sábado , 22 junio 2024
Operativo policial en La Cuevita, San Miguel del Padrón. (Lázaro mManuel Alonso)

Otro capítulo de la batida del régimen cubano contra revendedores

La más reciente ofensiva ordenada por Díaz-Canel deja en dos barrios un saldo de 50 trabajadores, multas y productos confiscados.

La Habana (DDC) – En otros dos capítulos de la actual batida del Gobierno cubano contra «ilegalidades», que persigue sobre todo a revendedores, una operación policial en San Miguel del Padrón terminó con más de 50 personas detenidas y en Playa inspecciones en un proyecto de la estatal Recreatur dejaron multas y confiscaciones de productos.

Este jueves, fuerzas de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) procedieron al arresto de más de 50 ciudadanos en La Cuevita, barrio conocido por ser epicentro del mercado negro en la capital cubana. Según publicó en su perfil de Facebook el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso, los ciudadanos detenidos «revendían productos de primera necesidad obtenidos de mercados estatales».

«En oferta tenían picadillo, aceite, pollo, queso, galletas, medicamentos y aseo. Fueron inspeccionadas varias viviendas que funcionaban como almacén. Usuarios en redes sociales demandan que, además de las detenciones, llegue la justicia a quienes, desde los comercios, contribuían al lucro y a la especulación», escribió Alonso, quien compartió imágenes de los productos confiscados.

La pasada semana el gobernante Miguel Díaz-Canel hizo un llamado para continuar y acelerar la ofensiva gubernamental contra la »economía sumergida» y la corrupción que permea a prácticamente todo el tejido económico del régimen.

De igual manera, la orientación dada por el primer secretario del Partido Comunista en La Habana, Luis Torres Iríbar, es »intensificar el enfrentamiento a las ilegalidades relacionadas con la venta de productos alimenticios, el acaparamiento, la sustracción de mercancías de las entidades estatales y los precios abusivos».

Como en otras ocasiones, la prensa estatal se hace eco de la estrategia oficial de depositar responsabilidades en los últimos eslabones de la cadena. Se vuelve a atacar las consecuencias y no la raíz del problema.

Según informó el jueves el Portal del Ciudadano de La Habana, el Grupo Provincial de Enfrentamiento a las Ilegalidades actuó en el Proyecto de Desarrollo Local (PDL) Recreatur Paseo Marítimo, de 1ra y 70, en el municipio Playa, donde «se realizaron varias acciones de control con el objetivo de incrementar la exigencia, el rigor y el enfrentamiento a violaciones, conductas de indisciplinas y descontrol que se manifiestan en el lugar».

Como resultado de esas acciones se aplicaron un total de 41 multas, de ellas 37 por la Dirección de Inspección, dos por la Dirección Provincial de Finanzas y Precios, y otras tantas por la Dirección Nacional de Inspección Estatal de la Industria Alimentaria (ONIE). Asimismo, se realizaron cuatro decomisos, entregados todos a la ONIE.

Según la página gubernamental, «entre las principales violaciones detectadas están la de trabajadores ejerciendo sin concertar contrato de trabajo; precios abusivos y especulativos, con ganancias desmedidas en productos como refrescos enlatados, cervezas enlatadas, agua mineral, latas de Redbull; y la no licitud de 39,47 libras de langosta y cuatro kilogramos de camarones».

En otro ciclo de las ofensivas del régimen contra ilegalidades y corrupción, Díaz Canel llamó a los revendedores «pillos, lumpen, vagos y corruptos».

»Nosotros lo que no podemos permitir es que quienes no trabajan, no aportan y están en la ilegalidad, ganen más y tengan más posibilidades para vivir que los que realmente aportan, ahí estamos al revés, estamos rompiendo los conceptos del socialismo», expresó gobernante, como si este fenómeno fuera una manifestación nueva en la sociedad cubana y las políticas gubernamentales no tuvieran responsabilidad en ella.

La actual batida sucede en un contexto de desbocada inflación, provocada por la implementación de la Tarea Ordenamiento a partir de enero de 2021 y agravada por las desastrosas políticas económicas del régimen.