Sin transparencia, sin libertad sindical y sin inversión real en seguridad laboral, cada centro laboral es una bomba de tiempo.
(GIRSCC) – El accidente sufrido por el joven operador Carlos Rafael López Ibarra en la termoeléctrica Renté, en Santiago de Cuba, no puede entenderse como un hecho aislado. Con el 89 % de su cuerpo quemado tras el estallido de una tubería de vapor el 31 de agosto, su tragedia encarna el costo humano de un sistema eléctrico en ruinas y de un modelo político que antepone el silencio a la verdad.
El accidente ocurrió durante el arranque de la unidad Nº 5, recién reintegrada al Sistema Eléctrico Nacional después de un largo mantenimiento. Pero ¿qué significa “mantenimiento” en la Cuba actual? De acuerdo a una denuncia anónima difundida en redes sociales, “los propios trabajadores aseguran que los mantenimientos se realizan ‘con nada, absolutamente nada’, exponiendo la vida de quienes mantienen en pie un sistema eléctrico en ruinas”. El testimonio revela lo que los partes oficiales jamás reconocen: la precariedad absoluta con la que se sostienen infraestructuras críticas.
A esa precariedad se suma la censura. Según la misma fuente, el Departamento de Seguridad del Estado habría dado “órdenes de bloquear toda información sobre el accidente y los datos del trabajador”. Esto explicaría la tardanza de la Unión Eléctrica (UNE) en reconocer públicamente lo ocurrido y el vacío informativo que alimentó rumores en redes sociales sobre la supuesta muerte del operario. No es la primera vez que el Estado intenta controlar el relato antes que atender la tragedia.
Pero Renté no es un caso aislado. La Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) acaba de publicar una encuesta nacional sobre seguridad y salud en el trabajo que expone un panorama aún más alarmante: 82 % de los trabajadores nunca recibió capacitación en seguridad laboral, más de la mitad carece de equipos de protección, y 95 % no confía en las instituciones estatales encargadas de protegerlos. El informe habla de un “círculo de vulnerabilidad” donde la precariedad y el abandono son la norma.
La coincidencia entre la encuesta de la ASIC y el accidente de Renté no es fortuita: ambos reflejan la misma realidad. En Cuba, los trabajadores enfrentan condiciones cada vez más riesgosas mientras el aparato estatal reprime, censura y encubre. La visita de autoridades provinciales al hospital y los desmentidos oficiales no disimulan el hecho esencial: la vida de los trabajadores vale menos que la narrativa de estabilidad que intenta vender el gobierno.
Este panorama, además, coloca a Cuba en abierta contradicción con los compromisos internacionales que el propio Estado ha suscrito. El accidente de Renté y la falta de medidas preventivas vulneran el Convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores, ratificado por Cuba, así como el Convenio 187 sobre el marco promocional para la seguridad y la salud en el trabajo, que obliga a los Estados a establecer sistemas eficaces de prevención. La represión contra sindicatos independientes y el silenciamiento de información sobre riesgos laborales también violan el Convenio 87 sobre libertad sindical y el Convenio 98 sobre negociación colectiva, pilares de cualquier política seria de protección laboral.
Renté es hoy un símbolo de la doble tragedia cubana: la del trabajador que se juega la vida en condiciones infrahumanas, y la de un país sometido a un sistema que niega la verdad y bloquea cualquier fiscalización independiente. Sin transparencia, sin libertad sindical y sin inversión real en seguridad laboral, cada centro laboral es una bomba de tiempo. Y cada silencio oficial es otra chispa que alimenta el incendio.
Documento: Encuesta: Seguridad y Salud en el Trabajo en Cuba