Cuando el régimen decide gravar el punto más débil de la cadena castiga la supervivencia económica de los trabajadores cubanos.
La Habana (Sindical Press) – Los productores individuales están atrapados en la telaraña fiscal que el Estado sigue tejiendo sobre la comercialización de alimentos. En esa red no solo caen los campesinos, sino también las cooperativas, las micro, pequeñas y medianas empresas, así como los vendedores que operan en ferias, mercados y unidades de comercio minorista.
La reciente decisión de gravar la venta minorista de bienes agropecuarios se inserta en un esquema de control y recaudación que combina impuestos, precios administrados y comisiones obligatorias. Las administraciones territoriales fijarán ahora precios máximos o concertados para productos con precios centralizados, aplicando el Impuesto sobre las Ventas con una bonificación de hasta el 5 %, mientras que la entidad operadora de las instalaciones retendrá una comisión del 1 % sobre lo recaudado. El resultado es un encarecimiento artificial de la cadena de distribución y una reducción directa de los márgenes de quienes producen y venden.
Este “genial” mecanismo de recaudación encarece la cadena de distribución y reduce el incentivo para producir y vender. Lo ampara la Ley 181 del presupuesto del Estado para 2026. No es una minucia. Es una decisión política para castigar la venta de alimentos, en un país donde más del 80 % de la población vive por debajo del límite de la pobreza, según organizaciones de derechos humanos.
Tal gansada fue aprobada por el parlamento inútil, a propuesta del zocotroco de Vladimir Regueiro, ministro de Finanzas y Precios, quien presentó el proyecto presupuestario detallando cifras de ingresos, gastos y supuestas prioridades sociales para el año en curso.
La Resolución 348/2025 del Ministerio de Finanzas y Precios refuerza ese mismo enfoque. En ella, el mismo seboruco impone un 10 % sobre las ventas minoristas de productos agropecuarios. En la práctica, tal majadería convierte al pequeño productor, al comercializador y al consumidor en víctimas de un Estado depredador.
La “benevolente norma inflacionaria” contempla una exoneración para productos destinados a dietas médicas. Una concesión formal y burlesca, cuando esas dietas no se entregan desde 2021. Esta pecata minuta es anecdótica y revela la desconexión entre la letra de la norma y la realidad insular.
En un contexto de escasez crónica y precios al alza, disfuncionalidad del peso cubano y ascenso del dólar, gravar la comercialización de alimentos es echar gasolina al fuego de la inflación. La medida no solo no resuelve los problemas estructurales de la producción agrícola, sino que añade costos administrativos, comisiones y fricciones que reducirán la oferta. Menos oferta significa precios más altos, y precios más altos significan más hambre.
En las nuevas legislaciones no hay incentivos; hay trabas. No hay política de fomento; hay cargas administrativas que asfixian la iniciativa privada en su forma más elemental: el pequeño vendedor que lleva su cosecha al mercado.
Cuando el Estado decide que la venta de lo producido será gravada en el punto más débil de la cadena, castiga la supervivencia económica de los trabajadores. Y la consecuencia política es previsible. La gente no protesta por ideología cuando tiene hambre: protesta por necesidad. Empujar a la población a esa encrucijada es jugar con fuego. Y como dice un son cubano: “Muchacha, dice tu abuela / no te metas en la cocina / que el que anda con gasolina / no ha de jugar con candela”.
La tensión social que genera la escasez no se resuelve con consignas ni decretos obesocráticos. Se resuelve con políticas que aumenten la inversión y la producción, mejoren la logística, reduzcan la corrupción y permitan que productor, comercializador y cliente conserven una porción justa del precio de venta.
El “Ordeno 181” no construye un capitalismo moderno. Reproduce viejas relaciones económicas, recicladas y presentadas como innovación. Se privatizan espacios de facto sin crear mercados competitivos ni reglas claras; se mantienen redes clientelares y se añaden impuestos que solo consolidan privilegios para quienes controlan la distribución. Ese maquillaje no transforma estructuras; las perpetúa.
En fin, el capitalismo decimonónico de Oliver Twist, la novela de Charles Dickens.
La medida revela la incapacidad comunista para diseñar políticas públicas coherentes. Si el objetivo es aumentar la recaudación, se elige el camino más corto y políticamente menos costoso: gravar al eslabón más débil. Si el objetivo fuera aumentar la producción, las medidas serían otras: créditos accesibles, infraestructura de riego, acceso a insumos, mercados transparentes y seguridad jurídica para los pequeños productores. Sin embargo, ningún “Milú de Hergue” encontraría rastro de esas prioridades en la resolución.
La épica revolucionaria a lo prolekult se invoca como coartada. Se apela a la memoria y al sacrificio colectivo para justificar decisiones que, en la práctica, erosionan la confianza. La épica solo tiene sentido cuando hay resultados tangibles que la sostengan. Invocarla ante generaciones que no la vivieron es intentar vender un mito sin comprador. La política exige resultados, no consignas.
El diagnóstico es claro y urgente: la política fiscal aplicada a los alimentos debe eliminarse. No se trata de renunciar a la recaudación, sino de diseñarla con sentido común y visión de futuro. Gravar la venta minorista de productos agropecuarios en un país que sufre escasez es una desfachatez que beneficia a la inflación y a los empoderados del gobierno que, dueños de emprendimientos, lucran con la necesidad del ciudadano.
Si el sistema no corrige su lógica, la conclusión es simple y dura: el modelo ya no sirve. Mantenerlo a costa del hambre y la desesperación es una apuesta irresponsable. La política pública tiene una obligación elemental: garantizar que la gente pueda alimentarse.
Lo demás es retórica.
(N del A): Este texto surge de la reflexión a partir del comentario: “Cuba grava los alimentos en medio de la escasez: la nueva carga tributaria lanza gasolina al fuego”, de Ángel Marcelo Rodríguez Pita.