Su denuncia, dirigida a los medios internacionales, expone una realidad que miles de empleados del sector estatal enfrentan a diario.
La Habana (Sindical Press) – La Conferencia Internacional del Trabajo, reunida en Ginebra en 1982, adoptó el Convenio 158 sobre la terminación de la relación de trabajo, que establece las normas internacionales para regular este procedimiento. Sus 22 artículos definen con claridad las condiciones bajo las cuales empleadores y trabajadores pueden poner fin a sus vínculos laborales. Aunque Cuba no ha ratificado este convenio, las prácticas vigentes vulneran principios fundamentales de protección frente al despido arbitrario reconocidos por la OIT y exigibles a todos los Estados miembros. El caso de la trabajadora Ileana Menéndez Ortega, residente en Arroyo Naranjo, es una muestra más de esta realidad.
Menéndez, de 59 años, dedicó dos décadas de su vida laboral al trabajo como inspectora en la Empresa de Gastronomía del municipio Arroyo Naranjo. Su función consistía en supervisar establecimientos estatales y particulares, velando por el cumplimiento de regulaciones sanitarias y administrativas. Sin embargo, su trayectoria profesional se desarrolló en un entorno marcado por presiones constantes, prácticas corruptas normalizadas y un deterioro progresivo de las condiciones laborales en el sector estatal.
“La constitución de este país me otorga el derecho a presentar quejas y peticiones a las autoridades y recibir respuesta adecuada. Pero como no tengo un sindicato que me defienda ni una administración justa, debo denunciar este atropello contra mi persona”, declara Menéndez.
Según relata, la situación se volvió insostenible debido al avance de la crisis económica, que ha golpeado fuertemente el salario real y ha generado un clima donde se pretende que los inspectores toleren irregularidades o acepten sobornos. Ella se negó sistemáticamente a hacerlo. “Eso no va con mi educación ni con mi temperamento, por eso solicité la baja en septiembre”, relató.
La respuesta de la administración fue represiva. En lugar de procesar su solicitud, le comunicaron que su salida “descompletaría la plantilla”, una justificación que, aunque no tiene respaldo legal alguno, es frecuentemente utilizada en el sistema estatal para retener trabajadores contra su voluntad. Además, la amenazaron con negarle cualquier pago pendiente, impedirle obtener referencias laborales y retenerle el expediente, documento imprescindible en Cuba para acceder a un nuevo empleo.
Estos hechos se inscriben en un contexto donde los trabajadores cubanos carecen de mecanismos independientes para defender sus derechos, ya que el sindicalismo está monopolizado por la Central de Trabajadores de Cuba, controlada por el Partido Comunista. Organizaciones sindicales autónomas, como la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), continúan siendo declaradas ilegales y perseguidas por la policía política, pese a las reiteradas observaciones de la OIT que instan al Estado cubano a permitir la libertad sindical y la negociación colectiva genuina.
El caso de Ileana Menéndez no solo refleja la fragilidad de los derechos laborales, sino también el uso sistemático de prácticas administrativas punitivas para disuadir a los trabajadores que intentan ejercer derechos básicos como renunciar, reclamar o exigir condiciones dignas.
Su denuncia, dirigida a los medios internacionales, expone una realidad que miles de empleados del sector estatal enfrentan a diario: un sistema laboral marcado por salarios insuficientes, arbitrariedad administrativa y ausencia total de protección sindical real. La ASIC continuará documentando y denunciando estos atropellos contra los trabajadores cubanos.