El incendio que lesionó a seis trabajadores reabre interrogantes sobre infraestructura, prevención y seguridad laboral en actividades de alto riesgo.
Carnegie (Sindical Press) – Aún no han trascendido las causas del incendio ocurrido el 26 de septiembre durante la reparación de una avería en las tuberías de gas en el municipio capitalino Plaza de la Revolución. Según reportes de la prensa oficial, seis trabajadores de la Empresa de Gas Manufacturado (EGM) resultaron afectados y solo dos permanecían bajo supervisión médica, sin peligro para sus vidas.
Es una buena noticia que nadie haya muerto ni sufrido daños físicos de consideración, pero resulta preocupante la posibilidad de que estos accidentes vuelvan a ocurrir y tengan consecuencias mucho más graves.
Nuevas explosiones pudieran producirse a partir del deterioro de una parte de los más de 851 kilómetros de tuberías subterráneas que abastecen de gas a más de 208 000 clientes en ocho municipios de la capital.
No se trata de un problema pasajero ni de fácil solución a corto plazo. La antigüedad de la infraestructura, la falta de inversión y el predominio de soluciones parciales configuran un escenario de máxima tensión.
Una parte considerable de la red conserva tuberías de hierro fundido, instaladas hace décadas, susceptibles de quebrarse debido, entre otros factores, a la corrosión provocada por los altos niveles de humedad en los suelos.
Las roturas y los salideros constituyen un peligro permanente y pueden desencadenar graves accidentes.
Entre los desastres relacionados con fugas y acumulaciones de gas, habría que mencionar la explosión ocurrida en el Hotel Saratoga el 6 de mayo de 2022, con un saldo de 47 personas fallecidas y 52 heridas.
Cinco días después, en la madrugada del 11 de mayo, otra explosión en una vivienda de La Habana Vieja ocasionó severos daños materiales tanto en el inmueble como en propiedades contiguas y dejó tres personas lesionadas.
En febrero de 2023, un escape de gas en el Hotel Caribbean provocó una explosión que dejó una persona herida y obligó a evacuar la instalación.
Si peligrosos son los escapes del gas manufacturado distribuido mediante redes subterráneas, también entrañan graves riesgos los accidentes ocasionados por fugas de gas licuado, que la población recibe en cilindros y cuyos principales componentes, propano y butano, almacenados a presión, pueden provocar incendios y explosiones de gran intensidad.
El mal estado de los cilindros y las válvulas, unido a una manipulación deficiente, aumenta considerablemente las probabilidades de accidentes que pueden causar derrumbes totales o parciales, lesiones graves y muertes.
Una cuestión importante por conocer sobre el percance del pasado fin de semana es si los trabajadores implicados disponían de los Equipos de Protección Personal (EPP) y otros medios establecidos para protegerse del fuego, las explosiones, la asfixia y los impactos mecánicos, y si hacían uso de ellos.
La grave situación económica y las carencias existentes en numerosos centros laborales justifican, como mínimo, preguntar si quienes realizan estas tareas cuentan con todo el equipamiento necesario y si este se encuentra en condiciones adecuadas.
¿Disponen los trabajadores de la EGM de ropa ignífuga y antiestática, calzado de seguridad apropiado, guantes de protección térmica y mecánica, detectores portátiles de gas y herramientas antichispas, entre otros medios indispensables para minimizar los riesgos?
Una encuesta sobre Seguridad y Salud en el Trabajo en Cuba, publicada el 1 de septiembre de 2025 y realizada por la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), en colaboración con la Asociación Cubana de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (ACTAE), reveló que el 52,5 % de los 444 trabajadores encuestados identificó la falta de equipos de protección personal como uno de los principales problemas. El estudio también reflejó preocupación por las extensas jornadas laborales y el mal estado de las herramientas y los medios de trabajo.
Poco más de un año después de la investigación, las dificultades económicas y materiales hacen todavía más pertinente preguntarse hasta qué punto se están cumpliendo las normas de seguridad en actividades de alto riesgo.
La brigada de la EGM fue muy afortunada. Sus integrantes sobrevivieron, pero el episodio vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión que trasciende el suceso: las condiciones en que numerosos trabajadores realizan diariamente labores complejas y peligrosas y si cuentan con la indumentaria y los medios necesarios para salvaguardar sus vidas.
La ausencia o el incumplimiento de protocolos de seguridad puede tener efectos irreversibles. Un ejemplo que merece ser investigado con precisión es el fallecimiento de Keyler Ramos Guerrera, de 18 años, el 24 de septiembre, tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de poda.
El contacto con una línea de alta tensión habría causado su muerte. El joven integraba una brigada de poda contratada por terceros y vinculada a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) “Ramón Balboa”, ubicada en Guayos, municipio de Cabaiguán, provincia de Sancti Spíritus.
Cada accidente debería conducir no solo a determinar responsabilidades concretas, sino también a revisar protocolos, equipamiento, mantenimiento e inversiones.
Cuando la infraestructura envejece y escasean los recursos, relegar la seguridad laboral multiplica los peligros.
El incendio en el municipio Plaza de la Revolución terminó sin víctimas mortales. Los próximos pudieran no tener el mismo desenlace.