Denuncias de explotación laboral y contaminación ambiental cuestionan el papel de Sherritt en Moa, enclave estratégico del níquel en Cuba.
La Habana (Sindical Press) – Moa, en la provincia de Holguín, es la “capital del níquel” de Cuba. Desde hace más de tres décadas, la joint venture Moa Nickel S.A. —50% de la canadiense Sherritt International y 50% de la estatal General Nickel— extrae y procesa níquel y cobalto, metales estratégicos para la transición energética global. Pero detrás de la producción de minerales críticos se acumulan denuncias: confiscación sistemática de salarios a trabajadores y una contaminación ambiental persistente que afecta la salud de miles de residentes del municipio.
La operación, iniciada en 1994, ha sido una de las principales fuentes de divisas para el régimen cubano y una apuesta histórica de Sherritt en la isla. Sin embargo, informes recientes de Cuba Archive, testimonios recogidos por CBC News y análisis independientes describen un panorama problemático en materia laboral y ambiental.
“Trabajas como canadiense, pero cobras como cubano”
En noviembre de 2025, CBC News publicó un reportaje basado en testimonios de ex trabajadores cubanos enviados a la refinería de Sherritt en Fort Saskatchewan, Alberta (Canadá). Según dos profesionales que pidieron anonimato, Sherritt pagaba salarios completos, cercanos a los 100.000 dólares canadienses anuales en algunos casos. Pero supervisores del régimen cubano les obligaban a transferir entre el 80% y el 90% a cuentas del gobierno cubano.
“Tan pronto llegas te das cuenta de que es un abuso descarado. Trabajas aquí igual que cualquier canadiense, pero te quedas con una miseria”, relató uno de ellos. Los obreros también denunciaron vigilancia constante, obligación de asistir a reuniones del Partido Comunista y reportar interacciones con colegas canadienses.
Un informe de Archivo Cuba (agosto y septiembre de 2025) amplía estas denuncias. Un ex empleado de la joint venture en Nassau (Bahamas) describió confiscaciones de hasta el 95% de los salarios, restricciones de movimiento, vigilancia y amenazas de prisión o deportación si abandonaban la “misión”. La organización califica estas prácticas como “trata laboral”, similares a las denunciadas en las misiones médicas cubanas.
En Moa, Holguín, los trabajadores de Sherritt reciben menos del 20% del salario en pesos tras la intervención gubernamental, según quejas recogidas por Archivo Cuba. Sherritt paga en divisas a la empresa estatal cubana, que controla posteriormente los pagos.
María Werlau, directora de Archivo Cuba, documenta este patrón desde hace años: el gobierno cubano utiliza las misiones internacionales para obtener divisas, mientras paga salarios mínimos a sus ciudadanos, financiando así al régimen.
La respuesta de Sherritt
La empresa canadiense niega cualquier conocimiento o participación directa en la confiscación de salarios. En declaraciones a CBC y en sus reportes corporativos, afirma que cumple con todas las leyes aplicables en Canadá y en los países donde opera, y que realiza procesos de “due diligence” contra el trabajo forzado. En su informe anual sobre trabajo forzado e infantil (2024), Sherritt y su entidad COREFCO declararon no haber identificado riesgos ni incidentes de este tipo en su cadena de suministro.
Sin embargo, críticos como la Human Rights Foundation argumentan que Sherritt conoce el sistema cubano desde hace décadas y se beneficia indirectamente de mano de obra barata, lo que la convertiría en cómplice.
Un costo ambiental alto
El impacto en Moa va más allá de los salarios. La planta Pedro Soto Alba y las operaciones mineras han generado una contaminación crónica. Estudios con imágenes satelitales (Landsat) muestran degradación de vegetación, ríos y aguas costeras desde finales de los años 80, agravada tras la creación de la joint venture.
Residentes reportan nubes tóxicas, polvo negro contaminado con níquel y cobalto, dióxido de azufre y sulfuro de hidrógeno. Un estudio del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología (2011) ya detectaba niveles de contaminantes muy por encima de los límites permitidos. En 2025, reportes ciudadanos y análisis independientes confirmaron a Moa como uno de los mayores emisores de SO₂, NO₂ y CO en Cuba.
Al inicio de la JV, el gobierno cubano concedió un “período de gracia” de diez años para cumplir con las leyes ambientales. La Resolución 139 de 2004 extendió esas flexibilidades, permitiendo operar bajo estándares más laxos. Aunque Sherritt reporta en sus documentos de sostenibilidad acciones de rehabilitación de tierras, gestión de relaves y cumplimiento de estándares ESG, la percepción local y las evidencias independientes muestran un impacto persistente sobre la salud pública y el ecosistema.
En 2025, picos de contaminación generaron numerosas quejas ciudadanas. Incluso periodistas oficiales cubanos llegaron a exigir explicaciones a Cubaníquel.
Sherritt enfrenta además desafíos operativos recientes: suspensiones por falta de combustible en 2026, deudas cubanas y bajos precios internacionales del níquel. La empresa destaca que la JV tiene una vida útil estimada de 25 años y produce minerales competitivos para baterías. En 2025 reportó pérdidas ajustadas. Quizás por ello intenta ahora reducir el peso de su presencia en Cuba, históricamente uno de sus principales activos.
La compañía también opera en el sector energético a través de Energas y negocia planes de pago de deudas con el régimen.
Sherritt se presenta como líder en hidrometalurgia y comprometida con la sostenibilidad. Sus reportes enfatizan cumplimiento normativo y ausencia de trabajo forzado detectado. Pero los testimonios de víctimas, la documentación de Cuba Archive y la evidencia ambiental sugieren que operar en Cuba implica aceptar —o al menos convivir con— un sistema que prioriza el control estatal sobre los derechos laborales y la protección ambiental.
Mientras el mundo demanda níquel y cobalto para vehículos eléctricos, Moa continúa produciendo. La pregunta pendiente es a qué costo humano y ambiental. Los ex trabajadores que hablaron con CBC y Cuba Archive esperan que sus voces impulsen investigaciones independientes, mayor transparencia y, eventualmente, justicia para quienes se sienten explotados en nombre del desarrollo.