Mientras el régimen afirma representar a todos los trabajadores, la OIT recuerda que la libertad sindical exige crear organizaciones independientes.
La Habana (Sindical Press) – La intervención de Rebeca Hernández Toledano, como jefa de la delegación cubana en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2026, volvió a apoyarse en argumentos conocidos: defensa de los logros sociales del régimen, condena al embargo estadounidense, “protección del empleo”, educación universal y acceso gratuito a la salud. Desde su perspectiva, el régimen presenta su modelo laboral como una alternativa basada en la justicia social, la solidaridad y la protección de los trabajadores.
Pero, como escribió Cervantes y Saavedra: “espera sábado que llegue el domingo”.
Existe una contradicción persistente entre ese discurso y las observaciones formuladas por los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La discrepancia no gira en torno a los derechos sociales, que ya se sabe que en Cuba no existen. Gira alrededor de los derechos fundamentales de libertad sindical y representación autónoma de los trabajadores.
Hernández Toledano fue enviada como apagafuegos, respaldada por su experiencia acumulada. Se le considera una de las diplomáticas más estables y visibles de la representación cubana ante el sistema de Naciones Unidas en Europa en temas multilaterales.
Su papel consiste en desvirtuar la realidad laboral insular bajo el supuesto de la participación de los trabajadores cubanos a través de la estructura sindical de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). Según esta mamarrachada, el sindicato oficial es parte activa de la gestión económica y de la construcción del modelo socialista, representando los intereses de la clase trabajadora.
La OIT ha recibido y examinado durante años denuncias relacionadas con la imposibilidad práctica de constituir sindicatos independientes fuera de la estructura oficial, a partir de las denuncias presentadas por Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. Diversos casos tratados por el Comité de Libertad Sindical de la OIT señalan preocupaciones sobre las restricciones al reconocimiento legal de organizaciones sindicales autónomas, así como sobre actos de presión o represalias contra activistas laborales independientes.
Aquí surge la primera gran contradicción del discurso de Hernández Toledano: mientras el Estado cubano afirma que todos los trabajadores están representados, la OIT insiste en que la libertad sindical implica el derecho de los trabajadores a crear organizaciones de su elección, sin autorización previa y sin interferencia de las autoridades públicas.
La segunda contradicción de “Rebe”, como le dicen sus subordinados desde su época como jefa del Centro Internacional de Prensa adscrito al Minrex, se relaciona con la negociación colectiva.
El discurso oficial presenta los convenios colectivos cubanos como mecanismos de participación obrera. Sin embargo, los órganos de supervisión de la OIT observan que la negociación colectiva pierde parte de su naturaleza cuando empleador, sindicato y Estado forman parte de una misma estructura política y administrativa.
En un sistema donde la inmensa mayoría de los empleadores pertenecen al Estado y donde la principal organización sindical mantiene una estrecha vinculación institucional con el gobierno, resulta difícil hablar de una negociación entre actores plenamente independientes.
Una tercera contradicción es el derecho de huelga. Aunque la legislación y la práctica cubanas privilegian la concertación política y la unidad nacional, la OIT considera históricamente la huelga como una consecuencia legítima de la libertad sindical.
En Cuba, la ausencia de huelgas es presentada por el régimen como muestra de consenso social. Pero, para los observadores internacionales, refleja la inexistencia de mecanismos efectivos para que los trabajadores expresen un desacuerdo colectivo frente al empleador estatal.
Rebeca, durante más de veinte años, ha respondido casi mecánicamente ante cualquier denuncia que la culpa es del “bloqueo” de Estados Unidos. No obstante, la OIT diferencia entre los efectos de las sanciones económicas y el cumplimiento de los convenios relativos a la libertad sindical.
Así, la existencia de presiones externas no elimina la obligación de garantizar derechos laborales fundamentales.
El núcleo del debate, por tanto, no radica en si la dictadura logra avances en la siembra de moringa. La cuestión central es si los trabajadores pueden organizarse libremente, elegir a sus representantes sin intervención estatal, negociar colectivamente desde posiciones autónomas y ejercer mecanismos legítimos de protesta laboral.
La paradoja es evidente. Los comunistas habaneros presentan su modelo como un sistema que actúa en nombre de los trabajadores. No obstante, los principales cuestionamientos de la OIT se refieren precisamente a la capacidad de esos trabajadores para actuar de manera independiente del Estado.
Esa distancia entre representación oficial y autonomía sindical constituye el punto más controversial de la relación entre el régimen y la OIT, y seguirá ocupando un lugar central en los debates internacionales sobre los derechos laborales en nuestra patria.