¿Cómo las MIPYMES recolectaron 166 millones de dólares para compras en el exterior si ellas comercializan los productos en pesos?
(Emilio Morales / DDC) – Recientemente, en una intervención en la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil afirmó que las importaciones de la forma de gestión no estatal alcanzaron al cierre del mes de abril la cifra de 270 millones de dólares, de las cuales el 61% (166 millones de dólares) correspondía a las MIPYMES, el 32% correspondían a trabajadores por cuenta propia (86,4 millones) y el 5,7% (15,9 millones) a los artistas, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias. Según el ministro, para fines de diciembre las MIPYMES podrían haber importado unos 1.000 millones de dólares. ¿Es eso relevante? Obviamente no, es realmente preocupante.
Las MIPYMES se han convertido en un canal alternativo para importar productos al que ha tenido que acudir el Gobierno para evadir el embargo estadounidense, y tratar de llenar el vacío financiero de la falta de líneas de créditos por ser mal pagadores.
El ministro Gil no definió en cuántas MIPYMES se concentró la importación de productos que representó el 61% de la importación de la forma de gestión no estatal. Tampoco dio información acerca de en qué tipo de productos se concentraron esas importaciones. El ministro tampoco dijo que las empresas intermediarias estatales se embolsillaron el 20% de este valor de 270 millones importados en mercancías, unos 54 millones de dólares producto de su actividad parásita. Por cierto, dinero que fue a parar al Banco Financiero Internacional (BFI.SA) a las arcas de GAESA, que es donde estas empresas importadoras por obligación tienen sus cuentas bancarias.
El ministro Gil afirmó que la forma de gestión no estatal exportó solamente productos por valor de cuatro millones de dólares. Sin embargo, no dijo que este valor representa el 1,48% del total involucrado en las transacciones realizados por el sector no estatal para la importación y la exportación de productos.
Se supone que las MIPYMES se crearon para poder producir en el país, para sustituir importaciones y eliminar la dependencia externa de importación de productos y alimentos. Obviamente esto no se está cumpliendo, el país sigue sin producir a pesar de las MIPYMES.
¿Qué es lo que realmente está pasando?
Lo que ha pasado es que el régimen cubano ha permitido compartir una ruta de importación controlada, que anteriormente estaba en manos de unas pocas empresas estatales, para que algunas MIPYMES puedan importar a través de empresas intermediarias un número determinado de productos. Sobre todo, alimentos y productos del hogar que usualmente se importaban para abastecer las tiendas del mercado minorista dolarizado controladas por GAESA.
Como las empresas de GAESA y las del MINCEX han perdido a decenas de suministradores y líneas de créditos por ser mal pagadores, están usando un número de MIPYMES para que ellas sean las que hagan esas operaciones de compras de productos en el exterior, utilizando sus propios recursos. Estas MIPYMES están obligadas a canalizar las importaciones de estos productos a través de las empresas estatales intermediarias, a quienes tienen que pagarle el 20% del valor de la mercancía importada. Posteriormente les permiten vender estos productos a empresas estatales y a otras MIPYMES que no importan productos.
Esto ha generado el surgimiento de pequeñas tiendas en manos «privadas» (otras MIPYMES) que están abastecidas, pero con precios impagables para la mayoría de los cubanos, haciendo competencia con las redes minoristas dolarizadas que controla GAESA.
En estas tiendas se puede encontrar un paquete de leche en polvo de un kg que cuesta entre 1.800 y 2.000CUP, un queso Gouda con un precio de 7.800CUP, una botella de aceite de 750 ml con valor de 850CUP, un recipiente de cuatro litros de helado con un costo de 2.300CUP y un pequeño paquete de galletas saladas a un precio de 380CUP, por solo citar algunos ejemplos. Hay que recordar que el salario mínimo en Cuba en el 2023 es de 2.100 pesos, uno de los más bajos de América Latina. Un individuo que gane el salario mínimo tendría que esperar 3,71 meses para poder comprar un queso Gouda. Sin embargo, en esas tiendas no te encuentras un litro de leche o un queso producido por un campesino cubano, todos los productos son importados.
La propia prensa cubana ha reconocido que las MIPYMES están centradas en la compra en el exterior de bienes finales para después venderlos directamente a la población en el mercado interno, no en la compra de materias primas para incentivar la producción nacional, que fue el objetivo fundamental para el cual fue creada la Ley de MIPYMES, según ha declarado el propio ministro Gil.
