El aniversario de ANIR expone un sistema colapsado donde innovadores sostienen servicios esenciales sin remuneración y reciben menosprecio institucional permanente.
Pittsburgh (Sindical Press) – En abril de 2026 se cumplirá el 50 aniversario de la creación de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), una entidad surgida tras la estampida hacia Estados Unidos de miles de profesionales en los primeros años de la revolución socialista, sumada a la escasez de piezas de repuesto que acompañó el distanciamiento y posterior ruptura de relaciones entre Cuba y su vecino del Norte.
Hoy, con alrededor de 12.000 miembros agrupados en unos 600 comités, la organización enfrenta serios contratiempos, entre ellos la ausencia de remuneración por los aportes realizados en múltiples tareas, muchas de vital importancia para amortiguar los golpes de una crisis que parece no tener fin.
Es cierto que numerosas producciones y servicios continúan funcionando gracias a inventos tan rudimentarios que desafían la lógica, pero que en medio de la miseria más extrema actúan como salvavidas. La labor de estos artífices de lo imposible ayuda a entender por qué el modelo productivo centralizado no ha colapsado por completo.
Son especialistas en parches y remiendos: personas capaces de devolverle la vida a un ómnibus que parecía chatarra o de encontrar nuevas aplicaciones para una vieja empaquetadora en una fábrica de confituras, como ocurrió recientemente en una planta capitalina de galletas.
Resulta vergonzoso que un número significativo de estos trabajadores reciba el menosprecio de las autoridades. Es una evidencia del caos institucional, sin rectificaciones de fondo y con señales claras de que se mantiene una agenda sostenida en la propaganda.
Según declaró el presidente de la ANIR, Lidier Águila Machado, al diario Trabajadores: “Al cierre del 2024, mil 33 entidades habían dejado de remunerar a sus aniristas por el efecto económico de sus inventivas. De esas, un total de 876 todavía no lo hace, pese a que ya se beneficiaron del resultado monetario o social que ellas generaron”. Sus palabras ilustran con precisión la gravedad de la situación.
El reiterado incumplimiento de las disposiciones de la ley 38/1982, que protege, regula y garantiza el derecho a la remuneración de los innovadores, expone un fenómeno que no se limita a este ámbito. El desacato a la legalidad se ha convertido en una práctica generalizada que revela la descomposición del sistema, una dinámica irreversible que incrementa las probabilidades de que el socialismo termine por ahogarse en el mar de incompetencia que él mismo reproduce con notable eficiencia.
A ello se suma el rol de la CTC, que entrega diplomas y homenajes, sin exigir reparaciones concretas. El vacío de representación sindical completa el cuadro de desprotección que enfrentan los miembros de la ANIR.
Los aniristas no deberían hacerse demasiadas ilusiones respecto al cobro por sus servicios. No faltarán justificaciones ni promesas de futuros pagos cuando “mejore la economía”: una expectativa sin sustento frente al protagonismo abrumador de la incertidumbre.