¿Por qué un propietario tiene que vender su propio ganado ilegalmente? Porque ningún productor de carne cubano es realmente propietario.
La Habana (Lucía Alfonso Mirabal / DDC) – Si existía alguna duda de que el excesivo control y los límites que impone el régimen cubano a la propiedad no solo resultan ineficaces para frenar el hurto y el sacrificio ilegal de ganado, sino que terminan por estimularlo e incluso convertir en delincuentes a los productores, el mismo Gobierno se encargó de demostrarlo con un evento reciente.
A finales de agosto, la página de Facebook «Fuerza del Pueblo», un perfil asociado a la Seguridad del Estado cuyas publicaciones buscan limpiar la imagen de las fuerzas del orden, informó que un campesino identificado como Roberto había realizado denuncias falsas a la Policía de supuestos robos de animales y estaba arrepentido.
El objetivo de ese ganadero no había sido cobrar una póliza de seguro, como sucede en otros países, sino evitar una multa de 10.000 pesos cubanos por cada animal que le faltaba, según lo establecido en el Decreto Ley 70/2022.
Esta norma, publicada en la Gaceta Oficial de la República en agosto del año pasado, es una actualización del Decreto 225, que establecía cuantías de las sanciones pecuniarias que «no cumplían los fines para las que están previstas las medidas aprobadas para dinamizar la producción agropecuaria en el país», de acuerdo al nuevo decreto ley.
Entre las contravenciones para las que la norma dispone multas de entre 5.000 y 2.000 pesos por animal están las siguientes: no concurrir ante el Registro Pecuario correspondiente, dentro del término establecido, a actualizar los datos relacionados con el ganado mayor; la tenencia de ganado mayor no declarado, ni oportunamente inscrito en el Registro Pecuario; comprar o recibir ganado mayor por cualquier causa sin la autorización del organismo estatal competente; vender o traspasar ganado mayor sin autorización del organismo estatal competente y, «con la autorización correspondiente para sacrificar ganado mayor cuando fuera necesario», incumplir las normas establecidas para su ejecución y el destino de sus carnes.
En una inspección de la finca del mencionado Roberto, se detectó que esta estaba llena de plantas de marabú (especie invasora) y que no había control sobre los animales. Faltaba otra importante cantidad que el campesino pretendía denunciar como robada.
Es probable que Roberto haya reportado los falsos hurtos para luego sacrificar y consumir o vender en el mercado negro sus animales. Así habían hecho un mes antes productores de Villa Clara, que fueron sancionados por las autoridades provinciales con multas y el decomiso del ganado.
Ese hecho también fue dado a conocer por la página Fuerza del Pueblo, que sostuvo que «si todos los organismos implicados hacen cumplir con rigor lo que dicta este Decreto, estamos seguros de que se va acabar el relajo y el descontrol que tienen muchos delincuentes, y disminuye el delito de hurto y sacrificio de ganado mayor a partir de que cada propietario tendrá que cuidar más a su ganado».
¿Por qué un propietario tiene que vender su propio ganado de manera ilegal? Porque en realidad no es suyo. Ningún ganadero cubano es realmente propietario de sus animales. Lo demuestra el hecho de que necesitan autorización del Estado para vender o sacrificar sus animales.
Solo después de 2021 los productores cubanos pudieron sacrificar el ganado, con vistas al consumo o la comercialización, pero únicamente uno de cada tres animales de crecimiento de su rebaño.
Aquellos que no hayan incrementado su rebaño, pero hayan cumplido con la entrega de carne y leche pueden sacrificar «según la proporción fijada», informó hace dos años el ministro de Agricultura, Ydael Pérez Brito.
Los dueños de reses solo pueden venderle sus producciones de leche al Estado, al precio que el propio Estado determina. Es frecuente que esos productores se quejen de la morosidad del Estado para pagarles. Sin embargo, tienen que cumplir los compromisos que han adquirido con este para tener la posibilidad de sacrificar.
Por otra parte, las dos publicaciones de Fuerza del Pueblo chocan con las frecuentes denuncias de campesinos que han sufrido el robo de sus animales y no han visto interés de la Policía en atrapar a los responsables.
En Pinar del Río, un campesino víctima de un hecho de esta índole relató a la prensa estatal en mayo pasado que la Policía les había dicho a él y a otros miembros de la cooperativa que tenían que «hacerles guardia a los animales», o sea vigilarlos las 24 horas.
Uno de los problemas más graves de estos hechos es que la Policía exige varios testigos para procesar a un ladrón que puede haber sido sorprendido in fraganti. En un reportaje publicado por DIARIO DE CUBA varios campesinos contaron cómo eso dotaba de cierta impunidad a los ladrones.
Por tanto, si un campesino realmente es víctima del robo de sus animales está desprotegido. El ladrón puede quedar impune y a él le toca sufrir la pérdida —en el mejor de los casos— del ganado; en el peor, de la vida, como le sucedió en enero de este año a Yordany Díaz, quien enfrentó a los ladrones que le sustrajeron una vaca y la descuartizaron en el terreno de su propiedad.
Pero el campesino es multado si no cuenta con los recursos para tener su finca en condiciones y controlar el ganado, o si sacrifica una res para su consumo o venta sin pedir autorización.
A ello se suma que el miedo a sufrir robos ha obligado a los productores a cambiar los hábitos de cría. «Al tener que proteger a los animales de los robos, nos vemos obligados a trancarlos. Es importante que las reses estén sueltas en la noche para comer. Así como están parece que los tenemos en un campo de concentración», reconoció en abril el director de Ganadería del Ministerio de la Agricultura, Adrián Gutiérrez Velázquez, entrevistado por el medio estatal Cubadebate.
«Los animales trancados desde las 3:00 o 4:00 de la tarde hasta el otro día se deterioran», añadió. Solo en Villa Clara, la falta de alimentación adecuada provocó la muerte de 22.000 cabezas de ganado en 2022, según las autoridades.
Sin la posibilidad de adquirir el pienso adecuado, porque el Estado no lo produce ni tiene los recursos para importarlo, y obligados a trancar a los animales para evitar robos, es difícil que los productores cubanos puedan incrementar la masa ganadera lo suficiente para cumplir sus compromisos con el Estado y ganarse el derecho de sacrificar su propio ganado para consumir o comercializar.
Al ignorar las dificultades de los campesinos para criar ganado y aprobar una norma que, lejos de liberarlos de trabas, incrementa el control sobre ellos, los legisladores responsables del Decreto Ley 70/2022, crearon las condiciones para que los productores delincan.
Las amenazas de multas excesivas y las restricciones a los derechos que pueden ejercer los ganaderos sobre sus animales atentan también contra uno de los objetivos de la norma: «dinamizar la producción agropecuaria en el país».
La historia ya ha demostrado que las políticas invasivas que violan los derechos legítimos de las personas sobre sus pertenencias no frenan los actos que el régimen convierte en delitos.
En Cuba fue ilegal durante décadas la compraventa de viviendas y la compraventa de vehículos. Para conseguir la legalización de los bienes adquiridos, las personas recurrieron a matrimonios fraudulentos, falsificaciones de documentos y generaron un complejo sistema de corrupción que involucró a funcionarios estatales. Al final, el régimen no tuvo más alternativa que legalizar esos negocios.