacio para el pluralismo sindical ni para que los trabajadores expresen de forma genuina sus intereses.
Esta represión se traduce en hostigamientos constantes, detenciones arbitrarias y restricciones a la libre circulación, especialmente contra líderes sindicales como Iván Hernández Carrillo. Las consecuencias no solo recaen sobre quienes están al frente de estas organizaciones, sino también sobre los trabajadores comunes, que al ver estos ejemplos prefieren mantenerse al margen por miedo a represalias. El temor a perder el empleo o ser criminalizado disuade a muchos de cualquier intento de organización. En este contexto, los trabajadores cubanos quedan completamente desprotegidos. No tienen un canal real para negociar colectivamente, ni mecanismos de defensa frente a los abusos. El control estatal absoluto del movimiento sindical convierte al régimen en juez y parte, dejando al trabajador en una situación de total vulnerabilidad. Esta estructura impide cualquier mejora real en salarios, condiciones laborales o acceso a derechos básicos.
La presión internacional, especialmente la ejercida por organismos como la OIT, podría marcar la diferencia. A pesar de que el gobierno cubano ha ignorado múltiples solicitudes de información por parte del Comité de Libertad Sindical de la OIT, los informes y denuncias persistentes han puesto en evidencia la situación. Si se mantiene una presión constante, podría generarse una apertura, aunque sea parcial, hacia reformas legales que permitan la existencia de sindicatos independientes. Eso sí, mientras el sistema político no cambie en lo esencial, cualquier reforma será cosmética y no garantizará derechos plenos.
En este punto, la comunidad internacional tiene un papel crucial. La exigencia de reformas en el Código de Trabajo cubano, sumada a sanciones diplomáticas o económicas condicionadas al respeto por la libertad sindical, podría empujar al régimen a reconsiderar su postura. Sin embargo, la experiencia muestra que la OIT, aunque comprometida con su misión, carece de herramientas coercitivas para obligar a gobiernos como el cubano a cumplir sus recomendaciones. Aun así, su función como denunciante sigue siendo clave.
En ese esfuerzo de presión, la solidaridad internacional tiene un valor incalculable. La afiliación de la ASIC a la Alternativa Democrática Sindical de las Américas (ADS) le ha permitido recibir apoyo moral, logístico y político de otros sindicatos autónomos de la región. Esto no solo les ha brindado visibilidad, sino que ha fortalecido su capacidad organizativa. Gracias a este vínculo, la causa de los sindicalistas cubanos ha ganado espacios en foros internacionales y ha quedado claro que existe un sindicalismo posible fuera del control estatal. Además, esta afiliación ha ayudado a combatir la narrativa oficialista que intenta invisibilizar la lucha de los trabajadores. Pese a la represión, la ASIC se mantiene firme y su asociación con organizaciones como la ADS demuestra que el sindicalismo independiente no solo es necesario, sino viable.
Por todo esto, resulta vital que otras organizaciones como la Confederación Sindical Internacional, la AFL-CIO y ONGs defensoras de derechos laborales se sumen activamente a esta causa. La solidaridad internacional puede ser el catalizador que los trabajadores cubanos necesitan para recuperar su voz y su dignidad.
Sergio Andrés Camacho (S.A.C): Según el informe “Derechos laborales y sindicales en Cuba” de la CIDH, el 92.3 % de los cubanos percibe la ausencia de derechos laborales, vinculándola al control estatal de salarios, al acceso restringido al empleo y a la concentración de recursos en entes como GAESA. ¿Cómo valora usted esta brecha entre los principios de igualdad social proclamados por el Estado y la experiencia real de los trabajadores en Cuba?
Joel Brito (J.B): La brecha entre el discurso de igualdad social que promueve el régimen cubano y la dura realidad que enfrentan los trabajadores es cada vez más evidente. Según el informe “Derechos laborales y sindicales en Cuba” de la CIDH, un 92.3 % de los cubanos percibe que no existen derechos laborales en el país. Este dato no es solo una estadística, sino un reflejo estructural del desencuentro entre lo que se proclama y lo que realmente se vive. El régimen se sostiene en una narrativa de justicia social, pero en la práctica utiliza el salario como mecanismo de control: no existe negociación colectiva y el monto que recibe el trabajador depende completamente de decisiones estatales centralizadas. A esto se suma la falta de meritocracia: el acceso al empleo, especialmente en los sectores más lucrativos, está condicionado por la lealtad política, lo que margina a quienes no se alinean con el discurso oficial. Esta práctica genera una desigualdad profunda entre quienes están dentro o fuera del aparato estatal.
