Aunque puede compararse con esquemas internacionales, la negociación está bajo estricto control del Estado, sin intervención directa de los equipos.
La Habana (Sindical Press) – Con la aprobación de la Ley 179, el 18 de julio de 2025, y su publicación en la Gaceta Oficial en este 2026, el sistema deportivo cubano se reencuentra con la publicidad y el patrocinio comercial como instrumentos legales de promoción. No se trata de un mercado libre, sino de una apertura cuidadosamente regulada, donde la obesocracia mantiene un control absoluto sobre los recursos y la visibilidad de las marcas y pautas de interés.
Uno de los ejemplos más visibles de esta normativa se observa en los uniformes de los equipos de la Serie Nacional de Béisbol, que, según dicta la norma, podrán llevar logos de patrocinadores por primera vez en décadas.
Esta medida, anunciada por directivos del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), establece límites precisos: solo un tercio del uniforme podrá destinarse a publicidad y toda propuesta de marca debe pasar por la aprobación de las autoridades deportivas controladas por el Partido Comunista y su departamento ideológico, que comanda la ortodoxa Yuniaski Crespo Vaquero.
La decisión tiene un valor simbólico. Desde 1959 no se permitían marcas comerciales en ningún soporte comunicacional deportivo. Es una evidencia de la voluntad del Estado de regular y supervisar cuidadosamente cada paso de esta apertura.
La “Ley del sistema deportivo cubano”, como se le conoce oficialmente, contempla planes de patrocinio estructurados para eventos como la Serie Nacional de Béisbol. Allí, y en todas las series, comisiones y federaciones, Cubadeportes S.A., monopolio estatal vinculado al deporte, diseñó paquetes de patrocinio y publicidad.
Los niveles son Bronce, Plata, Diamante y Oro. Incluyen beneficios como logos en estadios, presencia en transmisiones televisivas, visibilidad en plataformas digitales y acceso a espacios preferenciales durante los juegos. Los montos oscilan entre 24.300 y 140.000 dólares norteamericanos por temporada, según el nivel de patrocinio.
Aunque, festinadamente, puede compararse con esquemas de ligas internacionales, la negociación está bajo estricto control del Estado, sin intervención directa de los equipos, lo que limita la autonomía y la iniciativa privada.
Más allá de uniformes y eventos, la Ley autoriza que las instalaciones deportivas exhiban publicidad y tengan patrocinadores asociados. Esto incluye vallas publicitarias, marcas en tribunas o canchas y espacios visibles durante las competencias.
Como el control del Estado es monopólico, se entiende que, a la actual usanza, los recursos recaudados irán a él, y solo migajas al mantenimiento y reparación de estadios y polideportivos, y al pago de los atletas: un alivio miserable para la infraestructura deportiva nacional.
La letra dice que la normativa prevé que el patrocinio cubra actividades logísticas menos visibles pero esenciales, como el transporte de atletas y delegaciones, los implementos deportivos y los programas de federaciones, para permitir asociaciones y lograr un impacto funcional más que publicitario, algo prácticamente imposible de formalizar antes. ¿Cómo será la práctica?
En resumen, la Ley 179/25 establece, por primera vez en este régimen de 67 años, un marco legal para uniformes, eventos, instalaciones y apoyo logístico patrocinado. Pudiera abrir una vía de financiamiento largamente esperada por atletas, ejecutivos y el público. Sin embargo, la casta obesocrática, con su corrupción, mantiene el control absoluto y puede echar a perder la aspiración.
No es un mercado abierto ni una liberalización completa. Es una desregulación que combina innovación con vigilancia, reflejo de un gobierno que busca modernizar el deporte sin perder el control.
En este delicado equilibrio entre apertura y control, la Ley 179/25 ofrece oportunidades inéditas, pero también plantea desafíos: la autonomía de los equipos y atletas, la distribución efectiva de recursos y la capacidad de atraer inversiones sin comprometer la supervisión estatal serán pruebas al tacto para que esta apertura cumpla con su potencial. Sobre estos temas podrán leer en el próximo texto de la serie de cuatro.