La protesta sindical autónoma incomoda al poder y arranca concesiones; el reunionismo estatal silencia conflictos y consolida la subordinación laboral.
La Habana (Sindical Press) – Desde finales de 2025 y hasta entrado 2026, en las autopistas de Francia y en los accesos a los puertos belgas, los tractores dibujan una cartografía de la rabia. Esa rabia no surge en abstracto: responde a la caída de ingresos, al aumento de los costos de producción, a regulaciones impuestas sin consenso y a una competencia internacional percibida como desigual.
No es un espectáculo folklórico: es una estrategia deliberada, una lección de presión política aprendida a fuerza de crisis y de elecciones. Allí operan sindicatos agrícolas autónomos como Jeunes Agriculteurs, Coordination Rurale y federaciones locales, entre otros, que compiten por representación. Negocian con el Estado. Y, cuando hace falta, paralizan el flujo de mercancías para que el poder atienda y entienda.
Su arma es visible y ruidosa: cortar rutas, bloquear muelles, llevar la protesta al corazón de la logística y de la política. Generan coste político y económico inmediato; obligan a burócratas y ministros a escuchar y a los parlamentos a moverse. Es la democracia imperfecta en acción: áspera, conflictiva, capaz de corregir por la presión pública.
En La Habana la escena es otra. La Central de Trabajadores de Cuba, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, el sindicato de trabajadores agrícolas y forestales o el sindicato de trabajadores azucareros no son actores que desafían al gobierno; forman parte del entramado institucional del Estado totalitario.
Su función histórica es movilizar, implementar políticas y mantener la subordinación y la humillación laboral y social en un contexto de escasez y sanciones. En Cuba es lo mismo protestar contra un ministro, un funcionario o un director de empresa que enfrentarse a un aparato que controla los canales de representación y comunicación.
Protestar es el delito
La CTC y sus adláteres actúan como controladores y ejecutores. Las vías de protesta autónoma y la pluralidad sindical son inexistentes y, cuando aparecen, son brutalmente reprimidas. Esa represión tiene consecuencias políticas y sociales profundas: limita la capacidad de los trabajadores para ejercer presión pública y reduce los mecanismos de rendición de cuentas.
Por eso, equiparar los modelos de organización de los trabajadores de Europa y Cuba es una simplificación peligrosa. Hay que reconocer la naturaleza del conflicto y que la posibilidad de cambio depende del grado de autonomía sindical.
En Europa, la pluralidad permite que la protesta sea instrumento de negociación; en Cuba, la integración del sindicato al Estado convierte la acción laboral en parte de la gestión gubernamental. Una incomoda al poder; la otra administra, contiene y somete a los trabajadores.
La capacidad de los trabajadores europeos de forzar concesiones puede paralizar cadenas de suministro y polarizar sociedades. Por su parte, la estructura criminal criolla evita los choques de los trabajadores con los empresarios y con el régimen comunista. Esa estructura se sostiene en la captura del sindicalismo, la inexistencia de negociación colectiva real y la criminalización de cualquier conflicto laboral independiente. De esta forma, silencia las demandas legítimas acumuladas, sin cauces visibles.
¿Qué preferimos: la respuesta a las necesidades de los trabajadores disputada en plazas y carreteras, o la articulada en el reunionismo sin salida? No hay neutralidad moral en esa elección: la existencia de canales autónomos de representación es condición para la rendición pública de cuentas y para la protección de los derechos laborales.
La ausencia de conflicto visible no equivale a estabilidad: es acumulación de frustración social y laboral en un sistema que ha clausurado toda vía legítima de presión.
Al final, la tierra y el trabajo no esperan a los teóricos. Los tractores siguen rugiendo en Europa y el reunionismo vacío continúa silenciando el erial sindical insular. La diferencia entre ambos mundos es inmensa; es la diferencia entre la posibilidad de confrontar al poder y la impertinencia de humillarse ante él.
Es una elección que define la capacidad de las sociedades para corregir injusticias, proteger a los vulnerables y garantizar que el trabajo no sea rehén de la política de Estado.