Según el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) al cierre del 30 de mayo se habían aprobado 8.303 MIPYMES desde que fuera aprobada la ley a finales de septiembre del 2021. De ellas 52% son reconversiones de negocios preexistentes y 48% son empresas de nueva creación.
¿En cuántas de estas MIPYMES se ha concentrado la importación de esos 166 millones de dólares, que afirmó el ministro Gil se habían canalizado por estas empresas?
Para responder esta pregunta hay que entender que estos productos se compran en dólares en el exterior, por tanto, hay que recoger dólares en el mercado cubano para poder repetir el ciclo de compra. Los dólares al mercado interno cubano solo entran por dos vías, remesas o turismo, pues los salarios que paga el Gobierno a los más de cuatro millones de trabajadores que tiene el país se hace en pesos cubanos. Como sabemos, el turismo que va a Cuba es bien poco y la mayoría es en la modalidad de todo incluido, por tanto, el dinero que deja en el mercado minorista es muy poco. El 95% de los dólares que se mueven en el mercado minorista dolarizado proviene de las remesas. En estos momentos, alrededor del 80% de las remesas están entrando al país por vías informales, los que la reciben prefieren que estas lleguen en dólares a sus manos en vez de a sus tarjetas MLC. Es obvio que el mercado de remesas se comporte de esta manera, con solo 12 dólares que reciba un ciudadano cubano desde el exterior estaría superando el valor del salario mínimo que paga el Estado por un mes de trabajo a un simple trabajador.
Las MIPYMES venden sus productos en pesos cubanos, por tanto, tienen que cambiar en algún momento esos pesos cubanos en dólares para poder comprar en el exterior. Sin embargo, tanto en las Casas de Cambio conocidas (CADECAS), como en los bancos solo permiten comprar 100 dólares por persona. Es el límite que ha impuesto el Gobierno en el nuevo mercado cambiario. Viendo esta realidad, la práctica nos demuestra que las MIPYMES tienen que acudir al mercado negro para poder obtener los dólares que necesitan para poder comprar en el exterior las mercancías que comercializan en la Isla.
¿Cómo el ministro Gil puede explicar entonces el funcionamiento del flujo de caja de las MIPYMES, si el sistema financiero cubano ha puesto un límite de compra de 100 dólares por persona? ¿Cómo las MIPYMES recolectaron 166 millones de dólares que usaron para hacer las compras en el exterior en los primeros cuatro meses del año si ellas comercializan los productos en pesos? ¿Como movieron los dólares desde Cuba a los mercados en el exterior donde estas MIPYMES compran la mercancía que después tienen que importar para venderla en el mercado cubano?
Sin duda, este mecanismo es una gran caja negra al estilo de cómo opera GAESA. ¿Quiénes son los afortunados emprendedores que pueden tomar ventaja de esta caja negra? ¿En cuantos de ellos se concentran estas operaciones comerciales nada transparentes?
Es muy probable que un puñado de astutos emprendedores estén aprovechando la alta demanda de productos que existe en el mercado y estén sacando grandes dividendos en este comercio opaco que trasluce hoy en este fenómeno de MIPYMES cubanas. Sin embargo, ¿hasta cuándo podrán disfrutar de esta oportunidad circunstancial que no está soportada legalmente sobre bases jurídicas sólidas que los protejan en esta práctica comercial poco transparente? Con la escasez de divisas que tiene el Gobierno, y en particular GAESA, que en definitiva es quien controla las finanzas del país, ¿alguien cree en su sano juicio que van a dejar que las empresas MIPYMES supuestamente en manos de ciudadanos no conectados con el régimen vayan a controlar los pocos dólares que entran al país? Que nadie lo dude, GAESA ha creado su red de MIPYMES para captar esas remesas que no entran por la ruta digital de las tarjetas MLC creadas por ellos.
¿Qué se pretende realmente con las MIPYMES?
La nueva Ley de MIPYMES fue diseñada para redireccionar las empresas estatales, crear una estructura empresarial en su mayoría manejada por oligarcas y personas afines al Gobierno, con el objetivo de atraer la inversión extranjera y burlar el embargo norteamericano. En otras palabras, es una forma de capitalizar el país en pequeñas y medianas empresas controladas por la oligarquía que hoy detenta el poder en el país. Su desarrollo y crecimiento depende totalmente del Estado, no del resultado de un movimiento de emprendedores libre y espontáneo para generar riquezas. Si así fuera, en Cuba hoy existieran decenas de miles de MIPYMES. Sin embargo, después de casi dos años de aprobada la ley solo hay 8.303, como mencionamos anteriormente.
