domingo , 19 mayo 2024
Ulises Gilarte, secretario de la CTC, junto a Raúl Castro y Díaz-Canel en un desfile de Primero de Mayo.

España financió con casi tres millones de euros el ‘fortalecimiento’ de la CTC en Cuba

‘Es un bochorno que faciliten recursos a organizaciones que responden a los intereses del Partido Comunista’ dijo Iván Hernández Carrillo.

Madrid (Miguel Suárez / DDC) – Datos oficiales de los dos últimos años revelan la ausencia de proyectos financiados por España para promover los derechos humanos en Cuba, especialmente los civiles, políticos y sociales, en medio de la mayor represión de las últimas décadas. En cambio, el Gobierno de Pedro Sánchez sí subvencionó actuaciones de este tipo en países como Argentina, Palestina, Panamá, República Dominicana, Egipto, Bolivia, Paraguay o El Salvador.

Las omisiones y silencios son alarmantes, pero todavía peor es el destino de los fondos públicos aprobados: organismos bajo control absoluto del Partido Comunista de Cuba.

Antenas del castrismo en España

El 2 de junio de 2023 arrancó el proyecto «Agro Crece» en las provincias de Granma, Matanzas, Pinar del Río, Cienfuegos, Mayabeque y La Habana, para el «fortalecimiento sindical y mejora de la producción» en el sector agropecuario de Cuba.

Fue concedido por un total de 2.906.414 euros a la Fundación Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD), adscrita a la Unión General de Trabajadores (UGT), el gremio español tutelado por el gubernamental Partido Socialista (PSOE).

ISCOD admite que sus «socios locales» para el «fortalecimiento sindical» son la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y los sindicatos de trabajadores azucareros, agropecuarios, forestales y tabacaleros.

«Es un bochorno que faciliten recursos a organizaciones progubernamentales, que responden a los intereses del Partido Comunista. A nosotros, por supuesto, nos genera mucha preocupación que se financie a órganos represivos en Cuba», denunció desde Matanzas el sindicalista Iván Hernández Carrillo, ex preso político y secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.

La semana pasada, Hernández Carrillo fue detenido y amenazado con cárcel por «atentar contra el orden constitucional» y «mercenarismo».

ISCOD no respondió a las peticiones de comentarios de DIARIO DE CUBA.

En mayo de 2022, una delegación de UGT visitó La Habana «para identificar vías de colaboración con la Central de Trabajadores de Cuba (CTC)», que luego terminarían concretándose con cargo al erario público español. La colaboración finalizará a mediados de 2027.

España destinó en 2022 otros tres millones de euros a la «promoción del desarrollo territorial inclusivo, equitativo y sostenible de La Habana», de la mano del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL).

Tampoco hubo respuesta por parte del MPDL sobre el contenido y los resultados del programa.

La organización asegura en su web que «en Cuba se constatan índices favorables en cuanto al acceso universal a los servicios sociales básicos e importantes progresos respecto a la erradicación de la pobreza». Los retos del país, dice, son «la producción sostenible de alimentos, la adaptación al cambio climático, el manejo sostenible de recursos naturales y y la calidad de los alimentos».

MPDL dice haber colaborado antes en la rehabilitación y construcción de viviendas en La Habana, el sector sanitario y en la mejora alimentaria de la población.

En 2022 propuso conceder el Premio Nobel de la Paz a los médicos cubanos exportados al extranjero, a pesar de que la actividad está bajo la lupa de Naciones Unidas por denuncias de semiesclavitud.

La ONG Rescate Internacional tampoco explicó a DDC los resultados de su programa para «promover prácticas innovadoras en el sistema ganadero cubano para mejorar la sostenibilidad del sector», dotado con 429.990 euros.

Algunas entidades técnicas han recibido fondos públicos españoles en los dos últimos años para actividades aparentemente más razonables, como tratamiento y fertilización de suelos, modernización agrícola, agua y saneamiento, nuevas tecnologías o transferencia tecnológica.

«La dificultad que tiene cualquier tipo de ayuda es que debe estar testada por parte de las autoridades legales del país al que se ayuda. Al final, acaba siendo un problema cuando el Tribunal de Cuentas [de España] tiene que auditar a las instituciones públicas», señaló Fernando Maura, exdiputado del partido Ciudadanos en el Congreso español.

En declaraciones a DIARIO DE CUBA, el experto considera que «hay que buscar otro procedimiento, otras vías», para cooperar con organizaciones de la disidencia en la Isla.

En el pasado, el Gobierno de Madrid concedió ayudas a organizaciones de exiliados, legalmente establecidas en España, para promover la democratización. De modo general, estas colaboraciones finalizaron durante la administración del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Nueva convocatoria española

Esta semana, el Gobierno español abrió una nueva convocatoria, dotada de 55 millones de euros para financiar proyectos de cooperación internacional en 28 países, entre ellos Cuba.

Entre los programas y sectores «priorizados» están los que desarrollen «un modelo de ciudadanía global capaz de contribuir a la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo de los pueblos, desde un enfoque de derechos humanos, y para la promoción del comercio justo».

Según la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), el enfoque debe estar «basado en los derechos humanos, en particular entre poblaciones en situación de vulnerabilidad o excluidas, en la promoción de la paz, la diversidad cultural, la democracia y el Estado de Derecho».

Recientemente, el Gobierno de España presentó un «mecanismo de apoyo a personas defensoras de derechos humanos» de América Latina y el Caribe, aunque evitó explicar cómo funcionará en las tres dictaduras de la región, especialmente en Cuba.

La ley cubana sobre cooperación, aprobada en 2020, aclara que las ayudas se recibirán «sin condicionamientos económico, político o social que impliquen injerencia en los asuntos internos (…) y con estricto respeto a la soberanía, autodeterminación, leyes, cultura, religión y costumbres».

Es decir, en un escenario de dominó trancado, España debe decidir si continúa financiando a organizaciones clave en la represión contra los cubanos, se centra en proyectos puramente técnicos para mejorar la calidad de vida de las personas, o si también se abre a cooperar con la Cuba transnacional.