Pese a las evidencias, dueños de MIPYMES cubanas niegan conexiones con el Gobierno

«El director de una destacada empresa tecnológica, ahora diputado, califica de lamentable’ la audiencia en el Congreso de EE. UU.»

La Habana (DDC) – Un grupo de empresarios cubanos dijo este lunes que las MIPYMES en la Isla no están vinculadas al régimen y pidieron a EEUU las mismas facilidades que tiene el sector privado de otros países cuyos gobiernos también están sancionados por el Departamento de Estado.

De acuerdo con un reporte de EFE, dueños de MIPYMES cubanas acudieron a una comparecencia en la sede de una empresa de producción e importación de alimentos en La Habana, días después de un debate sobre las nuevas firmas privadas en la Isla en el subcomité del Hemisferio Occidental del Congreso de EEUU.

En este, la congresista republicana de origen cubano María Elvira Salazar aseguró que muchos propietarios de estos nuevos negocios —más de 10.000, según el Ministerio de Economía— son en realidad personas vinculadas con el Gobierno, al que definió como «el Hamás del continente».

Al respecto, Oniel Hernández, cofundador de la firma AUGE, dijo que la audiencia de Salazar fue un «intento de tratar de amarrar las manos de la Administración» de Joe Biden en su política hacia La Habana.

También aseguró que la empresa privada en Cuba «es real» y que «es imposible que un sector donde están empleados 1,6 millones de personas» esté completamente «vinculado» al Gobierno o a los dirigentes del Partido Comunista.

En la audiencia en el Congreso de Estados Unidos, Eric Jacobstein, subsecretario adjunto en la Oficina de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, dijo que Washington no planea por ahora permitir a las MIPYMES el acceso al sistema bancario estadounidense.

En ese sentido, Salazar alertó de que hacerlo «violaría el embargo» económico.

Para Carlos Miguel Pérez Reyes, socio de una empresa de software, pero también diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la comparecencia «fue muy lamentable». En palabras de Pérez, la posición de la congresista Salazar coincide con la «ultraizquierda cubana» que también está en contra del sector privado en Cuba.

Aunque no todas las MIPYMES en la Isla están conectadas con el régimen, algunas, más profesionalizadas, sí tienen vínculos con el Gobierno y su progreso ha estado atado al establecimiento de negocios con diversos organismos e instituciones estatales.

La analista de DIARIO DE CUBA Rafaela Cruz ha advertido en varios artículos sobre el surgimiento de una nueva clase de pequeñas y medianas «empresas» promovida por el Gobierno que, por lo tanto, tiene privilegios frente al verdadero «sector privado».

Evidencias de la conexión entre algunas MIPYMES y el régimen cubano

El propio Carlos Miguel Pérez Reyes y su negocio Dofleini Software SRL son un buen ejemplo. Dofleini Software estuvo entre las cinco primeras empresas privadas cubanas relacionadas con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) reconocidas como tal por el Gobierno.

Pérez Reyes figuró entre los rostros más visibles de la campaña #ElBloqueoTambiénEsUnVirus. El MINREX presentó a Pérez Reyes como un simple emprendedor, sin embargo, omitió que este ostenta el cargo de miembro del Consejo Nacional de la Unión de Informáticos de Cuba (UIC), organización controlada por el Ministerio de Comunicaciones (MINCOM). Es además su vicepresidente provincial en La Habana.

El ahora diputado fue quien representó a los emprendedores tecnológicos en la reunión previa al VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) que sostuvieron el presidente Miguel Díaz-Canel y el Consejo de Ministros con cuentapropistas cubanos.

Como miembro del Consejo Nacional de la UIC, Pérez Reyes aparece como autor de un documento titulado «Declaración de la Unión de Informáticos de Cuba ante las manipulaciones, provocaciones e injerencias del gobierno de Estados Unidos, que pretende desestabilizar la Revolución cubana», que se dedicó a difamar sobre el Movimiento San Isidro y los activistas políticos cubanos.

El director ejecutivo de Dofleini Software «alertó» a Miguel Díaz-Canel el pasado año que la «bancarización» forzada que planteó el Gobierno traería graves consecuencias.

En la sesión de julio último de la ANPP, las palabras de Pérez en torno a que el salario en Cuba «no alcanza ni para comprar una barra de queso» trascendieron después que fueran difundidas por los medios oficiales. Su intervención en una de las comisiones del órgano fue incluso celebrada por algunos voceros oficiales como ejemplo de la apertura a la autocrítica del régimen.

La revista Negolution, centrada en el mundo del emprendimiento en Cuba, en octubre de 2022 hizo promoción a agentes de la Seguridad del Estado cubano y funcionarios que han abierto negocios privados bajo el paraguas del régimen. El mencionado medio fue cuestionado por periodistas independientes que reconocieron a represores presentados como «emprendedores» y «actores independientes».

La MIPYME Merca-Max SURL, propiedad del agente de la Seguridad del Estado Yoandy Riverón, alias «Cristian», ha hecho negocios en Villa Clara con pollo importado desde Estados Unidos a pesar del embargo.

Riverón fue oficial de la Policía política en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas y «tiene probados hechos de represión» contra la entonces profesora Dalila Rodríguez y los estudiantes Karla Pérez González, expulsada de ese centro de estudios, posteriormente impedida de regresar a Cuba y hoy refugiada en Costa Rica, contra Víctor M. Dueñas y contra el animalista Javier Larrea, fundador del grupo Bienestar Animal Cuba (BAC).

Riverón llegó a los titulares de la prensa, incluida la oficial, reciclado como emprendedor a cargo de la apertura de la tienda de calzado Jona’s SURL, en Camajuaní, Villa Clara, en junio de 2022. Este negocio se especializa en la venta de «calzados de buena calidad y confort» como sandalias, balerinas, chancletas para baño, tenis, entre otros, según la publicidad que acompañó su lanzamiento.

En los perfiles en redes sociales de Riverón suelen aparecer publicaciones de Miguel Díaz-Canel; en 2021 el represor emprendedor se declaró de «Patria o Muerte hasta las últimas consecuencias» a raíz de las históricas protestas del 11J en la Isla. El agente también habría estado involucrado en un trabajo de la Seguridad del Estado para destruir la vivienda del colaborador de DIARIO DE CUBA Pedro Manuel González Reinoso.

Otro emprendedor, Julio Martínez Ramírez, quien fuera el primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) entre 2004 y 2009, opera su propio negocio en el municipio Centro Habana.

DIARIO DE CUBA reportó hace poco cómo una nieta de Raúl Castro, Lisa Titolo Castro, vende los «alimentos favoritos» de los cubanos en la MIPYME Gaia. Un presunto testaferro del régimen, Frank Cuspinera Medina, tiene una gran tienda llamada Diplomarket a las afueras de La Habana que ni siquiera aparece entre la relación de MIPYMES aprobadas hasta ahora.

Consideradas por algunos especialistas como los grandes dinamizadores de la economía, otros atribuyen a las MIPYMES responsabilidad en la elevada inflación y que los altos precios de sus productos han evidenciado y profundizado las diferencias sociales en el país caribeño.

El 19,6% de las MIPYMES cubanas se dedica a actividades manufactureras y el 12% a la producción de alimentos y bebidas, y ocupan a 225.000 cubanos, de los cuales 189.000 son nuevos empleos, según datos oficiales.

Este sector emplea a poco más del 15% de los trabajadores del país y aporta menos del 14% del PIB, según cifras oficiales.