GAESA representa la expresión más concentrada del poder económico-militar en la Isla. Su existencia contradice abiertamente los principios de descentralización económica, transparencia y control ciudadano, opera como un “Supra estado” dentro del Estado, un estado económico paralelo, sin supervisión de la Asamblea Nacional del PP, la Contraloría o auditorías independientes. Administra la mayoría de los ingresos en divisas del país, a través de:
- Turismo (cadena Gaviota, hoteles Meliá, Kempinski, etc.)
- Comercio minorista en MLC.
- Zonas de desarrollo como el Mariel (en quiebra).
- Banca y remesas (FINCIMEX, AIS).
En este último ámbito destacan FINCIMEX y AIS, dos entidades controladas por GAESA que monopolizan el ingreso de divisas de los cubanos en el exterior. Estas estructuras actúan como una red financiera militarizada que canaliza los recursos directamente al poder central, sin transparencia ni competencia, limitando la libertad económica de la población y reforzando el poder de la élite militar y política. En consecuencia, quien controla el dinero controla también a la ciudadanía.
Sergio Andrés Camacho (S.A.C): Según la encuesta “MiPymes y cuentapropismo”, realizada por la Asociación Sindical Independiente de Cuba y la Asociación Cubana de Trabajadores Autónomos y Emprendedores entre octubre y diciembre de 2024, se menciona que la gran mayoría de los trabajadores independientes, concretamente un 86%, enfrenta dificultades para asociarse con otros emprendedores, mientras que solo un reducido grupo logra establecer alianzas informales que vayan más allá de la venta individual de productos y servicios. En un modelo autoritario que restringe la libertad de asociación y politiza cada vínculo económico, ¿sería posible impulsar —con acompañamiento internacional— la creación de estructuras de coordinación sindical horizontales, como redes sectoriales de cuentapropistas de alimentos, transporte o manufactura, que funcionen como proto-sindicatos, aun sin reconocimiento legal pleno dentro de la Isla.
Joel Brito (J.B): Sí, es posible —y ACTAE es una muestra clara de ello— construir estructuras de coordinación sindical horizontales incluso en un entorno tan restrictivo y hostil como el cubano. Aunque representa un enorme desafío, esta experiencia demuestra que es viable impulsar la organización laboral independiente, pese a la criminalización del sindicalismo autónomo y las barreras impuestas por el régimen. En este contexto, la creación de redes sectoriales de cuentapropistas surge como una estrategia realista y poderosa para acumular poder social desde abajo. Estas redes no solo construyen legitimidad, sino que también crean espacios para la defensa de derechos colectivos, especialmente cuando cuentan con el respaldo de actores internacionales que les ofrecen protección, apoyo técnico y visibilidad.
El camino no es fácil. Existen obstáculos estructurales muy marcados. Primero, el marco legal cubano sigue sin reconocer el derecho a la sindicalización autónoma fuera de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), y cualquier intento de asociación independiente es reprimido con cargos como “activismo contrarrevolucionario” o “actividad económica ilícita”. Además, toda forma de organización por fuera del aparato estatal es automáticamente estigmatizada, lo que genera miedo y frena la participación activa de los trabajadores. Otro reto es la fragmentación del sector cuentapropista. Muchos de estos trabajadores operan en la informalidad, de manera aislada y sin garantías jurídicas, lo que dificulta el surgimiento de una identidad colectiva o una agenda común. Frente a este panorama, el acompañamiento internacional cumple un rol crucial. No solo contribuye a reducir los riesgos, sino que también fortalece a estas redes en tres frentes esenciales:
- Una formación técnica y legal que permita brindar herramientas para que los trabajadores conozcan sus derechos, aprendan estrategias de organización y entiendan los marcos internacionales que los protegen.
- Apoyo político y diplomático con el objetivo de legitimar públicamente estas iniciativas como expresiones auténticas de la sociedad civil cubana y ofrecer protección a sus líderes frente a posibles represalias.
