ASIC recomendaría votar por Gilbert Houngbo y cuestiona el silencio de UGT y CCOO ante la persecución sindical en Cuba.
Matanzas, Cuba (ASIC) – La elección de la próxima dirección general de la Organización Internacional del Trabajo debe responder a una exigencia fundamental: defender los derechos laborales y sindicales frente a cualquier poder, sin excepciones ideológicas. Para los trabajadores perseguidos por organizarse libremente, la independencia de la institución tiene consecuencias concretas sobre su protección y la posibilidad de denunciar a sus represores.
La votación secreta está prevista para el 16 de noviembre de 2026. Tras la retirada del peruano Javier González-Olaechea, competirán el actual director general, Gilbert F. Houngbo, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz. El mandato comenzará el 1 de octubre de 2027.
Si la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) tuviera que recomendar el voto entre estas dos candidaturas, lo haría por Gilbert Houngbo. Sería una elección pragmática entre las alternativas disponibles. Su trayectoria no lo convierte en la mejor opción posible, ni borra sus errores, las insuficiencias de su gestión o las críticas que merece la conducción de la organización.
Houngbo conoce los procedimientos, los equilibrios tripartitos y los mecanismos de supervisión de la OIT. Fue director general adjunto entre 2013 y 2017 y asumió la dirección general el 1 de octubre de 2022. Esa experiencia tiene valor, aunque debe medirse por sus resultados y no utilizarse como refugio frente a la rendición de cuentas.
Para ASIC pesa, además, que durante su mandato han continuado los procedimientos y la adopción de recomendaciones sobre violaciones de la libertad sindical en Cuba y Venezuela. Esas decisiones corresponden a los órganos de control y al Consejo de Administración, pero su continuidad permite evaluar el funcionamiento institucional bajo su dirección.
ASIC valoraría el pragmatismo de Houngbo y la continuidad de los mecanismos de supervisión durante su mandato. Los expedientes públicos documentan que el escrutinio sobre Cuba y Venezuela ha continuado. Sobre esa base, su permanencia ofrecería una referencia institucional conocida para quienes necesitan preservar esos procedimientos. Preservar esa independencia constituye un criterio decisivo, aun cuando siga pendiente convertir las recomendaciones en una protección más efectiva para los trabajadores.
La candidatura de Yolanda Díaz plantea dudas que merecen respuestas claras. En julio de 2021, después de las protestas en Cuba, evitó calificar al régimen como una dictadura y remitió a los estándares democráticos de Naciones Unidas. También pidió liberar a periodistas detenidos y defendió las libertades de expresión y manifestación. Esas declaraciones deben reconocerse, pero no eliminan su evasiva sobre la naturaleza del poder responsable de la represión.
Para quienes sufren persecución sindical en la Isla, esa ambigüedad resulta preocupante. Quien aspire a dirigir la OIT debe demostrar que puede exigir responsabilidades a una dictadura ideológicamente próxima con la misma firmeza que a cualquier otro régimen. La defensa de los derechos fundamentales exige identificar las violaciones, escuchar a sus víctimas y reclamar medidas concretas a los responsables.
Díaz cuenta con el respaldo de CCOO y UGT, mientras la Confederación Sindical Internacional ha apoyado a Houngbo. Los sindicatos españoles han cuestionado el procedimiento seguido para anunciar ese respaldo, mostrando una división dentro del movimiento sindical internacional. Su apoyo a la candidata española obliga también a examinar su propia conducta ante la dictadura cubana.
En 2003, ambas organizaciones protestaron contra la represión en Cuba. UGT reclamó la liberación de los detenidos y CCOO cuestionó las condenas por actividades comprendidas en las libertades de expresión, reunión y asociación. Un trabajo publicado ese año por la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana también recogió que ambas reclamaron respeto a la libertad sindical. Ese antecedente impide hablar de un silencio histórico absoluto.
Pero las protestas de 2003 no pueden servir de coartada frente a la falta de una denuncia pública sostenida de la persecución del sindicalismo independiente. Los documentos examinados muestran una contradicción concreta: UGT formaliza su colaboración política con la CTC y la presenta como máxima representante de los trabajadores cubanos, mientras CCOO omite la represión y las restricciones sindicales en el apartado sobre Cuba de su resolución congresual de 2021. Esa conducta merece un cuestionamiento firme.
En mayo de 2022, UGT formalizó con la CTC un acuerdo que incluía expresamente colaboración política en los foros internacionales. En mayo de 2026 volvió a presentarla como máxima representante de la clase trabajadora cubana. Ese reconocimiento deja fuera a quienes intentan organizarse de manera independiente y sufren persecución precisamente por ejercer ese derecho.
CCOO tampoco puede eludir este cuestionamiento. En la resolución de su XII Congreso Confederal, celebrado en octubre de 2021, el apartado dedicado a Cuba denunció el embargo estadounidense, pero omitió la represión de las protestas de julio y las restricciones a la libertad sindical. El mismo documento denunció expresamente la represión y las violaciones de derechos humanos en Colombia. Las víctimas cubanas merecían una exigencia igualmente clara frente a sus represores.
Desde la perspectiva de ASIC, esa combinación de cercanía a la central oficial y ausencia de una denuncia pública sostenida constituye un silencio cómplice con la dictadura cubana. Es un juicio sobre su conducta institucional: mientras mantienen relaciones con la organización amparada por el poder, los sindicalistas independientes no encuentran una defensa pública equivalente frente a la persecución.
Oponerse al embargo y promover ayuda humanitaria son posiciones compatibles con denunciar a la dictadura. Nada impide defender a la población cubana frente a las consecuencias de las sanciones y, al mismo tiempo, exigir que pueda organizar sindicatos libres. Presentar una causa como excusa para omitir la otra supone abandonar a trabajadores cuyos derechos deberían ocupar el centro de la solidaridad internacional.
CCOO y UGT deben responder por esa contradicción. Su defensa de la libertad sindical en España las obliga a sostener el mismo principio en Cuba: el derecho a constituir organizaciones independientes, elegir representantes y actuar sin amenazas ni represalias. Ninguna afinidad política justifica rebajar esa exigencia.
El caso 3271, presentado por ASIC ante la OIT en diciembre de 2016, muestra lo que está en juego. El expediente recoge denuncias de persecución, detenciones, discriminación antisindical y obstáculos al reconocimiento de organizaciones independientes. Preservar la autonomía de los mecanismos que examinan estos hechos y exigir el cumplimiento de sus recomendaciones debe ser una prioridad de la próxima dirección.
No existe evidencia para afirmar que Yolanda Díaz bloquearía esos procedimientos. Sus evasivas documentadas sobre Cuba y las posiciones de sus principales apoyos sindicales españoles sí justifican exigirle garantías inequívocas. Las víctimas necesitan compromisos verificables de independencia frente a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Por esas razones, ASIC recomendaría votar por Gilbert Houngbo. Su preferencia sería crítica, basada en su pragmatismo, su conocimiento de la institución y la continuidad del escrutinio durante su mandato, al margen de sus errores. Ese respaldo llevaría aparejada una exigencia de mayor eficacia, transparencia y protección de los denunciantes.
La OIT debe garantizar que ningún trabajador quede desprotegido por la identidad política de quien lo persigue. Esa es la responsabilidad que debe orientar la elección y el criterio con el que habrá que juzgar a quien resulte elegido.
Iván Hernández Carrillo es secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), periodista independiente y defensor de los derechos humanos. Expreso político de la Primavera Negra de 2003, desarrolla su labor en defensa de los derechos laborales y la libertad sindical en Cuba.