El episodio pone de relieve un problema estructural: pésimos salarios, controles administrativos frágiles y una escasez crónica de productos esenciales.
La Habana (Sindical Press) – El 15 de enero, al mediodía, inspectores de la Empresa de Servicio de Gas Licuado del municipio Playa, junto a oficiales del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI), realizaron una inspección sorpresiva en el punto de venta de gas de Jaimanitas, barrio costero del municipio Playa, en La Habana. Durante el operativo se detectaron presuntas irregularidades en la comercialización de cilindros de gas fuera de los canales oficiales, lo que derivó en la detención de dos trabajadores.
La noticia ha conmovido al pueblo en medio de una crisis de abastecimiento de gas licuado que está afectando a amplias regiones de la isla. La venta del gas doméstico —producto esencial para cocinar ante los prolongados apagones eléctricos— ha experimentado interrupciones en varios territorios. En enero de 2026, la estatal Cubapetróleo (CUPET) suspendió indefinidamente la distribución de gas licuado en Santiago de Cuba y otras provincias orientales, sin que se haya anunciado una fecha clara para la reanudación del servicio. En esas zonas, cientos de miles de familias han visto paralizado el suministro.
En respuesta a este contexto de escasez, recientemente se restableció parcialmente la venta de gas licuado para uso doméstico en las provincias de La Habana, Artemisa y Mayabeque, bajo un esquema de distribución regulada. Según autoridades estatales, la estrategia contempla la entrega diaria de 15 000 cilindros de gas (balitas) entre los puntos de venta habilitados en esos territorios, con prioridad para zonas de alta densidad de población y barrios afectados por cortes eléctricos prolongados.
Este reinicio parcial ocurre en un contexto de restricciones crónicas: la escasez de gas es consecuencia de una crisis energética más amplia que incluye apagones diarios que, en muchos lugares, llegan a superar las 20 horas, y la falta de disponibilidad de combustibles importados que antes suministraban la mayor parte del combustible para la isla.
En el mercado informal, la falta de suministro oficial ha disparado los precios: un cilindro de gas domestico puede costar entre 10 000 y 50 000 pesos cubanos dependiendo del territorio, cantidades que para muchas familias resultan inalcanzables.
La inspección en Jaimanitas se produjo luego de una denuncia publicada en Facebook en la que se acusaba la venta de balas de gas a 30 000 pesos por la “puerta de atrás” del establecimiento. También se señalaba la venta por la libreta de abastecimiento a personas a quienes aún no les correspondía la compra según el cronograma establecido por la empresa, lo cual constituye un incumplimiento administrativo sancionable. En el actual contexto de escasez, cualquier alteración en el orden de distribución genera tensiones inmediatas entre quienes llevan meses aguardando su turno
Los oficiales del DTI detuvieron al administrador, Manuel Rivas, y al empleado Carlos Vives, quienes fueron trasladados a una estación policial de la capital. Ambos permanecen incomunicados mientras avanzan las investigaciones. Hasta ahora no se ha ofrecido información oficial detallada sobre los cargos específicos que podrían enfrentar.
La noticia corrió de teléfono en teléfono y fue compartida en cientos de grupos de mensajería. Esa viralización, según residentes del barrio, habría precipitado la actuación de las autoridades y de los funcionarios de la empresa de gas licuado de Playa. En las calles de Jaimanitas predominaban la indignación y el asombro: indignación por las tantas horas de madrugada en la cola, por el cansancio acumulado y la incertidumbre constante; y asombro porque el administrador era una figura conocida y popular en la comunidad.
“Manolito era muy querido, todos le rendían. Como se ha vuelto normal la corrupción en este país, aunque algunos veían mal la venta de balitas por fuera, al final todo el mundo trata de salvarse como pueda. Era una manera muy fácil de conseguir mucho dinero. El camión bajó 200 balas y solo se vendieron 130. Imagínate cuánto se buscaron”, dijo Gladys Tejera, mensajera de 78 años que cobra 1.000 pesos por dormir en la cola. Canta para hacer más llevadera la espera y, cuando logra comprar algún día, lleva la bala al cliente en un carricoche, un servicio que se ha vuelto habitual ante la dificultad de muchos ancianos para cargar los cilindros.
Melquides Vega, otro mensajero de avanzada edad que realiza el mismo esfuerzo que Gladys para sobrevivir, aseguró que si el caso no hubiera salido en redes sociales nada habría ocurrido. “Como está la cosa le cogió la confronta, porque ahora sí que la gente está puesta para esto y con Trump pisándole los talones tienen que andar con pie de plomo. Están presos y lo que les va a caer arriba ahora es un San Quintín”, afirmó.
El episodio pone de relieve un problema estructural: la combinación de bajos salarios estatales, controles administrativos frágiles y una escasez crónica de productos esenciales crea incentivos para el desvío y la reventa. Cuando el abastecimiento oficial es insuficiente o irregular, el mercado informal se expande y termina estableciendo precios muy por encima de los ingresos promedio. En ese escenario, tanto quienes desvían recursos como quienes los compran participan en una dinámica de sobrevivencia donde la línea entre necesidad y delito se vuelve cada vez más difusa.
Con la economía en el piso, inflación persistente y una pérdida creciente de credibilidad institucional, situaciones como la ocurrida en este barrio habanero podrían estar repitiéndose en otros territorios del país. Mientras tanto, la población —como sucede en tantos ámbitos de la vida cotidiana en Cuba— continúa cargando con la peor parte: largas esperas, sobreprecios y la incertidumbre permanente de no saber cuándo podrá acceder a un servicio básico indispensable para cocinar y sostener el día a día.