Si comparamos por ejemplo a Cuba con la República Dominicana vamos a constatar una diferencia abismal. En República Dominicana existen alrededor de 1,5 millones de MIPYMES, pues es un país democrático, con un mercado de libre empresa, con libertad de precios, con separación de poderes y donde el Gobierno crea leyes flexibles que permiten que florezca el emprendimiento y se pondere la generación de riquezas por parte de los ciudadanos.
En Cuba apenas hay 0,55% del total de las MIPYMES que existen en República Dominicana. Estos números corresponden a un país donde no existe la separación de poderes, la economía es centralizada, no existe el mercado de libre empresa, de libertad de precios y donde el sector privado ni siquiera existe. Eufemísticamente el Gobierno lo cataloga como «sector no estatal».
Para los cubanos de la Isla es imposible abrir empresas de manera espontánea. El sistema no está diseñado para ellos, sino para la mafia oligarca. Dichas empresas deben ser aprobadas por varias instancias gubernamentales, y es el Estado el que decide a quién se le otorga el favor, en qué sector y en qué condiciones. La mayoría de los que finalmente resultan autorizados, suelen ser personas afines al Gobierno. Aun así, estas empresas no pueden importar ni exportar productos y servicios de forma directa. Todas esas empresas, trabajadores por cuenta propia, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias y demás actores que se engloban dentro de ese globo que se denomina «sector no estatal» no pueden importar ni exportar productos y servicios de forma independiente. Tienen que hacerlo a través de una empresa intermediaria estatal que les cobra el 20% del valor de la transacción ya sea para importar o para exportar.
La Ley de MIPYMES no es más que el andamiaje perfecto para crear un tejido empresarial que absorba las principales empresas estatales en un futuro proceso de privatización de la economía. Dicho de una manera simple: es el marco legal que va a regular la venta de la piñata.
Mientras llega ese momento tampoco las MIPYMES podrán equiparase al trato que se dispensa al inversionista extranjero. Al cuentapropista emprendedor cubano lo asfixian y aniquilan, pero tampoco las MIPYMES serán tratadas de forma similar al capital extranjero. Solo basta ver el tratamiento que le acaban de dar a las empresas rusas para ver las diferencias. Hasta las leyes del país van a cambiar para satisfacer las necesidades y las exigencias que han impuesto los empresarios rusos si quieren que ellos inviertan en la Isla.
¿Por qué esa discriminación con los propios cubanos? ¿Por qué las MIPYMES cubanas no pueden gozar de los mismos privilegios que le van a dar a los empresarios rusos? Este es el apartheid que tiene establecido y diseñado el Partido Comunista de la mano de GAESA para los ciudadanos cubanos.
Empresarios cubanoamericanos y norteamericanos tratan de inflar el globo de las MIPYMES
En medio de este circo, en los últimos meses hemos visto como el régimen cubano, a través de sus agentes de influencia, han tratado de ponderar y promover un sector privado que en la práctica no existe en la Isla, con varios objetivos: 1. Tratar de inducir una ola de concesiones precipitadas de EEUU y la UE basadas en la falsa premisa de que con ello Cuba se alejaría de sus aliados autocráticos (Rusia, China, Venezuela, Nicaragua, Irán, etc.) ; 2. Evadir el embargo y las sanciones haciendo creer a OFAC que ha surgido un genuino sector privado en Cuba al que por ley no pueden aplicar sanciones; 3. Crear un tejido empresarial supeditado a y bajo el control de la nueva oligarquía a fin de mantener el control económico y financiero del país.
En esta estrategia han incluido encuentros entre empresarios norteamericanos y funcionarios del Gobierno cubano, como el organizado a finales del mes de octubre del 2022 en el Hotel Nacional de la capital cubana, denominado Fórum Comercial entre empresarios norteamericanos. Dicha cita resultó ser mucho ruido y pocas nueces. Mas bien sirvió para mostrar públicamente la desesperación del régimen por tratar de encontrar nuevas vías de financiamiento.
Estos encuentros ocurrieron en medio del apoyo del régimen cubano a la invasión genocida de Rusia a Ucrania. Apoyo que se hizo incondicional posteriormente con el anuncio de Miguel Díaz-Canel de que Cuba iba hacia el modelo ruso a cambio del espaldarazo geopolítico a Rusia.
