domingo , 19 mayo 2024

Productos cubanos fabricados con trabajo forzoso podrían tener los días contados en la Unión Europea

La prohibición sería un antes y un después en la importación de artículos desde países autoritarios como Cuba y China.

Madrid (Michel Suárez/DDC) – La prohibición europea de cualquier producto fabricado con trabajo forzoso podría suponer un antes y un después en la importación de artículos desde países autoritarios como Cuba y China, salvo que Bruselas prosiga su política de vista gorda frente a determinados regímenes.

Esta semana, el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría —555 votos a favor, seis votos en contra y 45 abstenciones— un nuevo reglamento que permite al bloque «prohibir la venta, importación y exportación de bienes fabricados mediante trabajo forzoso», incluso online.

«Las decisiones de investigar se basarán en información objetiva y verificable que pueda recibirse de organizaciones internacionales, autoridades cooperantes y denunciantes. Se tendrán en cuenta varios factores y criterios de riesgo, incluida la prevalencia del trabajo forzoso impuesto por el Estado en ciertos sectores económicos y áreas geográficas», informó la Eurocámara.

La eurodiputada socialista Maria-Manuel Leitão-Marques (Portugal) recordó que «28 millones de personas están atrapadas en manos de traficantes de personas y de Estados, que las obligan a trabajar por poco o ningún salario».

«Europa no puede exportar sus valores e importar productos fabricados con trabajo forzoso», consideró.

La liberal neerlandesa Samira Rafaela calificó la ley de «innovadora», porque «transfiere el poder de los explotadores a los consumidores y empleados».

Cuba en el punto de mira

«Es una buena noticia. En Cuba hay sectores sometidos a estas prácticas por parte del Estado. Hemos denunciado el caso de los presos que trabajan haciendo carbón para la exportación a Europa. Ojalá que este nuevo mecanismo de denuncia no sea ineficaz por la politización de la Comisión Europea, que en temas de derechos humanos a veces funciona con dobles estándares», afirmó Yaxys Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Un reportaje de DIARIO DE CUBA expuso recientemente cómo miles de presos de la Isla producen carbón de marabú para exportar a Alemania, Gran Bretaña, Grecia, España, Portugal y otros países, en condiciones de hacinamiento, represión, mutilaciones y robo de salarios, mientras las empresas europeas exhiben el producto como «práctica agrícola sostenible» en la Isla. A principios de año, la ONU advirtió al régimen cubano por la persistencia de las violaciones, en especial entre los médicos enviados a las llamadas «misiones internacionalistas», y advirtió que los gobiernos de Italia, Catar y España podrían calificar como cómplices de esos mecanismos.

Además de médicos, deportistas, entrenadores y maestros, otros cubanos enviados al exterior han padecido prácticas de semiesclavitud, entre ellos empleados de cruceros. Pero la peor parte se la llevan los trabajadores del turismo nacional, maniatados por el Gobierno y sus agencias de contratación.

«El convenio número 29/1930 de la OIT, firmado por Cuba, prohíbe el trabajo forzoso. Las empresas de la Unión Europea en la Isla deben respetar su propia legislación y pagar salarios justos a los trabajadores, sin agencias empleadoras intermediarias», afirmó Joel Brito, director ejecutivo del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba (GIRSCC).

A la pregunta de cómo sería la aplicación de la ley, una portavoz de la Comisión Europea (CE, ejecutivo) envió a este periódico un documento que promete «una lista de sectores económicos», en áreas geográficas específicas donde existe trabajo forzoso impuesto por el Estado.

«Se crearía un nuevo Portal Único sobre Trabajo Forzoso para ayudar a hacer cumplir las nuevas reglas» y recibir denuncias de irregularidades. La CE considera que «una red sindical contra los productos derivados del trabajo forzoso ayudaría a mejorar la cooperación entre las autoridades».

Joel Brito recuerda que la empresa sueca IKEA «enfrentó acusaciones por haber utilizado prisioneros cubanos para fabricar sus productos en los años 80», pero el régimen de La Habana «ha continuado con esta práctica, que le proporciona recursos financieros para mantener la represión».

El nuevo reglamento europeo entrará en vigor tras la aprobación del Consejo de la Unión y los Estados miembros tendrán que aplicarlo antes de 2027.