- Canales de solidaridad internacional que permitan continuar fortaleciendo estas organizaciones con el apoyo de organizaciones laborales, de derechos humanos y organismos multilaterales (como la OIT).
Sergio Andrés Camacho (S.A.C): Teniendo en cuenta su experiencia como representante internacional de la Asociación Sindical Independiente de Cuba y como fundador del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa, ¿qué lecciones considera que deja la defensa del sindicalismo independiente cubano, especialmente frente a un régimen que reprime toda forma de organización autónoma dentro del país?
Joel Brito (J.B): La experiencia de Solidarność en Polonia es un referente histórico clave para entender cómo un sindicato verdaderamente independiente puede convertirse en fuerza transformadora, incluso bajo un régimen autoritario.
Fundado en agosto de 1980 en los astilleros de Gdansk, bajo el liderazgo de Lech Wa lesa, surgió en plena dictadura comunista —cuando en Polonia no se toleraban sindicatos libres ni la crítica al poder—, y en muy poco tiempo logró movilizar a más de 10 millones de personas, cerca de un tercio de la población adulta. A pesar de la represión, incluida la imposición de la ley marcial en 1981, Solidarność resistió en la clandestinidad, se ganó el reconocimiento internacional como símbolo de la dignidad obrera y, en 1989, lideró las negociaciones que abrieron el camino a las primeras elecciones libres en décadas y al derrumbe del régimen comunista. Su legado demuestra que el sindicalismo autónomo no solo puede sobrevivir en contextos represivos, sino ser clave en procesos de democratización profunda.
Desde la labor de representación internacional de la ASIC y la fundación del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, se han recogido lecciones similares, ajustadas al contexto cubano. La primera es clara: resistir sí es posible, pero requiere valor colectivo. Aun cuando el régimen persigue, infiltra y criminaliza cualquier intento de organización autónoma, los trabajadores cubanos han encontrado formas de asociarse, denunciar y construir redes de solidaridad.
En este camino, la organización ha sido más una necesidad ética y social que un tema de legalidad. A falta de reconocimiento oficial, lo que sostiene la legitimidad de ASIC y ACTAE es su compromiso con los tra- bajadores. En sus filas hay liderazgos sólidos como los de Iván, Alejandro, Emilio, Maybell, Yunia, Jacquelin, Consuelo, Lázaro, Julio, Felipe, Bárbaro, Víctor Manuel, Yorsi, Liván. . . y muchos otros que día a día sostienen esta lucha.
La solidaridad internacional ha sido fundamental. El respaldo de organizaciones como ADS y la UTAL, así como el acompañamiento de sindicatos democráticos y defensores de derechos humanos en el exterior, ha ayudado a visibilizar esta causa y proteger a quienes la encarnan. Sin esa presión externa, la represión sería todavía más brutal y silenciosa.
En regímenes cerrados, la legalidad muchas veces es solo una coartada del poder. Por eso, la verdadera legitimidad se construye desde abajo, desde la coherencia ética, la acción sostenida y el respaldo social. La represión contra el sindicalismo independiente revela lo que el poder no se atreve a decir: que teme a los trabajadores organizados, porque ellos cuestionan no solo los bajos salarios o las malas condiciones laborales, sino el mismo monopolio estatal sobre la economía y la vida.
Defender la libertad sindical es defender la democracia. Donde no se permite la organización de los trabajadores, tampoco hay participación, ni disenso, ni control social del poder. Cada grupo que logra organizarse de manera autónoma representa un pequeño foco de democracia real en medio de la simulación.
El sindicalismo libre no es solo una herramienta de defensa laboral: es una semilla de libertad. La lucha por él en Cuba demuestra que la dignidad laboral y la libertad política están entrelazadas. Y también que el liderazgo, la organización desde la base y el reconocimiento del trabajador como sujeto político son claves para cualquier cambio real.
Esta entrevista es también un homenaje a los sindicalistas cubanos que resisten. Cada uno de ellos, con su ejemplo, demuestra que ningún régimen puede reprimir para siempre el deseo de justicia y libertad. Que así sea.
¡¡¡Libertad para todos los presos políticos cubanos!!!
Revista Foro Cubano de Divulgación
ISSN, 2590 – 4833 (En línea)
Volumen 8, No. 71
Febrero y marzo 2025