En el paquete que Putin ha ofrecido a Cuba potencialmente se manejan varios acuerdos que implican una diversidad de negocios que van desde el ensamblaje de autos rusos en la Isla, la construcción de una planta de energía solar, inversiones en el sector turístico, el envío de petróleo, acuerdos en la esfera militar y de seguridad, hasta la digitalización de la banca cubana, entre otros.
Lo cierto es que el régimen de Cuba no tiene un centavo, ni tampoco está en la capacidad de saldar la deuda que tiene con los rusos. Cuba es un mercado situado a más de 10.000 millas de Rusia y su población es de apenas 10,8 millones de habitantes con un salario que no rebasan los 12 dólares al mes como promedio. ¿Qué podría haber de atractivo en el mercado cubano para los oligarcas rusos? Realmente muy poco o casi nada. Máxime cuando Cuba es también un país sancionado, que se encuentra en la lista de países que soportan al terrorismo y se le hace muy difícil el tema de las transacciones financieras. Un país que, además, no cuenta con ninguna industria que produzca bienes a gran escala y que pueda exportar. Ya ni siquiera exporta azúcar, ahora la importa.
El ofrecimiento de Putin ha sido con condiciones, que implican cambios legislativos en la Isla. Pues el actual marco legal que soporta las leyes cubanas no satisface las condiciones sobre las cuales los rusos quieren montar sus negocios en la Isla. Los rusos quieren garantizar que sus recursos a invertir en el país «no se pierdan» en la maleza de la burocracia y la ineficiencia castrista como los más de 115.000 millones de dólares que se esfumaron en la época de la otrora URSS. Tampoco quieren terminar atascados en el cobro de multimillonarias deudas como la que le perdonó Putin en 2015, por valor de 29.000 millones de dólares.
En medio de este acuerdo relámpago con Rusia, un nuevo grupo de empresarios cubanoamericanos y norteamericanos regresaron recientemente a la Isla para continuar con el lobby de querer hacer negocios con el sector privado que no existe en Cuba. Esta vez, encabezados por el titular de la Fundación Hope por Cuba, Jorge Ignacio Fernández y el vicepresidente de la Asociación de la Industria de Alimentos de EEUU, Mark Baum.
Sus reuniones fueron con el presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, Antonio Carricarte, y hasta con el propio Miguel Díaz-Canel. Ambos empresarios expresaron su interés en establecer vínculos comerciales en el sector de la alimentación, conectar con las MIPYMES cubanas, conocer el mercado cubano para determinar en cuáles áreas es posible colaborar y trabajar en temas como la energía sostenible, e incluso con compañías de dispositivos médicos interesadas en realizar las vacunas cubanas.
A estas alturas es difícil saber si el motivo que mueve a estos personajes es la ignorancia o la complicidad. Si realmente quieren conocer el mercado cubano solo basta con mirar la cantidad de solicitudes de parole humanitario que al cierre del mes de abril las autoridades norteamericanas rebelaron que ya pasaban la cifra de 380.000 solicitudes. Cada una de esas solicitudes reclama a un promedio de cuatro personas, lo que significa que el exilio cubano prefiere invertir en sacar de la Isla a 1.520.000 personas que invertir en las MIPYMES que supuestamente se permiten tener en la Isla. Si sumamos a esta cifra los 450.000 cubanos que se han marchado del país en los últimos dos años, serían casi dos millones de cubanos, lo cual representa casi el 20% de la población del país.
Estos personajes que hoy cabildean por hacer negocios con un sector privado que no existe en la Isla deberían comprender que si existe un exilio que prefiere y está dispuesto a salvar a dos millones de cubanos de las garras de la dictadura financiando su salida del país para garantizar su manutención y ayudarles a construir su futuro en EEUU, antes que invertir en un mercado donde no existe la libertad empresarial, donde se violan los derechos humanos, donde se encarcelan niños, y donde se mata de hambre a un pueblo para imponer una estúpida ideología, ¿cómo sería entonces el papel del exilio ante una Cuba democrática donde se respeten los derechos de los ciudadanos?
Sin duda alguna, la reconstrucción del país sería electrizante, soberbia y fastuosa. Con seguridad habría una gran revolución de MIPYMES. No existe otro camino para reconstruir nuestra patria que de la mano de los propios cubanos. Pero para ello hay que trabajar en la dirección correcta: unir al exilio con el pueblo en la Isla, derrocar la dictadura y devolverle la libertad a los cubanos.